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Mario Bermúdez Vives
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Durante la última audiencia al crédito para ampliar el corredor vial San José-San Ramón, los diputados de la comisión de Hacendarios externaron inquietudes sobre expropiaciones y acciones para reducir el costo de este empréstito, que no pareciera que impedirán el avance de la iniciativa, pero si incomodaron a los diputados oficialistas.
Incluso Luis Antonio Molina, viceministro de egresos de Hacienda que fue convocado, externó su satisfacción por el ambiente y la voluntad de avanzar en el proyecto 25.183, que la presidenta electa Laura Fernández incluyó en la agenda de consenso, que espera se puedan aprobar por los actuales legisladores en lo que resta de su período constitucional, diez semanas.
Sin embargo, el diputado oficialista Alexander Barrantes agitó el ambiente al intervenir para pedir que el proyecto se dictaminara sin más trámites, porque consideró que los integrantes de la comisión estaban repitiendo dudas. Esto agrió el debate, al punto que los otros diputados le recordaron que la comisión ha dado un trámite preferencial al crédito, y que la responsabilidad de los legisladores no se limita a dar un cheque en blanco.
La presidenta de la comisión, la diputada Paulina Ramírez, recordó que el crédito fue tramitado por el Gobierno durante cuatro años, y que lo presentó a la corriente legislativa a finales de octubre. «Tardaron cuatro años en presentarlo, nosotros en dos o tres meses lo analizamos, y le damos los votos para pasarlo del lugar 30 de la agenda de la comisión al primer lugar, y dicen que se está obstaculizando», dijo.
Por su parte, el diputado Carlos Felipe García recordó que la comisión recibió alrededor de 69 proyectos de apoyo presupuestario, de los que se dictaminaron en forma positiva 57, no se rechazó ninguno, y solo se perdió uno que retiró el propio Gobierno.
En el debate, los diputados habían consultado a Molina sobre la posibilidad de la reducción de la tasa de interés, una acción que propició la misma comisión en sesiones anteriores y que el viceministro admitió que avanza, pero indicó que no tenía una respuesta definitiva, aunque si se había logrado bajar 15 puntos base, de la tasa original de 2,65 a 2,50. Molina indicó que esperaba tener el dato final para la próxima semana.
Esto propicio que diputados como Jonathan Acuña y Joaquín Hernández insistieran en la importancia de tener el panorama completo del contrato antes del dictamen, que Ramírez anunció estaba previsto para el mes de marzo. Este fue el punto que empezó a incomodar a Barrantes, y que provocó que la jefa de fracción del oficialismo, Pilar Cisneros, interviniera para manifestar que cada día que se atrasara el proyecto, aumentaba el costo de la ampliación.
Pero la oposición rebatió que en el caso del crédito a PROERI, dictaminado anteriormente por la comisión, precisamente las inquietudes de los diputados permitieron que el país se ahorrara $60 millones.
Los otros puntos que también inquietaron a los diputados son el pago de expropiaciones. Ramírez consultó por el presupuesto disponible, recordando que para el 2026 aparecía solo una partida de ₡4 mil millones en CONAVI para este punto, y que en la comisión se tramitan dos grandes proyectos, el tren rápido y esta ampliación de la vía a San Ramón. Molina indicó que se tiene previsto que con la subejecución de presupuesto del MOPT sería posible enfrentar estas obligaciones. «Es que es un presupuesto muy grande, podemos lograr ₡67 mil millones «, indicó.
También consultaron si se tiene un cronograma de expropiaciones, por ser esta materia el principal obstáculo para el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura. Molina indicó que se tiene un calendario del 2026 al 2030.
Otra inquietud se relacionó con una disposición del contrato, para el cobro de una comisión adicional a la tasa de interés, de 0,25 sobre los montos no desembolsados, tema que consultó Hernández. El viceministro indicó que se trataba de una cláusula estándar en estos contratos, pero insistió en que la administración está comprometida con el desarrollo de esta iniciativa.
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