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Adair Mendez
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Tras la confirmación del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José a la extradición de Celso Gamboa Sánchez y Edwin Danny López Vega, alias «Pecho e’ Rata» hacia Estados Unidos, el fiscal general de la República, Carlo Díaz, explicó que la resolución valida el análisis jurídico realizado por las autoridades costarricenses y delimita la aplicación de la reforma constitucional que permite la extradición de nacionales en casos de narcotráfico.
Díaz indicó que el fallo responde a una apelación interpuesta por los defensas luego de que un tribunal de primera instancia aprobara la solicitud de extradición. “El día de hoy ya nos están notificando que se aprobó la extradición de dos de las tres personas que estaban en ese mismo proceso”, declaró a UNIVERSIDAD.
El fiscal general detalló que, en el caso la tercera persona vinculada al expediente, Jonathan Alvarez, alias El Profe, el Tribunal resolvió que no procedía la extradición, al considerar que los hechos investigados ocurrieron antes de la entrada en vigencia de la reforma constitucional. Según explicó, esta persona quedará a la orden del Ministerio Público costarricense para continuar con las investigaciones correspondientes.
“Los jueces consideraron que no aplicaba la reforma porque los hechos eran anteriores, por lo que esta persona será investigada en Costa Rica. Incluso ya tenemos otras causas abiertas en su contra”, dijo Díaz.
En relación con Celso Gamboa, el fiscal señaló que no existen impedimentos procesales para su extradición, pese a que había causas penales abiertas en el país. Explicó que el Ministerio Público solicitó la aplicación de criterios de oportunidad en dos procesos pendientes, los cuales fueron aprobados por los tribunales competentes.
“Eso hace que las causas queden suspendidas y que la persona pueda ser extraditada”, explicó el jerarca del Ministerio Público, al referirse a las resoluciones judiciales adoptadas en diciembre y enero.
Díaz también aclaró que la Fiscalía no ha solicitado medidas adicionales dentro del proceso de extradición, al tratarse de un procedimiento con reglas previamente establecidas. Señaló que, una vez analizada la solicitud, corresponde a los tribunales autorizar la detención de las personas requeridas por autoridades extranjeras.
Finalmente, el fiscal general enmarcó el caso dentro de los esfuerzos del país por combatir el crimen organizado y fortalecer la cooperación internacional. “Esta reforma ha sido clave para que el trabajo conjunto con organismos internacionales, particularmente con la DEA, permita obtener resultados concretos en la lucha contra el narcotráfico”, dijo.
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