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Gabriela Quiroz
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En 2025, la violencia en Ecuador dejó de ser un fenómeno disperso para convertirse en un problema territorializado, profundo y persistente. El país no solo registra cifras históricas de homicidios, sino que concentra su letalidad en diez cantones específicos, donde la vida cotidiana quedó atrapada entre el crimen organizado, la precariedad social y la débil presencia del Estado.
Entre enero y octubre de 2025 se registraron 7 553 homicidios intencionales, un 7% más que en el mismo período de 2024, según el Ministerio del Interior. Esto se traduce en una tasa de 42 crímenes violentos por cada 100 mil habitantes. Por tanto, la proyección de cierre ubica la tasa nacional en 52 homicidios por cada 100 mil habitantes, una de las más altas del hemisferio occidental, de acuerdo con el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).
La violencia extrema se concentra en: Pueblo Viejo, Quinsaloma, Buena Fe, Babahoyo y Urdaneta (Los Ríos); Durán y Balao (Guayas); Huaquillas y El Guabo (El Oro); y Manta (Manabí). Todos superan con amplitud el promedio nacional de homicidios de 71 por cada 100 mil habitantes.
Estos territorios comparten tres características clave: ubicación estratégica para economías ilícitas, altos niveles de pobreza y baja capacidad institucional para bajar la criminalidad.
El país está dividido en zonas de planificación para la gestión estatal:
Más del 60% de los homicidios del país ocurre en estas zonas. En términos de tasa, Los Ríos lidera con 106 homicidios por cada 100 mil habitantes.
El análisis del OECO revela un fenómeno crítico: el desplazamiento del crimen hacia cantones pequeños, con menos de 40 mil habitantes, como Quinsaloma y Urdaneta. Allí, la violencia crece más rápido que en las grandes ciudades, aprovechando vacíos de control estatal y redes comunitarias frágiles.
La violencia se asienta sobre carencias históricas. La pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) sigue siendo alta, según el Censo del 2022. Entre los componentes que contribuyen a este indicador están la calidad y servicios de la vivienda y el hacinamiento. Se considera umbral de hacinamiento crítico-según el INEC- cuando existen en promedio más de tres personas por cuarto para dormir.
A nivel cantonal, las 10 ciudades con mayor violencia muestran una caída de la pobreza por necesidades insatisfechas, entre los censos 2010-2022. Sin embargo, Urdaneta y Quinsaloma, en Los Ríos siguen registrando los picos más altos. En territorios con NBI superiores al 50%, el riesgo de exclusión y reclutamiento criminal se multiplica.
El Gobierno identificó 22 bandas criminales como organizaciones terroristas, en el marco del conflicto armado interno (enero 2024). Sin embargo, la fragmentación ha dado lugar a al menos 37 grupos, según Acled (Armed Conflict Location & Event Data). Bandas como Los Choneros, Los Lobos y los Chone Killers disputan corredores agrícolas, puertos y fronteras. Usan a cantones pequeños como nuevos enclaves.
Entre enero y octubre de 2025 se registraron 460 homicidios de niños, niñas y adolescentes. De ellos, 106 vivían en estos diez cantones (23%).
Las tasas de homicidio entre adolescentes (12 a 17 años) por cada 100.000 habitantes:
Además, las detenciones de menores están relacionadas con delitos potencialmente vinculados al reclutamiento forzado. Tasas por cada 100 mil menores de 18 años:
El Ministerio de Educación ha respondido con el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia en el Contexto Educativo (Pnevce), priorizando 28 cantones donde se han detectado altos índices de deserción escolar y amenazas directas a docentes. Pero en este listado no constan: Pueblo Viejo, Quinsaloma, Balao, Buena Fe, Babahoyo, Urdaneta, El Guabo y Manta.
Solo en Guayas, 28 402 estudiantes han abandonado las aulas al comparar los periodos 2022-2023 y 2023-2024. En Guayaquil la deserción se correlaciona directamente con los picos de violencia criminal.
Aunque las Fuerzas Armadas ejecutaron más de 53 mil operaciones en 2025 y las alcaldías aplican medidas locales, pese a que no es su competencia, la violencia persiste. La razón es clara: la militarización sin intervención social sostenida solo contiene, no transforma.
En estos diez cantones, la violencia no es un episodio. Es un entorno. Y mientras no se rompa el vínculo entre pobreza, territorio y crimen organizado, la geografía del miedo seguirá ampliándose.
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Entre enero y octubre de 2025 se registraron 7 553 homicidios intencionales, un 7% más que en el mismo período de 2024, según el Ministerio del Interior. Esto se traduce en una tasa de 42 crímenes violentos por cada 100 mil habitantes. Por tanto, la proyección de cierre ubica la tasa nacional en 52 homicidios por cada 100 mil habitantes, una de las más altas del hemisferio occidental, de acuerdo con el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).
Diez cantones en el epicentro
La violencia extrema se concentra en: Pueblo Viejo, Quinsaloma, Buena Fe, Babahoyo y Urdaneta (Los Ríos); Durán y Balao (Guayas); Huaquillas y El Guabo (El Oro); y Manta (Manabí). Todos superan con amplitud el promedio nacional de homicidios de 71 por cada 100 mil habitantes.
Estos territorios comparten tres características clave: ubicación estratégica para economías ilícitas, altos niveles de pobreza y baja capacidad institucional para bajar la criminalidad.
¿Qué pasa en las zonas 8, 4 y 5?
El país está dividido en zonas de planificación para la gestión estatal:
- Zona 8: Guayaquil, Durán y Samborondón. Es el principal núcleo urbano y portuario del país y concentra el mayor volumen absoluto de homicidios.
- Zona 4: Manabí y Santo Domingo. Clave para el control de puertos, caletas pesqueras y rutas costeras.
- Zona 5: Los Ríos, Santa Elena, Bolívar, Galápagos y parte de Guayas. Aquí se registra la mayor letalidad proporcional, especialmente en Los Ríos.
Más del 60% de los homicidios del país ocurre en estas zonas. En términos de tasa, Los Ríos lidera con 106 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Violencia que se desplaza
El análisis del OECO revela un fenómeno crítico: el desplazamiento del crimen hacia cantones pequeños, con menos de 40 mil habitantes, como Quinsaloma y Urdaneta. Allí, la violencia crece más rápido que en las grandes ciudades, aprovechando vacíos de control estatal y redes comunitarias frágiles.
Pobreza estructural y NBI
La violencia se asienta sobre carencias históricas. La pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) sigue siendo alta, según el Censo del 2022. Entre los componentes que contribuyen a este indicador están la calidad y servicios de la vivienda y el hacinamiento. Se considera umbral de hacinamiento crítico-según el INEC- cuando existen en promedio más de tres personas por cuarto para dormir.
- Los Ríos: 79,6%
- Manabí: 77,1%
- El Oro: 61,2%
- Guayas: 58,4%
A nivel cantonal, las 10 ciudades con mayor violencia muestran una caída de la pobreza por necesidades insatisfechas, entre los censos 2010-2022. Sin embargo, Urdaneta y Quinsaloma, en Los Ríos siguen registrando los picos más altos. En territorios con NBI superiores al 50%, el riesgo de exclusión y reclutamiento criminal se multiplica.
Bandas, fragmentación y control territorial
El Gobierno identificó 22 bandas criminales como organizaciones terroristas, en el marco del conflicto armado interno (enero 2024). Sin embargo, la fragmentación ha dado lugar a al menos 37 grupos, según Acled (Armed Conflict Location & Event Data). Bandas como Los Choneros, Los Lobos y los Chone Killers disputan corredores agrícolas, puertos y fronteras. Usan a cantones pequeños como nuevos enclaves.
Niños atrapados en la violencia
Entre enero y octubre de 2025 se registraron 460 homicidios de niños, niñas y adolescentes. De ellos, 106 vivían en estos diez cantones (23%).
Las tasas de homicidio entre adolescentes (12 a 17 años) por cada 100.000 habitantes:
- El Oro: 46,3
- Los Ríos: 42,4
- Guayas: 35,8
- Manabí: 17,8
Fuente: Unicef)
Además, las detenciones de menores están relacionadas con delitos potencialmente vinculados al reclutamiento forzado. Tasas por cada 100 mil menores de 18 años:
- El Oro: 23,49
- Guayas: 21,10
- Los Ríos: 18,37
- Manabí: 9,90
El Ministerio de Educación ha respondido con el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia en el Contexto Educativo (Pnevce), priorizando 28 cantones donde se han detectado altos índices de deserción escolar y amenazas directas a docentes. Pero en este listado no constan: Pueblo Viejo, Quinsaloma, Balao, Buena Fe, Babahoyo, Urdaneta, El Guabo y Manta.
Solo en Guayas, 28 402 estudiantes han abandonado las aulas al comparar los periodos 2022-2023 y 2023-2024. En Guayaquil la deserción se correlaciona directamente con los picos de violencia criminal.
Más allá de la respuesta armada
Aunque las Fuerzas Armadas ejecutaron más de 53 mil operaciones en 2025 y las alcaldías aplican medidas locales, pese a que no es su competencia, la violencia persiste. La razón es clara: la militarización sin intervención social sostenida solo contiene, no transforma.
En estos diez cantones, la violencia no es un episodio. Es un entorno. Y mientras no se rompa el vínculo entre pobreza, territorio y crimen organizado, la geografía del miedo seguirá ampliándose.
- Enlace externo: 2026, un año decisivo por la ola de violencia: Acled
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