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Ana Lucía Freire
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La gestión de las carreteras en Guayas se ha convertido en el centro de una profunda confrontación entre el Gobierno Nacional y la Prefectura. Este lunes 16 de marzo, la tensión alcanzó su punto máximo con la terminación unilateral del convenio para el Quinto Puente y un cruce de posturas sobre la transparencia de las concesiones viales que se extienden hasta el año 2054.
El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) oficializó el retiro de la delegación a la Prefectura para los tramos 4 y 5 del acceso al Quinto Puente, alegando “ineficiencia y abandono”. El ministro Roberto Luque señaló que, pese a los anuncios en redes sociales, los informes técnicos no muestran avances reales.
Por su parte, Marcela Aguiñaga calificó la decisión de “política y electorera”, atribuyendo los retrasos (con avances del 23% y 27%) a la falta de desembolsos del Estado. “Deseo que el MIT pueda concluir esta obra en beneficio de los guayasenses”, señaló tras la ruptura del acuerdo.
El ministro Luque cuestionó que la Prefectura renovara contratos por tres décadas adicionales sin la validación del ente rector, alertando sobre un compromiso financiero de 516 millones de dólares que afectaría a las próximas siete administraciones.
Sin embargo, Aguiñaga defendió la prórroga de los contratos con Conorte y Concegua como una medida de responsabilidad:
Aguiñaga fue enfática al señalar que estas concesiones no le cuestan al Estado: “Esto es plata de los guayasenses”, dijo, contrastando su gestión con el estado de las vías bajo administración directa del Gobierno, como la Juján-Buena Fe.
Mientras el Ejecutivo advierte que se está “pateando la deuda hacia adelante“, la Prefectura sostiene que la alternativa era un impacto económico insostenible. La disputa deja en evidencia una fractura en el modelo de descentralización vial del país.
Información externa Provincia del Guayas
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El fin del convenio del Quinto Puente
El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) oficializó el retiro de la delegación a la Prefectura para los tramos 4 y 5 del acceso al Quinto Puente, alegando “ineficiencia y abandono”. El ministro Roberto Luque señaló que, pese a los anuncios en redes sociales, los informes técnicos no muestran avances reales.
Por su parte, Marcela Aguiñaga calificó la decisión de “política y electorera”, atribuyendo los retrasos (con avances del 23% y 27%) a la falta de desembolsos del Estado. “Deseo que el MIT pueda concluir esta obra en beneficio de los guayasenses”, señaló tras la ruptura del acuerdo.
El debate de los 30 años: ¿Deuda heredada o beneficio provincial?
El ministro Luque cuestionó que la Prefectura renovara contratos por tres décadas adicionales sin la validación del ente rector, alertando sobre un compromiso financiero de 516 millones de dólares que afectaría a las próximas siete administraciones.
Sin embargo, Aguiñaga defendió la prórroga de los contratos con Conorte y Concegua como una medida de responsabilidad:
- Estabilidad de tarifas: Sostuvo que la medida evitó un alza inmediata del peaje, que se mantiene en USD 1. Además, aseguró que se redujo la pretensión inicial de los concesionarios de USD 940 millones a USD 516 millones, logrando un ahorro de USD 172 millones.
- Inversión y obras: El acuerdo incluye una inyección de USD 110 millones en capitales privados para ampliar vías críticas como Durán-Juján y Churute-Naranjal.
- Nuevos Ingresos: Por primera vez, la Prefectura recibirá ingresos de las 11 estaciones de peaje de la provincia.
‘Plata de los guayasenses’
Aguiñaga fue enfática al señalar que estas concesiones no le cuestan al Estado: “Esto es plata de los guayasenses”, dijo, contrastando su gestión con el estado de las vías bajo administración directa del Gobierno, como la Juján-Buena Fe.
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Mientras el Ejecutivo advierte que se está “pateando la deuda hacia adelante“, la Prefectura sostiene que la alternativa era un impacto económico insostenible. La disputa deja en evidencia una fractura en el modelo de descentralización vial del país.
Información externa Provincia del Guayas
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