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Giovanni Astudillo
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La figura política de Cilia Flores volvió al centro de la coyuntura internacional tras ser capturada junto a su esposo, Nicolás Maduro, durante un ataque estadounidense a Venezuela, según EFE.
El hecho ocurre en un contexto de máxima tensión geopolítica, marcado por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, cerca de las costas venezolanas.
Este episodio refuerza el interés global sobre el perfil político de Cilia Flores, una abogada de 69 años considerada pieza estratégica del poder en Venezuela, tanto por su influencia interna como por su proyección internacional dentro del chavismo y el Partido Socialista Unido de Venezuela.
Cilia Flores nació en el estado Cojedes en 1956. Inició su militancia política hace más de tres décadas, integrándose junto a Maduro al Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200), génesis del chavismo.
Su compromiso con el proceso bolivariano se consolidó en 1992, cuando formó parte del equipo legal que defendió a Hugo Chávez tras la intentona golpista contra Carlos Andrés Pérez.
Este hito político no solo marcó su cercanía con Chávez, sino que definió su rol como operadora jurídica del movimiento bolivariano, logrando el indulto presidencial en 1994 y afianzando su prestigio dentro de la izquierda venezolana.
Graduada en Derecho por la Universidad Santa María de Caracas. Flores fundó en 1993 el Círculo Bolivariano de los Derechos Humanos.
Posteriormente, participó en la creación del Movimiento V República y, tras su disolución, ingresó al Partido Socialista Unido de Venezuela en 2007.
Su carrera parlamentaria despegó en el 2000, cuando fue elegida diputada de la Asamblea Nacional, cargo que ocupó en dos períodos consecutivos.
En 2006 se convirtió en la primera mujer presidenta del Legislativo venezolano, una etapa marcada por polémicas decisiones como la restricción del acceso de la prensa al hemiciclo, un tema recurrente en los debates sobre democracia en Venezuela.
Tras la muerte de Chávez, la llegada de Maduro a la Presidencia en abril de 2013 convirtió a Flores en primera dama, denominada por el chavismo como “primera combatiente de la República”.
Desde esa posición, reforzó su peso político y su influencia directa en las decisiones estratégicas del Ejecutivo, consolidando un liderazgo clave dentro del oficialismo.
En 2015 regresó a la Asamblea Nacional en un contexto adverso para el chavismo y, en 2017, fue elegida integrante de la Asamblea Nacional Constituyente, órgano central del reordenamiento institucional promovido por Maduro.
El nombre de Cilia Flores también está ligado a graves controversias. Estados Unidos la acusa de presuntos vínculos con el narcotráfico, un señalamiento que ha impactado la percepción internacional del régimen venezolano.
En 2015, dos sobrinos suyos fueron detenidos por la DEA y condenados en Nueva York por tráfico de cocaína.
En 2018, Estados Unidos impuso sanciones económicas contra Flores y otros altos dirigentes chavistas, como parte de la estrategia de presión diplomática contra el Gobierno de Maduro, profundizando el aislamiento internacional de Venezuela y el debate sobre derechos humanos y corrupción.
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El hecho ocurre en un contexto de máxima tensión geopolítica, marcado por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, cerca de las costas venezolanas.
Este episodio refuerza el interés global sobre el perfil político de Cilia Flores, una abogada de 69 años considerada pieza estratégica del poder en Venezuela, tanto por su influencia interna como por su proyección internacional dentro del chavismo y el Partido Socialista Unido de Venezuela.
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Orígenes bolivarianos y compromiso ideológico
Cilia Flores nació en el estado Cojedes en 1956. Inició su militancia política hace más de tres décadas, integrándose junto a Maduro al Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200), génesis del chavismo.
Su compromiso con el proceso bolivariano se consolidó en 1992, cuando formó parte del equipo legal que defendió a Hugo Chávez tras la intentona golpista contra Carlos Andrés Pérez.
Este hito político no solo marcó su cercanía con Chávez, sino que definió su rol como operadora jurídica del movimiento bolivariano, logrando el indulto presidencial en 1994 y afianzando su prestigio dentro de la izquierda venezolana.
De abogada a figura central del poder legislativo
Graduada en Derecho por la Universidad Santa María de Caracas. Flores fundó en 1993 el Círculo Bolivariano de los Derechos Humanos.
Posteriormente, participó en la creación del Movimiento V República y, tras su disolución, ingresó al Partido Socialista Unido de Venezuela en 2007.
Su carrera parlamentaria despegó en el 2000, cuando fue elegida diputada de la Asamblea Nacional, cargo que ocupó en dos períodos consecutivos.
En 2006 se convirtió en la primera mujer presidenta del Legislativo venezolano, una etapa marcada por polémicas decisiones como la restricción del acceso de la prensa al hemiciclo, un tema recurrente en los debates sobre democracia en Venezuela.
Primera dama y “primera combatiente”
Tras la muerte de Chávez, la llegada de Maduro a la Presidencia en abril de 2013 convirtió a Flores en primera dama, denominada por el chavismo como “primera combatiente de la República”.
Desde esa posición, reforzó su peso político y su influencia directa en las decisiones estratégicas del Ejecutivo, consolidando un liderazgo clave dentro del oficialismo.
En 2015 regresó a la Asamblea Nacional en un contexto adverso para el chavismo y, en 2017, fue elegida integrante de la Asamblea Nacional Constituyente, órgano central del reordenamiento institucional promovido por Maduro.
Acusaciones, sanciones y controversias internacionales
El nombre de Cilia Flores también está ligado a graves controversias. Estados Unidos la acusa de presuntos vínculos con el narcotráfico, un señalamiento que ha impactado la percepción internacional del régimen venezolano.
En 2015, dos sobrinos suyos fueron detenidos por la DEA y condenados en Nueva York por tráfico de cocaína.
En 2018, Estados Unidos impuso sanciones económicas contra Flores y otros altos dirigentes chavistas, como parte de la estrategia de presión diplomática contra el Gobierno de Maduro, profundizando el aislamiento internacional de Venezuela y el debate sobre derechos humanos y corrupción.
Con información de EFE
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