Fiscalía procesa a cinco personas por supuesto tráfico de armas vinculado a empresa de alias ‘Marino’

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Orlando Silva

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Cinco personas enfrentan un proceso penal por supuesto tráfico ilícito de armas tras un operativo ejecutado en una vivienda de la ciudadela Kennedy, en el norte de Guayaquil. El inmueble habría funcionado como fachada de una empresa de seguridad privada, según la investigación fiscal.

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Alerta ciudadana permitió intervenir el inmueble​


El operativo comenzó después de una denuncia que señaló que en una vivienda sin rótulos ni señales visibles de actividad comercial se almacenaba armamento de distintos calibres. Policías ingresaron al lugar y encontraron 201 armas de fuego, entre fusiles, pistolas, revólveres y escopetas.

Los agentes también decomisaron cinco teléfonos celulares, tres computadoras portátiles y un CPU. Ninguna persona presentó documentos que acreditaran el porte o tenencia legal del material incautado, ni se identificó como representante o empleado de la presunta empresa.

Juez ordena prisión preventiva para cuatro procesados​


Durante la audiencia de flagrancia y formulación de cargos, Fiscalía presentó el parte policial, versiones de los agentes aprehensores y los elementos asegurados en cadena de custodia.

El juez penal dictó prisión preventiva para Wellington Pedro S. P., Félix Rubén J. J. y los hermanos Stalin Fernando y Mauro Aníbal M. C., quienes fueron trasladados a la Penitenciaría del Litoral.

En el caso de Narcisa M. I., el magistrado ordenó arresto domiciliario tras la entrega de certificados médicos que confirmaron una cirugía reciente.

Armas y vínculo con fachada de seguridad​


Las armas habrían estado relacionadas con una empresa de seguridad privada que estaría ligada con alias ‘Marino’ que operaba sin registro formal en el domicilio.

La investigación preliminar apunta a que el inmueble funcionaba como centro de almacenamiento sin permisos y ajeno a controles legales.

Delito sancionado hasta con diecinueve años​


La instrucción fiscal se desarrollará durante 30 días. Fiscalía procesa el caso con base en el artículo 362 del Código Orgánico Integral Penal, que fija una pena de entre dieciséis y diecinueve años para tráfico ilícito de armas de fuego.

Información extra: Fiscalía General del Estado

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