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Orlando Silva
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La mañana de este lunes 15 de diciembre de 2025, el Tribunal retomó la audiencia por la presunta desaparición forzada de cuatro menores de edad del sector de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil. La jornada abrió con la acusación individualizada contra el teniente coronel Juan Francisco I. M., señalado como presunto cómplice, y continuó con los alegatos finales sobre la responsabilidad del subteniente John Henry Z. E., a quien la Fiscalía identifica como el principal autor del delito.
En la primera intervención del día, el fiscal Christian Fárez imputó al teniente coronel actos que, a su criterio, contribuyeron a la consumación del delito: ocultamiento de información, demora en alertar a las autoridades y manipulación de evidencias, pese a conocer los hechos desde el 10 de diciembre de 2024.
Entre los elementos expuestos, Fiscalía destacó el testimonio de la Unase sobre la entrega de prendas levantadas en Taura sin presencia policial, las declaraciones de militares y cooperadores eficaces sobre órdenes para estructurar versiones y borrar registros, y la omisión en activar protocolos como la Alerta Emilia.
La acusación incluyó la solicitud de siete años y cuatro meses de prisión, una multa de 800 salarios básicos y una reparación simbólica de 10 000 dólares para las familias de las víctimas, además de medidas de no repetición.
El abogado Paúl Ocaña insistió en que su cliente no emitió órdenes irregulares, no tuvo contacto directo con las víctimas y actuó dentro de sus atribuciones como oficial de inteligencia antes de la existencia de una investigación penal.
Sostuvo que la recolección de prendas fue legítima, que hubo colaboración con la Policía Nacional y que los cooperadores incurrieron en contradicciones.
Pidió al Tribunal desestimar la acusación y declarar la inocencia del teniente coronel.
Luego de la exposición sobre la complicidad, la audiencia avanzó con los alegatos vinculados al subteniente John Henry Z. E., jefe de la patrulla de 16 miembros de la FAE que detuvo a los cuatro adolescentes el 8 de diciembre de 2024.
El fiscal Fárez sostuvo que quedó acreditado el dominio del hecho: ordenó desviar a las víctimas hacia una zona rural de Taura, dispuso su traslado “a una poza”, permitió agresiones, disparó a centímetros de la cabeza de uno de los menores y omitió reportar de inmediato el procedimiento.
Por estos hechos, la Fiscalía pidió 34 años y ocho meses de prisión, una multa de 800 salarios básicos y
10 000 dólares de reparación simbólica. La acusación particular planteó una indemnización de 100 000 dólares.
El abogado Jorge Haz argumentó que la Fiscalía interpreta de forma errónea el delito de desaparición forzada y que la figura fue creada para prácticas sistemáticas de represión estatal.
Afirmó que los menores fueron liberados con vida, que se comunicaron con sus familias y que cualquier daño posterior corresponde a la intervención de terceros.
Cuestionó además la credibilidad de los cooperadores y señaló inconsistencias entre dolo directo y omisión dolosa.
La defensora pública Dina Reina, en representación de las familias, sostuvo que el teniente coronel incurrió en inacción determinante al no activar protocolos de búsqueda pese a conocer la situación de riesgo desde el 10 de diciembre de 2024.
Subrayó que su omisión vulneró el interés superior del niño y solicitó una reparación integral ampliada de 100 000 dólares.
La audiencia también incluyó las conclusiones sobre cinco militares que se acogieron a cooperación eficaz. Para ellos, Fiscalía pidió 30 meses de prisión, tras verificar la utilidad de la información y su corroboración con otras pruebas.
Entre los cooperadores se encuentra el sargento Nelson Oswaldo S. Z., señalado como autor directo pese al beneficio procesal. Su testimonio detalló agresiones, disparos intimidatorios, órdenes de traslado y abandono de las víctimas en zona rural.
Fiscalía sostuvo que el delito es permanente, pluriofensivo y agravado por el número de personas involucradas, por el ensañamiento y por la condición de menores de edad.
Los niños y adolescentes Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años, fueron detenidos el 8 de diciembre de 2024 por una patrulla militar tras una alerta por un presunto robo. Sus restos se hallaron calcinados el 24 de diciembre de 2024 en un sector agreste de Taura, a 11 kilómetros del centro poblado.
La semana anterior ya se habían presentado las acusaciones contra 10 de los 17 militares procesados, considerados presuntos autores directos del delito.
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La acusación por complicidad al teniente coronel en el caso Las Malvinas
En la primera intervención del día, el fiscal Christian Fárez imputó al teniente coronel actos que, a su criterio, contribuyeron a la consumación del delito: ocultamiento de información, demora en alertar a las autoridades y manipulación de evidencias, pese a conocer los hechos desde el 10 de diciembre de 2024.
Entre los elementos expuestos, Fiscalía destacó el testimonio de la Unase sobre la entrega de prendas levantadas en Taura sin presencia policial, las declaraciones de militares y cooperadores eficaces sobre órdenes para estructurar versiones y borrar registros, y la omisión en activar protocolos como la Alerta Emilia.
La acusación incluyó la solicitud de siete años y cuatro meses de prisión, una multa de 800 salarios básicos y una reparación simbólica de 10 000 dólares para las familias de las víctimas, además de medidas de no repetición.
La defensa del oficial rechaza el nexo causal
El abogado Paúl Ocaña insistió en que su cliente no emitió órdenes irregulares, no tuvo contacto directo con las víctimas y actuó dentro de sus atribuciones como oficial de inteligencia antes de la existencia de una investigación penal.
Sostuvo que la recolección de prendas fue legítima, que hubo colaboración con la Policía Nacional y que los cooperadores incurrieron en contradicciones.
Pidió al Tribunal desestimar la acusación y declarar la inocencia del teniente coronel.
Alegatos sobre el subteniente considerado el principal responsable
Luego de la exposición sobre la complicidad, la audiencia avanzó con los alegatos vinculados al subteniente John Henry Z. E., jefe de la patrulla de 16 miembros de la FAE que detuvo a los cuatro adolescentes el 8 de diciembre de 2024.
El fiscal Fárez sostuvo que quedó acreditado el dominio del hecho: ordenó desviar a las víctimas hacia una zona rural de Taura, dispuso su traslado “a una poza”, permitió agresiones, disparó a centímetros de la cabeza de uno de los menores y omitió reportar de inmediato el procedimiento.
Por estos hechos, la Fiscalía pidió 34 años y ocho meses de prisión, una multa de 800 salarios básicos y
10 000 dólares de reparación simbólica. La acusación particular planteó una indemnización de 100 000 dólares.
La defensa del subteniente cuestiona la figura penal
El abogado Jorge Haz argumentó que la Fiscalía interpreta de forma errónea el delito de desaparición forzada y que la figura fue creada para prácticas sistemáticas de represión estatal.
Afirmó que los menores fueron liberados con vida, que se comunicaron con sus familias y que cualquier daño posterior corresponde a la intervención de terceros.
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Cuestionó además la credibilidad de los cooperadores y señaló inconsistencias entre dolo directo y omisión dolosa.
Intervenciones de la acusación particular
La defensora pública Dina Reina, en representación de las familias, sostuvo que el teniente coronel incurrió en inacción determinante al no activar protocolos de búsqueda pese a conocer la situación de riesgo desde el 10 de diciembre de 2024.
Subrayó que su omisión vulneró el interés superior del niño y solicitó una reparación integral ampliada de 100 000 dólares.
El caso llega a la etapa final con cooperadores eficaces
La audiencia también incluyó las conclusiones sobre cinco militares que se acogieron a cooperación eficaz. Para ellos, Fiscalía pidió 30 meses de prisión, tras verificar la utilidad de la información y su corroboración con otras pruebas.
Entre los cooperadores se encuentra el sargento Nelson Oswaldo S. Z., señalado como autor directo pese al beneficio procesal. Su testimonio detalló agresiones, disparos intimidatorios, órdenes de traslado y abandono de las víctimas en zona rural.
Fiscalía sostuvo que el delito es permanente, pluriofensivo y agravado por el número de personas involucradas, por el ensañamiento y por la condición de menores de edad.
Antecedentes del caso Las Malvinas
Los niños y adolescentes Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años, fueron detenidos el 8 de diciembre de 2024 por una patrulla militar tras una alerta por un presunto robo. Sus restos se hallaron calcinados el 24 de diciembre de 2024 en un sector agreste de Taura, a 11 kilómetros del centro poblado.
La semana anterior ya se habían presentado las acusaciones contra 10 de los 17 militares procesados, considerados presuntos autores directos del delito.
- Información extra: Caso Las Malvinas
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