M
Maria Nuñez Chacón
Guest
Costa Rica históricamente se ha caracterizado por ser líder en la defensa de los derechos humanos, pero el hecho de que el gobierno costarricense recibiera a 200 personas deportadas desde Estados Unidos y las retuviera durante meses en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem) en la frontera sur del país, ha sido una mancha que sigue dejando estela.
Recientemente, el medio de comunicación internacional The Guardian reveló que el mayor fabricante de lápices del mundo, Faber-Castell acusó al gobierno de Costa Rica de hacer un mal uso de la antigua fábrica que el fabricante alemán donó con fines humanitarios, deteniendo allí a las personas deportadas por la administración Trump el año pasado.
La compañía que produce más de 2.000 millones de lápices de madera al año en todo el mundo solía tener su fábrica en dichas instalaciones, pero cerró en 2013 por factores económicos y mediante un contrato con el Ministerio de Seguridad Pública establecieron que se utilizarían para ofrecer refugio y asistencia humanitaria a las personas que migraban por la región.
En su publicación, el medio internacional confirmó que la empresa desconocía que la edificación había sido utilizada para mantener encarceladas a estas personas, entre ellas, cerca de 70 niños y niñas.
La empresa indicó en el reportaje que el contrato establecía que la propiedad debía usarse para «albergar un refugio para el cuidado de migrantes … sin posibilidad de cambiar el propósito «.
«Acordamos y estipulamos en el contrato que el edificio debía transformarse en un centro humanitario de refugiados, y bajo ninguna circunstancia se acordó que se usara como prisión», dijeron representantes de la gran filial de Faber-Castell en Brasil en un comunicado enviado a The Guardian.
A principios del año 2025, el gobierno de Costa Rica recibió dos vuelos que traían a personas deportadas, quienes eran solicitantes de refugio o asilo en Estados Unidos; en una detención arbitraria los montaron en aviones y los trajeron a un país del que no conocían nada, ni su idioma, cultura, dónde se ubicaba, ni mucho las posibilidades que tenían de salir de acá.
En ese momento, el presidente Rodrigo Chaves aseguró que Estados Unidos le hizo la petición de recibir a estas personas deportadas, procesarlas a través de la Embajada de Estados Unidos (con todo pago) y que, en el período de cinco o seis semanas, los mandarían en vuelos a sus países.
Esto no fue así, pasaron meses en las instalaciones, muchos fueron devueltos a sus países de origen sin habérseles brindado la información adecuada de sus alternativas de solicitar refugio o buscar segundos países a donde fueran enviados, ya que en los suyos corrían riesgo; otros sin saber qué hacer, hicieron trámites -con la ayuda de organizaciones de la sociedad civil- para quedarse en el país bajo categorías migratorias especiales.
Diversas investigaciones, incluyendo de la Defensoría de los Habitantes, American Friends Service Committee (AFSC), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Servicio Jesuita para Migrantes, la Sala IV, Human Rights Watch (HRW), entre otras, resolvieron que estas personas fueron privadas de su libertad, fueron retenidos sus pasaportes, se mantuvieron sin información clara y veraz en su idioma y se les restringió la libertad de tránsito.
Pese a esto, en ese momento el Ministerio de Seguridad negó que las personas deportadas estuvieran privadas de libertad, la misma respuesta que dieron a The Guardian en su reportaje.
«Las medidas migratorias adoptadas se basaron en los mismos motivos humanitarios, ya que es bien sabido que las personas vulnerables son susceptibles al tráfico de migrantes y a las redes de trata de personas. Costa Rica es un destino desconocido para ellos, con un nuevo clima, gastronomía y otros aspectos. La Dirección General de Migración y Asuntos Exteriores siempre ha buscado proteger a estas personas. Por lo tanto, rechazamos categóricamente la afirmación de una violación de su derecho a la libertad”, señaló el Ministerio de Seguridad en su respuesta al medio internacional.
Faber-Castell envió un mensaje electrónico a The Guardian en el que manifestaron: «Estamos profundamente preocupados porque supuestamente personas están siendo detenidas en nuestra antigua fábrica de ‘Maderin Eco’ en Costa Rica, una operación que cerramos en 2013. No sabíamos de este mal uso hasta que The Guardian nos contactó.»
La entrada Faber Castell por «mal uso» de edificio del Catem donado a Costa Rica: nunca se acordó que fuera «prisión» de migrantes aparece primero en Semanario Universidad.
Sigue leyendo...