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Siro Benítez
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El juicio oral y público contra el productor sojero José Carlos Casagrande prosiguió este miércoles en el Palacio de Justicia de Villarrica, donde se desarrolló la segunda jornada de audiencias.
En la fecha declararon al menos 12 testigos convocados por la Fiscalía. La próxima sesión fue fijada para el martes venidero, por disposición del Tribunal de Sentencia.
Casagrande enfrenta cargos por incumplimiento de medidas de mitigación de impacto ambiental y explotación agrícola sin Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), en el marco de dos hechos que, según la Fiscalía, encuadran el mismo tipo penal: una plantación instalada en pleno casco urbano de Garay y otra en zona de amortiguamiento de la Reserva de Recursos Manejados del Ybytyruzú.
De acuerdo con los antecedentes, la primera denuncia surgió tras detectarse una parcela de soja a solo 40 metros del pozo de agua de una junta de saneamiento, poniendo en riesgo a unos 500 usuarios que dependen del sistema comunitario.
La segunda corresponde a otra incursión agrícola en un sector protegido, donde rige la prohibición expresa por ley de realizar fumigaciones con agroquímicos.
Durante la jornada, testificaron activistas, concejales y vecinos que impulsaron las denuncias desde 2023. Fran Fernández, uno de los denunciantes, declaró que la comunidad reaccionó ante lo que calificó como una “incursión peligrosa” en zonas no aptas para monocultivos. Señaló que Garay ya cuenta con una ordenanza que lo define como distrito agroecológico y que la instalación de cultivos extensivos contradice ese modelo de desarrollo.
Fernández afirmó que la fumigación en la zona de amortiguamiento de la reserva “constituye una transgresión directa” a la normativa ambiental y recordó que existe una ley nacional que prohíbe este tipo de prácticas.
Aseguró que la comunidad busca que el juicio genere un precedente para evitar que casos similares continúen repitiéndose.
Productor sojero será juzgado por presunta violación de leyes ambientales en Gral. Eugenio A. Garay
Otra de las testigos, la concejal municipal Olga Vázquez, insistió en la gravedad del impacto ambiental atribuido al agricultor.
Recordó que las plantaciones cercanas al tanque de agua representan “un riesgo directo” para cientos de familias que consumen diariamente el vital líquido. “Estamos defendiendo la vida por encima de cualquier emprendimiento económico”, remarcó.
Vázquez explicó que el distrito se encuentra en pleno proceso de fortalecimiento de su identidad agroecológica y turística, por lo que la llegada de cultivos mecanizados con uso de agroquímicos genera una fuerte preocupación entre los pobladores.
Añadió que el área afectada incluye zonas de alto valor natural, como senderos ecológicos y cauces hídricos que desembocan en el arroyo Pirapó.
La edil también cuestionó lo que describió como un “desprecio total” a las ordenanzas municipales, ya que Casagrande habría iniciado la preparación del suelo y la siembra sin solicitar permisos a la comuna. Sostuvo que las fumigaciones podrían causar daños irreversibles en la flora, la fauna y la salud humana.
El proceso penal se inició luego de que, en 2024, verificaciones del Ministerio Público confirmaran que existían cultivos avanzados en aproximadamente 11 hectáreas, incluso después de que la municipalidad ordenara suspender las labores. Posteriormente, un allanamiento corroboró la existencia de nuevas fumigaciones y trabajos mecanizados.
Denuncian supuesta presencia de sojales dentro de la Reserva del Ybytyruzú y exigen investigación del Mades y la Fiscalía
En su acusación, el fiscal Érico Ávalos sostuvo que el productor actuó con conocimiento de causa, ya que estaba al tanto de la vigencia de la ordenanza municipal 11/2023, que prohíbe el uso de agroquímicos en todo el distrito. Asimismo, resaltó que el agricultor nunca gestionó la Evaluación de Impacto Ambiental exigida por ley.
El caso también generó controversia luego de que el propio Casagrande promoviera una acción de amparo en 2024 para seguir cultivando, alegando que contaba con autorización del Mades. Sin embargo, el juez Julio César Alfonso Vera rechazó la demanda, señalando que los permisos ambientales no pueden contradecir la normativa municipal.
Para los denunciantes, este juicio representa una oportunidad histórica para reforzar la defensa del medio ambiente en la región.
Argumentan que la expansión de monocultivos con agroquímicos constituye una amenaza creciente para la biodiversidad, los recursos hídricos y la salud pública.
Las organizaciones locales coinciden en que la sentencia deberá reflejar la gravedad del daño causado y desalentar futuras incursiones agrícolas en zonas urbanas y áreas protegidas. “Si no se ponen límites ahora, mañana ya será demasiado tarde”, advirtió Fernández durante su declaración.
Soja en el Ybytyruzú: Fiscalía analiza denuncias sobre cultivos y fumigaciones en zonas sensibles
El Tribunal de Sentencia presidido por el magistrado Ricardo Gómez e integrado por sus pares, Heber Chamorro y Cristhian Giménez, continuará el análisis de la causa el próximo martes, cuando se prevé avanzar en la producción de pruebas documentales y periciales. El Ministerio Público es representado por la actual fiscal de la Unidad Penal Especializada de Delitos contra el Medio Ambiente, Jadiyi Ortiz.
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En la fecha declararon al menos 12 testigos convocados por la Fiscalía. La próxima sesión fue fijada para el martes venidero, por disposición del Tribunal de Sentencia.
Casagrande enfrenta cargos por incumplimiento de medidas de mitigación de impacto ambiental y explotación agrícola sin Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), en el marco de dos hechos que, según la Fiscalía, encuadran el mismo tipo penal: una plantación instalada en pleno casco urbano de Garay y otra en zona de amortiguamiento de la Reserva de Recursos Manejados del Ybytyruzú.
De acuerdo con los antecedentes, la primera denuncia surgió tras detectarse una parcela de soja a solo 40 metros del pozo de agua de una junta de saneamiento, poniendo en riesgo a unos 500 usuarios que dependen del sistema comunitario.
La segunda corresponde a otra incursión agrícola en un sector protegido, donde rige la prohibición expresa por ley de realizar fumigaciones con agroquímicos.
Durante la jornada, testificaron activistas, concejales y vecinos que impulsaron las denuncias desde 2023. Fran Fernández, uno de los denunciantes, declaró que la comunidad reaccionó ante lo que calificó como una “incursión peligrosa” en zonas no aptas para monocultivos. Señaló que Garay ya cuenta con una ordenanza que lo define como distrito agroecológico y que la instalación de cultivos extensivos contradice ese modelo de desarrollo.
Fernández afirmó que la fumigación en la zona de amortiguamiento de la reserva “constituye una transgresión directa” a la normativa ambiental y recordó que existe una ley nacional que prohíbe este tipo de prácticas.
Aseguró que la comunidad busca que el juicio genere un precedente para evitar que casos similares continúen repitiéndose.
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Otra de las testigos, la concejal municipal Olga Vázquez, insistió en la gravedad del impacto ambiental atribuido al agricultor.
Recordó que las plantaciones cercanas al tanque de agua representan “un riesgo directo” para cientos de familias que consumen diariamente el vital líquido. “Estamos defendiendo la vida por encima de cualquier emprendimiento económico”, remarcó.
Vázquez explicó que el distrito se encuentra en pleno proceso de fortalecimiento de su identidad agroecológica y turística, por lo que la llegada de cultivos mecanizados con uso de agroquímicos genera una fuerte preocupación entre los pobladores.
Añadió que el área afectada incluye zonas de alto valor natural, como senderos ecológicos y cauces hídricos que desembocan en el arroyo Pirapó.
La edil también cuestionó lo que describió como un “desprecio total” a las ordenanzas municipales, ya que Casagrande habría iniciado la preparación del suelo y la siembra sin solicitar permisos a la comuna. Sostuvo que las fumigaciones podrían causar daños irreversibles en la flora, la fauna y la salud humana.
El proceso penal se inició luego de que, en 2024, verificaciones del Ministerio Público confirmaran que existían cultivos avanzados en aproximadamente 11 hectáreas, incluso después de que la municipalidad ordenara suspender las labores. Posteriormente, un allanamiento corroboró la existencia de nuevas fumigaciones y trabajos mecanizados.
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En su acusación, el fiscal Érico Ávalos sostuvo que el productor actuó con conocimiento de causa, ya que estaba al tanto de la vigencia de la ordenanza municipal 11/2023, que prohíbe el uso de agroquímicos en todo el distrito. Asimismo, resaltó que el agricultor nunca gestionó la Evaluación de Impacto Ambiental exigida por ley.
El caso también generó controversia luego de que el propio Casagrande promoviera una acción de amparo en 2024 para seguir cultivando, alegando que contaba con autorización del Mades. Sin embargo, el juez Julio César Alfonso Vera rechazó la demanda, señalando que los permisos ambientales no pueden contradecir la normativa municipal.
Para los denunciantes, este juicio representa una oportunidad histórica para reforzar la defensa del medio ambiente en la región.
Argumentan que la expansión de monocultivos con agroquímicos constituye una amenaza creciente para la biodiversidad, los recursos hídricos y la salud pública.
Las organizaciones locales coinciden en que la sentencia deberá reflejar la gravedad del daño causado y desalentar futuras incursiones agrícolas en zonas urbanas y áreas protegidas. “Si no se ponen límites ahora, mañana ya será demasiado tarde”, advirtió Fernández durante su declaración.
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El Tribunal de Sentencia presidido por el magistrado Ricardo Gómez e integrado por sus pares, Heber Chamorro y Cristhian Giménez, continuará el análisis de la causa el próximo martes, cuando se prevé avanzar en la producción de pruebas documentales y periciales. El Ministerio Público es representado por la actual fiscal de la Unidad Penal Especializada de Delitos contra el Medio Ambiente, Jadiyi Ortiz.
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