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Orlando Silva
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El fiscal general del Estado subrogante, Leonardo Alarcón, se pronunció este martes 30 de diciembre de 2025 en una entrevista en Radio Sucesos sobre las circunstancias de su designación, los cuestionamientos a su independencia, y el estado de varios procesos de alto perfil que maneja la Fiscalía, entre ellos los casos Triple A, Nene, Sinohydro y la investigación contra la excomandante general de la Policía, Tannya Varela.
Durante el diálogo, Alarcón explicó el procedimiento mediante el cual asumió el cargo, respondió a los cuestionamientos por su cercanía institucional con el Consejo de la Judicatura y defendió la actuación del Ministerio Público en causas vinculadas con presuntos delitos de corrupción, lavado de activos y delincuencia organizada.
Alarcón explicó que su designación se produjo luego de una consulta elevada por el entonces fiscal general subrogante, Wilson Toainga, a la Procuraduría General del Estado, sobre qué debía ocurrir en caso de ausencia o salida del cargo.
Según relató, la Procuraduría respondió señalando que el reemplazo debía ser una persona de carrera, con experiencia dentro de la Fiscalía. Ese criterio fue remitido al Consejo de la Judicatura, que, con el voto de sus cinco integrantes, resolvió designarlo como fiscal general encargado.
El funcionario indicó que hasta ese momento se desempeñaba como fiscal general subrogante de Toainga y que, tras la renuncia de este último, asumió formalmente el cargo de fiscal general encargado.
Alarcón recordó que trabajó durante seis años en la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, lo que, según señaló, le permitió adquirir experiencia en el manejo de causas complejas dentro de la Fiscalía.
Frente a los cuestionamientos sobre una supuesta falta de independencia y una presunta cercanía con el Ejecutivo, el fiscal subrogante afirmó que la Fiscalía no persigue personas, sino delitos.
Sostuvo que los casos que ha conocido, incluidos aquellos que involucran a personas cercanas al poder político, se han tramitado conforme a la ley y han superado los filtros procesales establecidos.
Indicó que la Fiscalía actúa con objetividad y lealtad procesal, y que los jueces son quienes determinan si los procesos avanzan o no a juicio, en función de los elementos presentados.
Durante la entrevista, el fiscal general subrogante también se refirió al escándalo que involucra al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y a las presuntas presiones ejercidas sobre jueces en un caso vinculado a delincuencia organizada.
Alarcón indicó que la denuncia relacionada con estos hechos fue presentada por el propio Consejo de la Judicatura y que actualmente se encuentra en manos de un fiscal de primer nivel. Precisó que se trata de una investigación reservada y que, por esa razón, no puede adelantar detalles sobre las diligencias que se están ejecutando.
En ese contexto, rechazó que exista cualquier tipo de interferencia desde la Fiscalía General del Estado y aseguró que no interviene en decisiones de otros fiscales. Señaló que cada investigación se tramita de manera autónoma y conforme a la ley.
Sobre el caso Triple A, Alarcón señaló que se trata de un proceso sólido que ya superó las etapas de investigación previa e instrucción fiscal, y que actualmente se encuentra en etapa de juicio.
Explicó que, durante la audiencia preparatoria, solo una de las defensas planteó una supuesta nulidad, mientras que el resto no presentó objeciones, lo que, a su criterio, evidencia que la Fiscalía actuó conforme a derecho.
Añadió que, de no haber existido elementos de convicción suficientes, el juez de garantías penales no habría dado paso a la etapa de juzgamiento.
Respecto a los señalamientos sobre una supuesta persecución política, el fiscal sostuvo que el proceso se sustenta en elementos técnicos y probatorios, y que corresponde al tribunal determinar responsabilidades.
Al referirse al denominado caso Nene, Alarcón explicó que el proceso también superó las etapas previas y que la Fiscalía presentó los elementos necesarios ante el juez.
Indicó que la audiencia de juicio fue declarada nula debido a que el procesado se encontraba sin abogado defensor, decisión que, aunque respetó, no compartió.
Ante esa situación, señaló que la Fiscalía apeló y que la Corte Provincial de Justicia aceptó el recurso, disponiendo que el proceso continúe desde el punto en que fue interrumpido.
Aclaró que el caso no responde a motivaciones políticas y que sigue su curso conforme a derecho.
Consultado sobre las denuncias relacionadas con presuntas presiones a jueces, Alarcón indicó que la Fiscalía recibió una denuncia por parte del Consejo de la Judicatura y que esta se encuentra en investigación por un fiscal de primer nivel.
Precisó que se trata de una investigación reservada y que él no interviene directamente en ese proceso.
En ese contexto, rechazó que haya solicitado la suspensión del juez Cristian Fierro por razones ajenas a la ley y explicó que su actuación se basó en informes remitidos por un fiscal de primer nivel, en los que se advertían presuntas irregularidades procesales.
Detalló que, entre otros aspectos, se evidenciaron demoras injustificadas en el trámite del caso Triple A y actuaciones que, según señaló, vulnerarían el principio de celeridad procesal.
Añadió que, conforme a sus atribuciones, remitió la información al Consejo de la Judicatura, que fue la entidad que resolvió la suspensión del juez.
Sobre la investigación que involucra a la excomandante general de la Policía, Tania Varela, el fiscal indicó que se trata de un proceso por el presunto delito de circulación de información reservada.
Explicó que, según la investigación, se habría difundido información protegida por la ley y que, por ello, tres personas fueron procesadas.
Añadió que la Fiscalía solicitó prisión preventiva, pero que la jueza a cargo dispuso medidas sustitutivas, como prohibición de salida del país y presentación periódica.
En relación con el caso Sinohydro, Alarcón recordó que 21 personas fueron llamadas a juicio por el presunto delito de cohecho, tras una investigación iniciada en administraciones anteriores.
Indicó que el perjuicio económico al Estado se estimó en aproximadamente 75 millones de dólares y que el proceso se encuentra en etapa de juzgamiento.
También precisó que tres personas fueron sobreseídas, decisión que fue apelada por la Fiscalía.
Finalmente, el fiscal explicó que en el caso Triple A se investiga el desvío de combustible subsidiado, que habría sido comercializado en segmentos distintos a los autorizados.
Indicó que la Fiscalía sostiene que existió una estructura que permitió el desvío del combustible y que, en ese contexto, el representante legal de la empresa distribuidora tenía conocimiento de las operaciones.
Aclaró que, conforme a la ley, el delito de cohecho puede involucrar tanto a funcionarios públicos como a particulares, en calidad de autores o cómplices, dependiendo de su participación.
Información extra: Fiscalía General del Estado
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La designación como fiscal general subrogante
Durante el diálogo, Alarcón explicó el procedimiento mediante el cual asumió el cargo, respondió a los cuestionamientos por su cercanía institucional con el Consejo de la Judicatura y defendió la actuación del Ministerio Público en causas vinculadas con presuntos delitos de corrupción, lavado de activos y delincuencia organizada.
Alarcón explicó que su designación se produjo luego de una consulta elevada por el entonces fiscal general subrogante, Wilson Toainga, a la Procuraduría General del Estado, sobre qué debía ocurrir en caso de ausencia o salida del cargo.
Según relató, la Procuraduría respondió señalando que el reemplazo debía ser una persona de carrera, con experiencia dentro de la Fiscalía. Ese criterio fue remitido al Consejo de la Judicatura, que, con el voto de sus cinco integrantes, resolvió designarlo como fiscal general encargado.
El funcionario indicó que hasta ese momento se desempeñaba como fiscal general subrogante de Toainga y que, tras la renuncia de este último, asumió formalmente el cargo de fiscal general encargado.
Alarcón recordó que trabajó durante seis años en la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, lo que, según señaló, le permitió adquirir experiencia en el manejo de causas complejas dentro de la Fiscalía.
Respuesta a las críticas por supuesta cercanía con el Ejecutivo
Frente a los cuestionamientos sobre una supuesta falta de independencia y una presunta cercanía con el Ejecutivo, el fiscal subrogante afirmó que la Fiscalía no persigue personas, sino delitos.
Sostuvo que los casos que ha conocido, incluidos aquellos que involucran a personas cercanas al poder político, se han tramitado conforme a la ley y han superado los filtros procesales establecidos.
Indicó que la Fiscalía actúa con objetividad y lealtad procesal, y que los jueces son quienes determinan si los procesos avanzan o no a juicio, en función de los elementos presentados.
El señalamiento a Mario Godoy y la actuación de la Judicatura
Durante la entrevista, el fiscal general subrogante también se refirió al escándalo que involucra al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y a las presuntas presiones ejercidas sobre jueces en un caso vinculado a delincuencia organizada.
Alarcón indicó que la denuncia relacionada con estos hechos fue presentada por el propio Consejo de la Judicatura y que actualmente se encuentra en manos de un fiscal de primer nivel. Precisó que se trata de una investigación reservada y que, por esa razón, no puede adelantar detalles sobre las diligencias que se están ejecutando.
En ese contexto, rechazó que exista cualquier tipo de interferencia desde la Fiscalía General del Estado y aseguró que no interviene en decisiones de otros fiscales. Señaló que cada investigación se tramita de manera autónoma y conforme a la ley.
El caso Triple A y el avance del proceso
Sobre el caso Triple A, Alarcón señaló que se trata de un proceso sólido que ya superó las etapas de investigación previa e instrucción fiscal, y que actualmente se encuentra en etapa de juicio.
Explicó que, durante la audiencia preparatoria, solo una de las defensas planteó una supuesta nulidad, mientras que el resto no presentó objeciones, lo que, a su criterio, evidencia que la Fiscalía actuó conforme a derecho.
Añadió que, de no haber existido elementos de convicción suficientes, el juez de garantías penales no habría dado paso a la etapa de juzgamiento.
Respecto a los señalamientos sobre una supuesta persecución política, el fiscal sostuvo que el proceso se sustenta en elementos técnicos y probatorios, y que corresponde al tribunal determinar responsabilidades.
El caso Nene y la nulidad de la audiencia
Al referirse al denominado caso Nene, Alarcón explicó que el proceso también superó las etapas previas y que la Fiscalía presentó los elementos necesarios ante el juez.
Indicó que la audiencia de juicio fue declarada nula debido a que el procesado se encontraba sin abogado defensor, decisión que, aunque respetó, no compartió.
Ante esa situación, señaló que la Fiscalía apeló y que la Corte Provincial de Justicia aceptó el recurso, disponiendo que el proceso continúe desde el punto en que fue interrumpido.
Aclaró que el caso no responde a motivaciones políticas y que sigue su curso conforme a derecho.
Investigación por presuntas presiones judiciales
Consultado sobre las denuncias relacionadas con presuntas presiones a jueces, Alarcón indicó que la Fiscalía recibió una denuncia por parte del Consejo de la Judicatura y que esta se encuentra en investigación por un fiscal de primer nivel.
Precisó que se trata de una investigación reservada y que él no interviene directamente en ese proceso.
En ese contexto, rechazó que haya solicitado la suspensión del juez Cristian Fierro por razones ajenas a la ley y explicó que su actuación se basó en informes remitidos por un fiscal de primer nivel, en los que se advertían presuntas irregularidades procesales.
Detalló que, entre otros aspectos, se evidenciaron demoras injustificadas en el trámite del caso Triple A y actuaciones que, según señaló, vulnerarían el principio de celeridad procesal.
Añadió que, conforme a sus atribuciones, remitió la información al Consejo de la Judicatura, que fue la entidad que resolvió la suspensión del juez.
Caso Tannya Varela, una investigación por información reservada
Sobre la investigación que involucra a la excomandante general de la Policía, Tania Varela, el fiscal indicó que se trata de un proceso por el presunto delito de circulación de información reservada.
Explicó que, según la investigación, se habría difundido información protegida por la ley y que, por ello, tres personas fueron procesadas.
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Añadió que la Fiscalía solicitó prisión preventiva, pero que la jueza a cargo dispuso medidas sustitutivas, como prohibición de salida del país y presentación periódica.
Caso Sinohydro y otros procesos
En relación con el caso Sinohydro, Alarcón recordó que 21 personas fueron llamadas a juicio por el presunto delito de cohecho, tras una investigación iniciada en administraciones anteriores.
Indicó que el perjuicio económico al Estado se estimó en aproximadamente 75 millones de dólares y que el proceso se encuentra en etapa de juzgamiento.
También precisó que tres personas fueron sobreseídas, decisión que fue apelada por la Fiscalía.
Sobre el delito de cohecho en el caso Triple A
Finalmente, el fiscal explicó que en el caso Triple A se investiga el desvío de combustible subsidiado, que habría sido comercializado en segmentos distintos a los autorizados.
Indicó que la Fiscalía sostiene que existió una estructura que permitió el desvío del combustible y que, en ese contexto, el representante legal de la empresa distribuidora tenía conocimiento de las operaciones.
Aclaró que, conforme a la ley, el delito de cohecho puede involucrar tanto a funcionarios públicos como a particulares, en calidad de autores o cómplices, dependiendo de su participación.
Información extra: Fiscalía General del Estado
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