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Daniela Muñoz Solano
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El exgerente financiero de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR-SAFI), Laureano Verzola, denunció la existencia de un “Comité Filtro” que se encargaba de elegir los proyectos en que se invertía el dinero de la sociedad, incluido el Parque Empresarial del Pacífico por el que se pagó un sobreprecio de 35 millones.
El exfuncionario compareció ayer jueves 26 de febrero ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, para referirse a las presuntas irregularidades que existieron en el proceso de compra del PEP, junto a la ex directiva de la sociedad, Mahity Flores.
Verzola explicó que trabajó desde 2004 hasta 2021 en BCR-SAFI y que el último puesto que ocupó fue el de gerente financiero administrativo.
Según detalló el ex funcionario, la adquisición de inmuebles se realizaba de acuerdo con un procedimiento que está normado en la institución y que la compra del PEP cumplió con las etapas establecidas.
Eso sí, una vez adquirido el parque empresarial se empezó a hacer evidente un alto grado de morosidad por parte de los inquilinos del proyecto, lo que despertó alarmas y lo motivó a visitar el inmueble para verificar sus condiciones. Durante su visita se dio cuenta que prácticamente no había actividad comercial como esperaba, y que incluso se estaban haciendo construcciones que no habían sido informadas a la SAFI.
Al percatarse de las irregularidades, relató, empezó a solicitar que se le remitiera información sobre el proyecto y fue allí que empezó a notar “inconsistencias con tintes de irregularidades” respecto a áreas constructivas, términos y alcances contractuales con los inquilinos, tramitología legal y de permisos pero más gravemente respecto a construcciones de bodegas inexistentes y unas áreas que la valoración externa se habían estimado como predios (por los que se pagaron unos $18 millones) pero que no estaban completados y por ende no estaban generando ingresos.
“El señalar estas inconsistencias e incluso solicitar información adicional y aclaratoria, desgastó las relaciones laborales de mi persona con otro funcionario del conglomerado, a diferentes niveles y se me fue desplazando de actividades propias de mi cargo, se me empezó a ocultar información e incluso no me participaban en las reuniones en las que se trataban temas relacionados al Parque Pacífico”, comentó Verzola.
A raíz de esa situación interpuso una primera denuncia verbal ante el auditor interno, e informó que estaba gestionando más información y evidencia para poder presentar la denuncia formal. “Incluso le llegué a mencionar que presumía y presentía que posiblemente me iban a despedir, lo cual finalmente ocurrió tras 17 años de laborar y sin recibir siquiera una llamada de atención verbal o por escrito”, dijo el exfuncionario.
Según comentó fue despojado de su teléfono, del que perdió toda la información que contenía y su computadora de trabajo, cuyos datos eventualmente pudo recuperar luego de hacer presión legal.
Tras su despido, con los datos que tenía, procedió a hacer una denuncia formal ante la presidencia del Banco de Costa Rica, la Junta Directiva de BCR-SAFI y ante la auditoría interna de BCR-SAFI en julio del 2021, y un mes después ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Una vez que interpuso esa denuncia se convirtió en testigo del caso y por ende, dijo, los datos que podía proveer a la comisión legislativa eran limitados.
No obstante, Verzola respondió la mayor parte de los cuestionamientos de las y los diputados de la comisión e incluso narró que esta no fue la única compra que la Safi hizo a la empresa, vinculada al exdiputado Humberto Vargas.
El diputado liberacionista Francisco Nicolás le preguntó al exgerente si era cierto que se habían dado ‘reuniones clandestinas” para aprobar compras de inmuebles y Verzola dijo que no eran clandestinas pero sí “habían reuniones fuera del órgano correspondiente”.
“Normalmente, había lo que llamaban el comité de inversión pero se hizo un “comité filtro”, en el que participaban unos miembros del comité de inversiones”, relató el exfuncionario y detalló que quienes participaron en esas reuniones más cerradas eran Álvaro Camacho, Juan Carlos Bolaños, Marlon Sequeira y Natalia Ibarra.
“Ellos veían los proyectos de previo que iban a ir al comité de inversión”, dijo Verzola y ya firmó que de esta forma se ejercía efectivamente un “prefiltro” para los proyectos que se consideraban en el comité de inversiones.
De seguido del exfuncionario fue cuestionado sobre si empresarios, como Humberto Vargas, podrían haber participado en las reuniones de este pequeño comité, pero dijo que no tenía conocimiento y que le parecía que no había sucedido tal encuentro.
La diputada Kattia Cambronero por su parte enfocó sus intervenciones en reclamar que a pesar de que las denuncias oficiales se habían presentado en 2021 no fue hasta 2024 que la auditoría interna emitió un informe señalándolo sobre precios del PEP.
Fue entonces que le preguntó a Verzola sí habían habido comportamientos sospechosos por parte del auditor pero el exgerente dijo que en su criterio no y agregó que “él siempre actuó con transparencia, independencia y objetividad, más allá de los plazos que, como le digo, sí soy consciente que hay muchos elementos que investigar” y que el tema a investigar era sumamente complejo.
Cambronero insistió en el cuestionamiento pues considero excesivo los tiempos de entrega del informe de auditoría y luego entró a discutir los contratos de crédito que se establecieron para la compra del PEP, pero su intervención y cuestionamientos fueron interrumpidos pues por temas de horario era necesario levantar la sesión de la comisión.
La diputada trató de interponer una de moción de orden para reconvocar al exgerente pero ni siquiera para eso era suficiente el tiempo pues estaba por comenzar la sesión del plenario legislativo, pero la presidenta del órgano Dinorah Barquero dijo mientras se retiraba de la sala que iba a gestionar para que continuara la comparecencia con Verzola el lunes.
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