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Mauricio Diaz
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El Ministerio de la Presidencia emitió un comunicado institucional para aclarar las recientes declaraciones de la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, en torno a la propuesta de redistribución de recursos 50-50.
El miércoles, en una entrevista con un medio cruceño, Barrientos había dicho que el 50-50 no significa transferir recursos para que las autonomías dispongan libremente del dinero. “¿Qué piensan los candidatos que es el 50/50? Que nosotros vamos a agarrar y les vamos a decir: toma el 50% de la plata y tú hazte cargo. (Pero) no funciona así, tiene que funcionar el ejercicio de corresponsabilidad”, sostuvo.
Las declaraciones generaron críticas desde distintos sectores políticos, que las interpretaron como una muestra de centralismo en una cartera de Estado vinculada al régimen autonómico. Ante la polémica, la viceministra se retractó este jueves y reconoció que se trató de un error de comunicación.
En el comunicado difundido posteriormente, el Ministerio de la Presidencia señaló que, en el marco del debate nacional sobre el proceso autonómico y la propuesta del 50-50, la autoridad “reconoció que una expresión utilizada constituyó un error de comunicación que no refleja la posición política ni institucional del Gobierno Nacional”.
El Ejecutivo valoró que la viceministra haya asumido públicamente el desacierto y remarcó que el compromiso oficial es avanzar hacia “un modelo autonómico basado en el respeto a las regiones, el diálogo horizontal y la corresponsabilidad entre el Estado central, las entidades territoriales autónomas y la ciudadanía”.
Asimismo, el comunicado aclara que el Viceministerio de Autonomías “cumple funciones de coordinación institucional y armonización normativa, no de control político sobre las regiones”. Añade que su rol está orientado a “fortalecer el marco competencial, promover coherencia normativa y facilitar el funcionamiento adecuado del régimen autonómico dentro de la Constitución y las leyes vigentes”.
El Gobierno también ratificó su decisión de trabajar junto a gobernaciones, alcaldías y actores sociales para que el 50-50 “se consolide como una política pública que impulse oportunidades reales para las regiones, construida de manera concertada y con responsabilidad institucional”.
Finalmente, la cartera de Estado exhortó a los actores políticos a contribuir a “un debate democrático serio, evitando interpretaciones que distorsionen el sentido de una discusión necesaria para el país”, y reafirmó su compromiso con “una Bolivia más autónoma, más equitativa y construida con todas y todos”.
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El miércoles, en una entrevista con un medio cruceño, Barrientos había dicho que el 50-50 no significa transferir recursos para que las autonomías dispongan libremente del dinero. “¿Qué piensan los candidatos que es el 50/50? Que nosotros vamos a agarrar y les vamos a decir: toma el 50% de la plata y tú hazte cargo. (Pero) no funciona así, tiene que funcionar el ejercicio de corresponsabilidad”, sostuvo.
Gobierno
Las declaraciones generaron críticas desde distintos sectores políticos, que las interpretaron como una muestra de centralismo en una cartera de Estado vinculada al régimen autonómico. Ante la polémica, la viceministra se retractó este jueves y reconoció que se trató de un error de comunicación.
En el comunicado difundido posteriormente, el Ministerio de la Presidencia señaló que, en el marco del debate nacional sobre el proceso autonómico y la propuesta del 50-50, la autoridad “reconoció que una expresión utilizada constituyó un error de comunicación que no refleja la posición política ni institucional del Gobierno Nacional”.
Andrea Barrientos
El Ejecutivo valoró que la viceministra haya asumido públicamente el desacierto y remarcó que el compromiso oficial es avanzar hacia “un modelo autonómico basado en el respeto a las regiones, el diálogo horizontal y la corresponsabilidad entre el Estado central, las entidades territoriales autónomas y la ciudadanía”.
Asimismo, el comunicado aclara que el Viceministerio de Autonomías “cumple funciones de coordinación institucional y armonización normativa, no de control político sobre las regiones”. Añade que su rol está orientado a “fortalecer el marco competencial, promover coherencia normativa y facilitar el funcionamiento adecuado del régimen autonómico dentro de la Constitución y las leyes vigentes”.
Autonomías
El Gobierno también ratificó su decisión de trabajar junto a gobernaciones, alcaldías y actores sociales para que el 50-50 “se consolide como una política pública que impulse oportunidades reales para las regiones, construida de manera concertada y con responsabilidad institucional”.
Finalmente, la cartera de Estado exhortó a los actores políticos a contribuir a “un debate democrático serio, evitando interpretaciones que distorsionen el sentido de una discusión necesaria para el país”, y reafirmó su compromiso con “una Bolivia más autónoma, más equitativa y construida con todas y todos”.
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