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Estado de sitio en Guatemala 2026: Cómo queda el decreto 1-2026 luego de las modificaciones del Congreso
El Congreso ratificó el estado de sitio en Guatemala por 30 días, con enmiendas que ajustan medidas, protegen actividades religiosas y regulan acciones contra pandillas.
Glenda Burrión
20 de enero de 2026
|
19:00h
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El estado de sitio y el toque de queda estarán vigentes hasta el 16 de febrero de 2026; entre las medidas destacan la suspensión de visitas a reos y acciones para garantizar la seguridad ciudadana. (Foto, Prensa Libre: Esbin García)
El Pleno del Congreso de la República ratificó, el 19 de enero, con 145 votos a favor y 5 en contra el Decreto Gubernativo 1-2026, que mantiene vigente el estado de sitio en todo el territorio nacional por un plazo de 30 días, tal y como lo decretó el presidente dela república.
La decisión se tomó con la asistencia de 150 de los 160 diputados que integran el Congreso, lo que permitió alcanzar el quórum legal, mientras 10 legisladores estuvieron ausentes de la sesión plenaria.
La medida, impulsada por el Ejecutivo y anunciada por el presidente Bernardo Arévalo, busca restablecer el orden público y garantizar la seguridad ciudadana, tras una serie de motines carcelarios y ataques armados que dejaron, hasta la fecha, 10 agentes de la PNC fallecidos.
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¿Qué es el Estado de Sitio?
El Estado de Sitio es una medida constitucional excepcional que permite al Ejecutivo limitar temporalmente ciertas garantías cuando existe una amenaza grave a la seguridad del Estado o al orden público.
Su aplicación está regulada por la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Orden Público.
La normativa establece que el presidente no está obligado a imponer todas las restricciones posibles, sino únicamente aquellas que resulten necesarias, proporcionales y justificadas.
Cambios introducidos por el Congreso
Durante la sesión plenaria, los diputados modificaron y ampliaron el contenido original del decreto enviado por el Ejecutivo, incorporando varias enmiendas:
Se reforzó la exposición de motivos, detallando la existencia de acciones coordinadas de maras o pandillas contra las fuerzas de seguridad, consideradas organizaciones criminales transnacionales y terroristas, según el Decreto 11-2025.
Medidas de seguridad ajustadas
El Congreso agregó y reformuló disposiciones del artículo 6, permitiendo, solo cuando sea estrictamente necesario:
- Limitar o impedir reuniones y manifestaciones, públicas o privadas, si alteran el orden público.
- Disolver por la fuerza reuniones armadas o violentas, incluso sin advertencia previa.
- Restringir la circulación de vehículos en zonas y horarios determinados.
- Ordenar detenciones sin orden judicial a integrantes o sospechosos vinculados a pandillas.
- Reprimir acciones colectivas que amenacen la seguridad ciudadana.
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Garantías y excepciones
Entre los cambios más relevantes, el Congreso incluyó:
- La prohibición expresa de usar el estado de sitio para persecución política o ideológica.
- La excepción para reuniones vinculadas a elecciones de segundo grado, como las comisiones de postulación.
- Un nuevo garantiza el libre ejercicio de actividades culturales, religiosas, deportivas y ferias patronales, sin restricción alguna.
Suspensión de visitas en cárceles
Se aprobó la suspensión temporal de visitas durante 30 días en los centros penitenciarios donde estén recluidos integrantes del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13), incluyendo visitas familiares, sociales y conyugales.
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¿Hasta cuándo estará vigente el estado de sitio?
La medida tendrá vigencia hasta el 16 de febrero de 2026, conforme al plazo establecido en el decreto ratificado por el Congreso.
Contexto de la declaratoria
El estado de sitio fue publicado el 19 de enero en el Diario de Centro América, luego de que el Gobierno confirmara motines simultáneos en las cárceles Renovación 1 (Escuintla), Fraijanes 2 y el Centro Preventivo de la zona 18, donde se registraron tomas de rehenes y ataques armados.
El Ejecutivo reiteró que no negociará con las maras ni restituirá privilegios, y aseguró que las limitaciones de derechos se aplicarán únicamente en la medida necesaria, con el fin de proteger a la población y restablecer la normalidad.
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