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Orlando Silva
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El juicio por la supuesta desaparición forzada de cuatro menores en el caso Malvinas entró este lunes 8 de diciembre de 2025 en su tramo final con el inicio de los alegatos de clausura. El Tribunal de Garantías Penales retomó la diligencia una semana después de cerrar la etapa de prueba, tras más de un mes de audios, videos, peritajes y testimonios presentados en sala.
La audiencia se instaló el 5 de noviembre y mantiene a 17 militares como procesados. Las partes presentan ahora sus conclusiones sobre la responsabilidad penal de los uniformados por los hechos del 8 de diciembre de 2024, cuando cuatro niños y adolescentes fueron interceptados por dos patrullas del Ejército en el sector de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.
Las víctimas —Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años— desaparecieron luego de haber sido retenidas.
Testimonios del expediente indican que los menores fueron abandonados, heridos y sin ropa en un camino de Taura, mientras que sus restos se encontraron calcinados el 24 de diciembre de 2024 en un manglar a varios kilómetros del sector.
El fiscal Christian Fárez abrió los alegatos finales. En su exposición señaló que la desaparición forzada es un delito de permanencia y que los procesados informaron a sus superiores dos días después, lo que afectó la búsqueda.
También pidió una pena de 34 años y ocho meses para el suboficial Wilson Alfredo C. B., al considerarlo autor directo del delito y por la concurrencia de agravantes relacionadas con la edad de las víctimas y la participación de varios militares.
El fiscal sostuvo que existió tortura al obligar a los menores a desnudarse y señaló que la evidencia técnica —audios, videos, peritajes y mensajes extraídos de celulares— supera el umbral de duda razonable.
Fiscalía también solicitó una multa de 800 salarios básicos, es decir, 376 000 dólares y una reparación simbólica de 10 000 dólares para las familias, además de medidas de apoyo psicológico y médico.
Las defensas cuestionaron la acusación. El abogado Carlos Manosalvas afirmó que los militares no causaron la muerte de los menores y atribuyó esos hechos a bandas criminales. También dijo que su defendido no participó en agresiones y que se rompió la cadena de custodia en la recolección de prendas.
Otros abogados insistieron en que no existe prueba plena contra sus patrocinados. El defensor del suboficial Wilson Alfredo C. B. pidió excluir evidencia recuperada en Taura, sostuvo que su cliente actuó como subordinado y reclamó su absolución.
La acusación particular planteó que los 17 procesados paguen una reparación de 100 000 dólares cada uno.
Fiscalía añadió pedidos de garantías de no repetición, entre ellos capacitaciones permanentes en derechos humanos dentro de las Fuerzas Armadas y la obligación de remitir información inmediata en casos de desaparición forzada.
Como medida simbólica, la Fiscalía solicitó que el puente a desnivel donde los adolescentes fueron retenidos lleve el nombre “Puente de los Niños de Las Malvinas”, para evitar que el país repita hechos de esta gravedad.
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Un proceso que llega a su fase decisiva en el caso Las Malvinas
La audiencia se instaló el 5 de noviembre y mantiene a 17 militares como procesados. Las partes presentan ahora sus conclusiones sobre la responsabilidad penal de los uniformados por los hechos del 8 de diciembre de 2024, cuando cuatro niños y adolescentes fueron interceptados por dos patrullas del Ejército en el sector de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.
Las víctimas —Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años— desaparecieron luego de haber sido retenidas.
Testimonios del expediente indican que los menores fueron abandonados, heridos y sin ropa en un camino de Taura, mientras que sus restos se encontraron calcinados el 24 de diciembre de 2024 en un manglar a varios kilómetros del sector.
La posición de Fiscalía y el pedido de penas
El fiscal Christian Fárez abrió los alegatos finales. En su exposición señaló que la desaparición forzada es un delito de permanencia y que los procesados informaron a sus superiores dos días después, lo que afectó la búsqueda.
También pidió una pena de 34 años y ocho meses para el suboficial Wilson Alfredo C. B., al considerarlo autor directo del delito y por la concurrencia de agravantes relacionadas con la edad de las víctimas y la participación de varios militares.
El fiscal sostuvo que existió tortura al obligar a los menores a desnudarse y señaló que la evidencia técnica —audios, videos, peritajes y mensajes extraídos de celulares— supera el umbral de duda razonable.
Fiscalía también solicitó una multa de 800 salarios básicos, es decir, 376 000 dólares y una reparación simbólica de 10 000 dólares para las familias, además de medidas de apoyo psicológico y médico.
El enfoque de las defensas y las críticas al proceso
Las defensas cuestionaron la acusación. El abogado Carlos Manosalvas afirmó que los militares no causaron la muerte de los menores y atribuyó esos hechos a bandas criminales. También dijo que su defendido no participó en agresiones y que se rompió la cadena de custodia en la recolección de prendas.
Otros abogados insistieron en que no existe prueba plena contra sus patrocinados. El defensor del suboficial Wilson Alfredo C. B. pidió excluir evidencia recuperada en Taura, sostuvo que su cliente actuó como subordinado y reclamó su absolución.
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Pedidos adicionales de reparación y memoria
La acusación particular planteó que los 17 procesados paguen una reparación de 100 000 dólares cada uno.
Fiscalía añadió pedidos de garantías de no repetición, entre ellos capacitaciones permanentes en derechos humanos dentro de las Fuerzas Armadas y la obligación de remitir información inmediata en casos de desaparición forzada.
Como medida simbólica, la Fiscalía solicitó que el puente a desnivel donde los adolescentes fueron retenidos lleve el nombre “Puente de los Niños de Las Malvinas”, para evitar que el país repita hechos de esta gravedad.
- Información extra: Caso Las Malvinas
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