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Ignacio Ortiz Salas
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Familiares de personas privadas de libertad denunciaron que la mañana de este 1.º de febrero se les negó el ingreso a varios centros penitenciarios para cumplir sus funciones como fiscales electorales, pese a estar debidamente acreditados ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Según consta en una denuncia de la que UNIVERSIDAD tiene copia que indica que a “fiscales generales indican que no los dejan ingresar al centro a fiscalizar por tener familiares adentro”.
Una de las denunciantes, quien solicitó anonimato, relató que alrededor de las 9 a. m. se presentaron en distintos centros —entre ellos el Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, el CAI Terrazas y el CAI Luis Paulino Mora Mora— con el objetivo de realizar labores de fiscalización durante el proceso electoral. Según explicó, en el CAI Jorge Arturo Montero se habían habilitado varias mesas de votación. “Nos dejaron esperando un gran rato y luego nos mandaron con una custodia para hacer todo el proceso de revisión”.
La denunciante aseguró que cumplieron con los protocolos establecidos por la administración penitenciaria. “No llevábamos celulares ni nada electrónico porque sabemos que esas son las reglas en los centros penales. Respetamos la normativa y llevábamos nuestros carnés de fiscalización y el brazalete”. Sin embargo, cuando se encontraban en la etapa final del control de ingreso, un jefe de seguridad se presentó en el lugar y les comunicó que no podrían continuar con el proceso. “Nos indicó que por radio les acababan de dar la orden de que no podíamos fiscalizar ningún centro penal por tener familiares privados de libertad”.
De acuerdo con su testimonio, los funcionarios penitenciarios atribuyeron la restricción al TSE. No obstante, los familiares realizaron la consulta directamente ante el órgano electoral, el cual negó haber girado esa instrucción y les indicó que, al estar acreditados como fiscales generales, tenían plena potestad para ingresar a los centros penitenciarios y ejercer labores de fiscalización.
La denunciante explicó que, en la práctica, la fiscalización en centros penales suele recaer en familiares de personas privadas de libertad. “Otros fiscales no quieren ir a fiscalizar los centros por la logística que existe: los procesos de revisión y no poder ingresar con el celular. La gente prefiere fiscalizar escuelas”. Añadió que realizaron las capacitaciones requeridas y se inscribieron con anticipación para cumplir esta función.
Según indicó, la intención de fiscalizar responde a preocupaciones sobre el ejercicio efectivo del derecho al voto dentro del sistema penitenciario. “No siempre los sacan a todos a votar, sacan a muy poquitos, y el personal no es suficiente”. También señaló que el ingreso y salida de oficiales para que estos ejerzan el voto ralentiza los procesos. “Tenemos varios reportes donde nos indican que no los están sacando a votar, que todo está muy lento, pero no podemos ver exactamente qué está pasando en esos centros”.
Problemas en centros penitenciarios
Estas denuncias se dan en un contexto en el que recientemente el TSE declaró con lugar y resolvió 15 amparos electorales relacionados con personas privadas de libertad que denunciaron obstáculos para ejercer el sufragio, algunos de ellos interpuestos por grupos de hasta 50 personas. Desde el pasado 12 de enero trascendió que privados de libertad, particularmente en el CAI Jorge Arturo Montero, habían alertado sobre supuestas irregularidades que les impedirían votar, lo que motivó una investigación por parte de la Inspección Electoral del TSE.
En conferencia de prensa realizada esta semana, la magistrada presidenta del TSE, Eugenia Zamora, informó que una de las principales problemáticas detectadas fue la falta de cédula de identidad en aproximadamente 2.000 personas privadas de libertad en condición de Alta Contención. Ante la cercanía de la jornada electoral, el Tribunal y el Registro Civil acordaron la reimpresión de estos documentos para garantizar el derecho al voto. “Las resoluciones del Tribunal han garantizado y reiterado el derecho de las personas privadas de libertad de ejercer el sufragio”, señaló Zamora, quien recordó que solo una sentencia penal que incluya expresamente la inhabilitación de derechos políticos puede limitar ese derecho.
Como parte de las medidas adoptadas, la administración penitenciaria remitió al Registro Civil el listado de personas en esa condición y se coordinaron capacitaciones, junto con el Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED), para facilitar el acceso a información sobre candidaturas y programas de gobierno dentro de los centros penitenciarios.
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