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Mario Bermúdez Vives
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Las alcaldías que se desgajaron de los partidos políticos que los llevaron a dirigir los gobiernos locales en 84 cantones del país en el 2024, se perfilan como la tercera fuerza en este renglón que le permitirá al oficialismo tener músculo municipal para las elecciones del domingo.
Queda por verse si recibir el endoso de 14 alcaldías, solo por debajo de las 26 del Partido Liberación Nacional (PLN) y las 17 del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), los principales exponentes del renglón de organización territorial, que deberá ponerse a prueba en esta elección presidencial.
Es un desafío en doble dirección, para un oficialismo que no ha tenido organización cantonal en regla -de hecho, enfrentó un desastre en el 2024- y para las agrupaciones de la oposición que enfrentan un desgaste desde las últimas elecciones regionales.
En esas elecciones municipales del 2024, el PLN, a pesar de una reducción de su vigor en este terreno con respecto al 2020 (había logrado el 52% de las alcaldías), se mantuvo como la principal fuerza a nivel cantonal, con 29 alcaldías ganadas, un 34,5% del total.
Lo siguió el PUSC, con 20 victorias en alcaldías, para un 24% del total, y el despunte de Unidos Podemos (UP), de la ministra de la Presidencia de Rodrigo Chaves, Natalia Díaz, con 9 alcaldías, para un 10% del total. Empero, el oficialismo de pura cepa no logró hacerse visible, con los conflictos entre un Progreso Social Democrático (PSD) que aunque logró 2 alcaldías, había sido abandonado por el movimiento del presidente Rodrigo Chaves.
Heredar el estandarte del oficialismo se disputó entre el Partido Pueblo Soberano (PPSO) y Aquí Costa Rica Manda (ACRM), que por problemas en la inscripción de listas no lograron trascender y se quedaron con las manos vacías.
Pero para el 2026, el oficialismo ha logrado el apoyo de 14 alcaldes, sin haber emitido un solo voto para ellas. Se trata de los casos de transfuguismo que se presentaron del 2024 al 2025, en el que 14 alcaldes renegaron de su partido. Fueron 3 casos del PLN (Acosta, Buenos Aires y Río Cuarto), 3 del PUSC (San Ramón, Guatuso y Coto Brus), 3 de UP (Cantón central de Limón, Turrubares y Grecia), los dos de PSD (Atenas y Carrillo), y uno del Partido Liberal Progresista (PLP, Bagaces), uno de Republicano Social Cristiana (RSC, Monteverde) y uno de Justicia Social Costarricense (JSC, Guácimo).
Se trató de movimientos desde Zapote que inicialmente se enmarcaban en la estrategia de impulsar una votación directa de la Ley Jaguar, iniciativa que naufragó a finales del 2024, por lo que la caza de gobiernos locales posteriormente evolucionó a reforzar la imagen del Gobierno: los alcaldes dimitentes se quejaban de que la estructura partidista no los estaba respaldando a nivel local; y segundo, resaltaban que el Gobierno los estaba apoyando con obras. De hecho, varias de las adhesiones al chavismo se presentaron en la entrega de obras, con la presencia del presidente Rodrigo Chaves.
De esta manera, el PLN bajó a un 31% de las alcaldías bajo su control, lo que representa su nivel más bajo desde que se realizan estas elecciones (obtuvo un 33% en el 2002). Sin embargo, se mantiene todavía como la principal fuerza en este nivel.
El PUSC también bajó a un 20%, lo que lo mantiene en el segundo lugar. Debe recordarse que, sin embargo, todavía se trata de un resultado por encima de los porcentajes que obtuvo en las cuatro anteriores elecciones municipales (del 2006 al 2020), en las que no superaba este 20%.
Con respecto al mapa provincial, el chavismo se nutrió principalmente de alcaldías en Alajuela, donde obtuvo el respaldo de cinco alcaldes. Posteriormente, capturó tres en Puntarenas, dos en San José, Guanacaste y Limón. No logró atraer alcaldes de Cartago ni de Heredia.
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