O
Orlando Silva
Guest
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) activó el concurso para designar al nuevo fiscal general del Estado con la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección el pasado 14 de enero de 2026, tras meses de retraso que mantuvieron a la Fiscalía bajo encargos sucesivos y sin una autoridad titular. El concurso inicia con observaciones técnicas y cuestionamientos al proceso.
Esteban Ron, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional SEK y miembro de la comisión ciudadana de seguimiento al proceso, explicó que el retraso en la designación del fiscal general ocurre en un escenario crítico para el sistema de justicia, con niveles de criminalidad inéditos en el país y una Fiscalía sin liderazgo estable desde la renuncia de Diana Salazar Méndez en abril de 2025.
Ron señaló que la importancia del cargo de fiscal general es transversal, debido a que encabeza la persecución penal y adopta decisiones de alto impacto institucional, razón por la cual varios sectores académicos y de la sociedad civil decidieron organizar un seguimiento permanente al concurso.
Ron indicó que la comisión ciudadana se conformó como una iniciativa nacional impulsada por universidades de Quito y Guayaquil, con apoyo de financiamiento internacional, ante los riesgos recurrentes que enfrentan los concursos administrados por el Cpccs.
Según explicó, el trabajo de este grupo no partió de denuncias de corrupción concretas, sino de un esquema de alertas tempranas —whistleblowing— orientado a advertir anomalías en cada etapa del proceso para prevenir resultados que comprometan la legalidad y legitimidad de la designación.
El decano de la UISEK sostuvo que, aunque el pleno del Cpccs aprobó con cinco votos la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección, existen observaciones técnicas sobre el cumplimiento de requisitos y méritos.
Ron afirmó que, según la revisión realizada por la comisión de seguimiento, 13 de los 20 comisionados, entre principales y suplentes, presentan aspectos cuestionables en materia de admisibilidad o meritocracia.
Ron precisó que, de los delegados de las funciones del Estado, únicamente el representante de la Función de Transparencia cumpliría con todos los requisitos exigidos, mientras que en otros casos se identificaron deficiencias que fueron alertadas oportunamente al Cpccs.
La Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso de Fiscal General señaló que la Comisión Ciudadana de Selección quedó integrada con personas que no cumplieron los requisitos establecidos en el reglamento. Según su informe, dentro de los 30 postulantes ciudadanos sometidos al sorteo, 14 no debieron superar la fase de admisibilidad por incumplir requisitos o encontrarse incursos en prohibiciones.
El pronunciamiento también indicó que, de los 10 delegados de las funciones del Estado, nueve no cumplieron los requisitos mínimos exigidos.
En total, la Comisión Ciudadana de Selección quedó conformada con 13 postulantes que, según la Comisión Cívica, incumplieron las condiciones normativas previstas para este tipo de procesos.
En su comunicado, la Comisión Cívica al Concurso de Fiscal sostuvo que la inobservancia de los requisitos normativos pone en riesgo la legitimidad del proceso de designación del fiscal general y afecta la seguridad jurídica que debe caracterizar este procedimiento. El pronunciamiento advirtió que estas falencias pueden derivar en acciones judiciales que entorpezcan el desarrollo del concurso.
Ante este escenario, la Comisión Cívica exhortó a las autoridades del Cpccs a actuar en estricto apego al marco normativo vigente, con el objetivo de prevenir la judicialización del proceso y garantizar que la designación de la máxima autoridad de la Fiscalía se realice conforme a las reglas establecidas.
El proceso enfrenta una acción de protección presentada por Joselito Argüello, uno de los postulantes, ante una unidad judicial en Guayaquil, con solicitud de medidas cautelares para suspender la posesión de los comisionados.
Ron explicó que el objeto de esta acción no es modificar la conformación de la comisión, sino frenar su posesión mientras se resuelve una presunta vulneración de derechos individuales.
El académico señaló que, sin la posesión de la Comisión Ciudadana de Selección, el concurso no puede avanzar a la fase de convocatoria y postulación, ya que no existe un órgano habilitado para receptar las candidaturas.
Edison Guarango, abogado constitucionalista, explicó que avanzar en el concurso con observaciones técnicas no resueltas puede derivar en nulidades o acciones de protección, dependiendo de si se configuran vulneraciones al debido proceso.
Señaló que, en casos de mera legalidad, los conflictos podrían trasladarse al contencioso administrativo.
Guarango recordó que existen antecedentes en los que la Corte Constitucional intervino frente a incumplimientos del Cpccs, con consecuencias que incluyeron la destitución de consejeros por desacato a sentencias.
Guarango agregó que, si en el desarrollo del concurso se configuran vulneraciones constitucionales y las sentencias que eventualmente se emitan no se cumplen, la situación podría escalar a un conflicto con la Corte Constitucional.
Recordó que ya existen antecedentes en los que el incumplimiento de decisiones constitucionales por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social derivó en la destitución de sus autoridades, lo que, según explicó, constituye un riesgo adicional si el proceso avanza sin corregir las observaciones advertidas.
Ron sostuvo que el Cpccs cuenta con mecanismos legales internos para revisar la resolución que calificó a los comisionados, mediante mociones dentro del pleno.
Explicó que cualquier consejero puede solicitar una revisión sustentada en los informes públicos de la veeduría y de la comisión ciudadana de seguimiento.
El decano indicó que existen dos votos dentro del Cpccs que no respaldaron el informe de conformación de la comisión, lo que permitiría, al menos, abrir un debate formal sobre las observaciones técnicas detectadas.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social informó, mediante un comunicado emitido el 21 de enero de 2026, que el pleno resolvió convocar a comisión general a los integrantes de la Veeduría Ciudadana del concurso para la designación del fiscal general del Estado.
La convocatoria busca que los veedores expongan su análisis sobre la fase de conformación de la Comisión Ciudadana de Selección.
En el mismo documento, el Cpccs dispuso que la veeduría ciudadana dé cumplimiento a la resolución adoptada en el sorteo previo y presente su informe final sobre la etapa de integración de la comisión hasta el 27 de enero de 2026, como parte del seguimiento institucional al proceso.
Ron advirtió que mantener observaciones no resueltas en esta fase inicial puede trasladar riesgos institucionales, jurisdiccionales y sociales a todo el proceso.
Como antecedente, mencionó el caso de Diana Salazar Méndez, quien durante su gestión debió comparecer en múltiples ocasiones ante la Asamblea Nacional para defender su designación, lo que, según Ron, desvió la atención de la labor de persecución penal.
También recordó el caso del exconsejero Albán, destituido tras un juicio político derivado de errores en su proceso de selección, como ejemplo de cómo las fallas iniciales pueden escalar a conflictos políticos posteriores.
Ron expresó que, aunque el Cpccs ha señalado que el calendario ordinario permitiría contar con un fiscal general hacia agosto de 2026, la existencia de acciones de protección en cada fase del concurso podría extender aún más los plazos.
Indicó que la Ley de Garantías Jurisdiccionales no blinda estos procesos frente a demandas constitucionales.
El académico detalló que el concurso contempla al menos seis fases posteriores a la posesión de la comisión, cada una con plazos mínimos, y alertó que apurar etapas sin respetar el reglamento puede generar nulidades adicionales.
Andrés Fantoni, presidente del Cpccs, afirmó en entrevista con Visionarias que el organismo prevé posesionar a la Comisión Ciudadana de Selección una vez superada la medida cautelar vigente.
Señaló que el reglamento actual fija un plazo de cuatro meses para concluir el concurso, con una posible prórroga de dos meses debidamente motivada.
Fantoni indicó que las acciones de protección representan obstáculos jurídicos que pueden congelar los tiempos, aunque expresó la expectativa de que el proceso avance y concluya dentro del plazo máximo de seis meses desde la convocatoria.
Pablo Játiva, abogado y docente de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), sostuvo que un proceso cuestionado desde su fase inicial compromete la legitimidad del futuro fiscal general.
Indicó que la falta de credenciales técnicas de algunos comisionados podría provocar una avalancha de impugnaciones y prolongar indefinidamente la interinidad en la Fiscalía.
Játiva señaló que los pedidos de juicio político contra autoridades del Cpccs podrían activarse si se comprueban interferencias indebidas, aunque advirtió que estos escenarios dependen de correlaciones políticas en la Asamblea Nacional.
El docente añadió que la continuidad de un fiscal general encargado, en medio de un proceso cuestionado desde su fase inicial, profundiza el problema institucional.
El abogado explicó que el país enfrenta un escenario en el que, por un lado, existe un concurso con observaciones que afectan su credibilidad y, por otro, una autoridad fiscal que permanece en funciones sin una designación definitiva, lo que, según dijo, incrementa la incertidumbre jurídica sobre una de las instituciones clave del sistema de justicia.
Información extra: Fiscal General del Estado
Sigue leyendo...
Más noticias
- Comisión para elegir al nuevo Fiscal General del Estado fue integrada
- Fiscal general subrogante habló sobre Mario Godoy, caso Triple A y otras investigaciones
- Wilson Toainga renunció al cargo de fiscal general del Estado
Un concurso que empieza tras meses de interinidad en la Fiscalía General del Estado
Esteban Ron, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional SEK y miembro de la comisión ciudadana de seguimiento al proceso, explicó que el retraso en la designación del fiscal general ocurre en un escenario crítico para el sistema de justicia, con niveles de criminalidad inéditos en el país y una Fiscalía sin liderazgo estable desde la renuncia de Diana Salazar Méndez en abril de 2025.
Ron señaló que la importancia del cargo de fiscal general es transversal, debido a que encabeza la persecución penal y adopta decisiones de alto impacto institucional, razón por la cual varios sectores académicos y de la sociedad civil decidieron organizar un seguimiento permanente al concurso.
La comisión ciudadana de seguimiento y el sistema de alertas tempranas
Ron indicó que la comisión ciudadana se conformó como una iniciativa nacional impulsada por universidades de Quito y Guayaquil, con apoyo de financiamiento internacional, ante los riesgos recurrentes que enfrentan los concursos administrados por el Cpccs.
Según explicó, el trabajo de este grupo no partió de denuncias de corrupción concretas, sino de un esquema de alertas tempranas —whistleblowing— orientado a advertir anomalías en cada etapa del proceso para prevenir resultados que comprometan la legalidad y legitimidad de la designación.
Observaciones a la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección
El decano de la UISEK sostuvo que, aunque el pleno del Cpccs aprobó con cinco votos la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección, existen observaciones técnicas sobre el cumplimiento de requisitos y méritos.
Ron afirmó que, según la revisión realizada por la comisión de seguimiento, 13 de los 20 comisionados, entre principales y suplentes, presentan aspectos cuestionables en materia de admisibilidad o meritocracia.
Ron precisó que, de los delegados de las funciones del Estado, únicamente el representante de la Función de Transparencia cumpliría con todos los requisitos exigidos, mientras que en otros casos se identificaron deficiencias que fueron alertadas oportunamente al Cpccs.
La Comisión Cívica advierte incumplimientos en requisitos de comisionados
La Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso de Fiscal General señaló que la Comisión Ciudadana de Selección quedó integrada con personas que no cumplieron los requisitos establecidos en el reglamento. Según su informe, dentro de los 30 postulantes ciudadanos sometidos al sorteo, 14 no debieron superar la fase de admisibilidad por incumplir requisitos o encontrarse incursos en prohibiciones.
El pronunciamiento también indicó que, de los 10 delegados de las funciones del Estado, nueve no cumplieron los requisitos mínimos exigidos.
En total, la Comisión Ciudadana de Selección quedó conformada con 13 postulantes que, según la Comisión Cívica, incumplieron las condiciones normativas previstas para este tipo de procesos.
- Lea más: Cpccs alista sorteo para conformar Comisión Ciudadana que elegirá Fiscal General del Estado
Llamado a respetar el marco normativo para evitar judicialización
En su comunicado, la Comisión Cívica al Concurso de Fiscal sostuvo que la inobservancia de los requisitos normativos pone en riesgo la legitimidad del proceso de designación del fiscal general y afecta la seguridad jurídica que debe caracterizar este procedimiento. El pronunciamiento advirtió que estas falencias pueden derivar en acciones judiciales que entorpezcan el desarrollo del concurso.
Ante este escenario, la Comisión Cívica exhortó a las autoridades del Cpccs a actuar en estricto apego al marco normativo vigente, con el objetivo de prevenir la judicialización del proceso y garantizar que la designación de la máxima autoridad de la Fiscalía se realice conforme a las reglas establecidas.
Impugnaciones, acción de protección y efectos inmediatos
El proceso enfrenta una acción de protección presentada por Joselito Argüello, uno de los postulantes, ante una unidad judicial en Guayaquil, con solicitud de medidas cautelares para suspender la posesión de los comisionados.
Ron explicó que el objeto de esta acción no es modificar la conformación de la comisión, sino frenar su posesión mientras se resuelve una presunta vulneración de derechos individuales.
El académico señaló que, sin la posesión de la Comisión Ciudadana de Selección, el concurso no puede avanzar a la fase de convocatoria y postulación, ya que no existe un órgano habilitado para receptar las candidaturas.
Advertencias jurídicas sobre nulidades y control constitucional
Edison Guarango, abogado constitucionalista, explicó que avanzar en el concurso con observaciones técnicas no resueltas puede derivar en nulidades o acciones de protección, dependiendo de si se configuran vulneraciones al debido proceso.
Señaló que, en casos de mera legalidad, los conflictos podrían trasladarse al contencioso administrativo.
Guarango recordó que existen antecedentes en los que la Corte Constitucional intervino frente a incumplimientos del Cpccs, con consecuencias que incluyeron la destitución de consejeros por desacato a sentencias.
Guarango agregó que, si en el desarrollo del concurso se configuran vulneraciones constitucionales y las sentencias que eventualmente se emitan no se cumplen, la situación podría escalar a un conflicto con la Corte Constitucional.
Recordó que ya existen antecedentes en los que el incumplimiento de decisiones constitucionales por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social derivó en la destitución de sus autoridades, lo que, según explicó, constituye un riesgo adicional si el proceso avanza sin corregir las observaciones advertidas.
Posibilidad de revisar o modificar la comisión desde el pleno del Cpccs
Ron sostuvo que el Cpccs cuenta con mecanismos legales internos para revisar la resolución que calificó a los comisionados, mediante mociones dentro del pleno.
Explicó que cualquier consejero puede solicitar una revisión sustentada en los informes públicos de la veeduría y de la comisión ciudadana de seguimiento.
El decano indicó que existen dos votos dentro del Cpccs que no respaldaron el informe de conformación de la comisión, lo que permitiría, al menos, abrir un debate formal sobre las observaciones técnicas detectadas.
El Cpccs convoca a la veeduría ciudadana a comparecer ante el pleno
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social informó, mediante un comunicado emitido el 21 de enero de 2026, que el pleno resolvió convocar a comisión general a los integrantes de la Veeduría Ciudadana del concurso para la designación del fiscal general del Estado.
La convocatoria busca que los veedores expongan su análisis sobre la fase de conformación de la Comisión Ciudadana de Selección.
Los veedores ciudadanos que vigilan el concurso de designación de Fiscal General presentarán su informe ante la ciudadanía.
Aquí te lo contamospic.twitter.com/MBsglWPmUz
— Participa Ecuador (@CpccsEc) January 21, 2026
En el mismo documento, el Cpccs dispuso que la veeduría ciudadana dé cumplimiento a la resolución adoptada en el sorteo previo y presente su informe final sobre la etapa de integración de la comisión hasta el 27 de enero de 2026, como parte del seguimiento institucional al proceso.
Riesgos institucionales y precedentes de judicialización
Ron advirtió que mantener observaciones no resueltas en esta fase inicial puede trasladar riesgos institucionales, jurisdiccionales y sociales a todo el proceso.
- Te puede interesar: Fiscalía recibe ampliación de denuncia contra Mario Godoy por presunta delincuencia organizada
Como antecedente, mencionó el caso de Diana Salazar Méndez, quien durante su gestión debió comparecer en múltiples ocasiones ante la Asamblea Nacional para defender su designación, lo que, según Ron, desvió la atención de la labor de persecución penal.
También recordó el caso del exconsejero Albán, destituido tras un juicio político derivado de errores en su proceso de selección, como ejemplo de cómo las fallas iniciales pueden escalar a conflictos políticos posteriores.
Calendario ajustado y advertencias sobre nuevas acciones judiciales
Ron expresó que, aunque el Cpccs ha señalado que el calendario ordinario permitiría contar con un fiscal general hacia agosto de 2026, la existencia de acciones de protección en cada fase del concurso podría extender aún más los plazos.
Indicó que la Ley de Garantías Jurisdiccionales no blinda estos procesos frente a demandas constitucionales.
El académico detalló que el concurso contempla al menos seis fases posteriores a la posesión de la comisión, cada una con plazos mínimos, y alertó que apurar etapas sin respetar el reglamento puede generar nulidades adicionales.
Conozca la trayectoria de los 10 integranteshttps://t.co/2Bkj9I4UX2#FiscalGeneral#Comisión pic.twitter.com/XOmnWMaBEp
— El Comercio (@elcomerciocom) January 15, 2026
Postura del Cpccs sobre los plazos y la posesión de la comisión
Andrés Fantoni, presidente del Cpccs, afirmó en entrevista con Visionarias que el organismo prevé posesionar a la Comisión Ciudadana de Selección una vez superada la medida cautelar vigente.
Señaló que el reglamento actual fija un plazo de cuatro meses para concluir el concurso, con una posible prórroga de dos meses debidamente motivada.
Fantoni indicó que las acciones de protección representan obstáculos jurídicos que pueden congelar los tiempos, aunque expresó la expectativa de que el proceso avance y concluya dentro del plazo máximo de seis meses desde la convocatoria.
Riesgos de judicialización y control político
Pablo Játiva, abogado y docente de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), sostuvo que un proceso cuestionado desde su fase inicial compromete la legitimidad del futuro fiscal general.
Indicó que la falta de credenciales técnicas de algunos comisionados podría provocar una avalancha de impugnaciones y prolongar indefinidamente la interinidad en la Fiscalía.
Játiva señaló que los pedidos de juicio político contra autoridades del Cpccs podrían activarse si se comprueban interferencias indebidas, aunque advirtió que estos escenarios dependen de correlaciones políticas en la Asamblea Nacional.
El docente añadió que la continuidad de un fiscal general encargado, en medio de un proceso cuestionado desde su fase inicial, profundiza el problema institucional.
El abogado explicó que el país enfrenta un escenario en el que, por un lado, existe un concurso con observaciones que afectan su credibilidad y, por otro, una autoridad fiscal que permanece en funciones sin una designación definitiva, lo que, según dijo, incrementa la incertidumbre jurídica sobre una de las instituciones clave del sistema de justicia.
Información extra: Fiscal General del Estado
Te recomendamos
Sigue leyendo...