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Monserrat Cordero Parra
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El exdirectivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) e imputado en el Caso Barrenador, Jorge Araya, señaló este martes a los diputados que se debe eliminar la presidencia ejecutiva para así mejorar la gobernanza de la institución.
La declaración de Araya se dio durante una audiencia de la Comisión Especial Investigadora de Presuntas Irregularidades en la CCSS, en la cual la diputada de Nueva República, Olga Morera, indicó que la CCSS tiene un problema de gestión en su modelo de gobernanza y en la parte operativa. En esa línea consultó a Araya sobre las mejoras que se deben realizar.
“La Contraloría General de la República ha señalado que dada la complejidad de la CCSS, esta debería tener dos juntas y no una. Una enfocada en salud, enfermedad y maternidad, y otra en vejez y muerte. Usualmente los temas de pensiones quedan muy relegados”, mencionó Araya.
“La CCSS debería tener una gerencia general fuerte y no una presidencia ejecutiva. Presidencia de junta, pero no ejecutiva”, destacó.
Araya comentó también a los legisladores que hace 15 años se conformó una Junta de Notables, quienes recomendaron despolitizar el máximo órgano de la CCSS. Este grupo además propuso que exista una presidencia de junta y que haya una gerencia general fuerte.
Considera también importante que se mejoren las dietas de los directivos, con el fin de que lleguen las mejores personas a dirigir ese máximo órgano.
“A la Junta Directiva de la CCSS tienen que llegar las mejores personas de este país y debe haber un incentivo para que estas personas que se dedican a otras cosas aporten a la institución desde su conocimiento, formación y experiencia, y me parece que esto está pendiente de entrarle”, mencionó.
“(…) Hoy muchas de las funciones de la presidencia ejecutiva las tiene también la gerencia general y eso dificulta la acción y gobernanza de la institución”, agregó.
Actualmente existe en la corriente legislativa un proyecto de ley presentado por la diputada del Frente Amplio (FA), Rocío Alfaro, el cual busca eliminar la presidencia ejecutiva de la CCSS.
Durante la audiencia de este martes, Araya y otros dos imputados fueron cuestionados por el Caso Barrenador, por el cual se investiga a ocho altos exjerarcas de la CCSS, quienes habrían ejercido un aparente “control” sobre una licitación, generando afectaciones a la institución durante un periodo de diez años debido a los sobreprecios.
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