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Vinicio Chacón Soto
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La denuncia que la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) presentó ante la Fiscalía, sobre un supuesto complot para atentar contra Rodrigo Chaves, ha tenido el efecto de desviar la atención de la opinión pública hacia el propio mandatario, luego de que su delfín y potencial heredera política, Laura Fernández, tuviera un desempeño decepcionante en el recién realizado debate del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Además, el propio manejo del caso, cuando el jerarca de la DIS Jorge Torres convoca medios de comunicación a la Fiscalía y además se filtra la “evidencia”, parece transgredir los más elementales protocolos y procedimientos de investigación policial.
Así lo analizaron Karen Jiménez Morales, coordinadora de la carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la politóloga y analista Ana Rita Argüello Miranda, docente de esa carrera. Ambas evitaron adelantar criterio sobre la veracidad o no de la denuncia.
Argüello Miranda de entrada observó un “paralelismo en la forma de operar que ha sido constante y en campaña ya se ha dado en dos momentos”. El primero de ellos fue “cuando se genera el el tema del montaje del micrófono” en una oficina usada por Fernández, en un momento en que había tensión dentro de las filas del chavista Partido Pueblo Soberano (PPSO) por una filtración de audios.
Así, observó que esta semana llega en medio de la coyuntura por haberse realizado los primeros debates con las candidaturas presidenciales, en particular los correspondientes a la presentación oficial que organiza el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y en el cual de manera excepcional se contó con la participación de Fernández, quien más bien se ha caracterizado por rechazar las invitaciones a ese tipo espacios.
“Ya hay análisis de sentimiento en donde se evidencia que hay una gran mayoría de las personas del electorado que no le es favorable a Laura (Fernández) por su desempeño en este debate y también por el rechazo a asistir a otros espacios de deliberación política”, señaló.
En ese contexto “viene nuevamente un caso como este, en donde se genera una noticia, llega el director de la DIS a presentar una denuncia ya con medios que habían sido informados para que estuvieran ahí, para que lo entrevistaran y se vuelve a desviar la atención”.
Entonces, “volvemos de nuevo a hablar del señor Presidente en un momento en el que ya el electorado estaba volteando su mirada hacia las candidaturas, con luz propia o no, con sus fortalezas y sus debilidades y nuevamente retrotraemos la discusión a Zapote, cuando el foco de atención debería ser en este momento qué están proponiendo, cuáles son las competencias y capacidades de las personas candidatas a la Presidencia”.
Observó, además, que la denuncia contra la activista Chinchilla “obviamente tiene eco y resonancia” en los sectores sociales, pues una activista “social, feminista, ecologista” y al respecto recordó que “ha sido también una persona incómoda para los gobiernos pasados”.
De manera que llamó la atención hacia “un patrón” represivo contra “personas que tienden a ser también tal vez incómodas para la administración”. Citó el reciente caso de la “utilización del PANI para hostigar al candidato de Liberación Nacional, Álvaro Ramos, una investigación que ya la cerraron porque no no tenía ningún sentido”.
También citó los casos de “las mujeres que fueron coaccionadas para hablar en contra de un funcionario judicial por parte de personal del INAMU” y “una suerte de persecución que ha tenido Mónica Araya, la expresidenta del INS, por negarse a ciertos actos”.
Puntualizó que “la ciudadanía venía conversando sobre los debates, sobre el bajo desempeño específicamente de Laura Fernández y una vez que sale esto, la discusión pública se mueve y cambia de foco a hablar entonces de esta situación del Presidente. Lograron desviar esa discusión pública que se estaba dando”.
“Esto no es normal”
Sobre el seguimiento del debido proceso en la investigación criminal, Jiménez Morales en primer lugar recordó “cuando existe un indicio por mínimo que sea debe tratarse como una amenaza potencial. Esto lo observamos, por ejemplo, con las amenazas de bomba recurrentes a las universidades públicas”.
Ahora bien, explicó que en la investigación criminal se tiene una regla básica, “es como una regla de oro: Las investigaciones en fase preliminar tienen que manejarse con un alto nivel de confidencialidad de la información”. Por ello consideró “particularmente grave” que en este caso “aún en fase preliminar, se estén divulgando los detalles de dicha denuncia en los medios de comunicación”.
“Esto es algo inédito, no es usual, esto no es normal y personalmente como profesional considero que ni siquiera es aceptable que personas funcionarias públicas que están vinculadas a la seguridad del Estado, salgan a dar detalles de una investigación que está en etapa preliminar”, expresó.
Añadió que la exposición mediática del caso “prácticamente entorpece las diligencias judiciales, porque si fuera real, pues ya está en conocimiento la persona sospechosa que perfectamente ya podría haber huido del país, ya podría haber destruido u ocultado evidencia porque se enteró por medios de comunicación”.
La especialista subrayó que todo ello es “sumamente preocupante”, pues se trata de personas funcionarias públicas “que ostentan cargos muy sensibles, porque tienen información sensible de operaciones que realizan constantemente y el principio de confidencialidad es indispensable”.
“Resulta inaceptable que estas personas estén en medios de comunicación haciendo una presión pública a la Fiscalía General de la República, porque esto por supuesto que además vulnera la independencia de la Fiscalía”, expresó, en referencia no sólo a la actuación que montó Jorge Torres, sino también Jeffrey Cerdas, director de la Unidad Especial Intervención (UEI), instancia que al igual que la DIS pertenece al Ministerio de la Presidencia.
Jiménez Morales apuntó que todo ello incide en “erosión a la institucionalidad democrática, pero sobre todo el irrespeto a la institucionalidad y a la funcionalidad de las instituciones”.
Sobre el manejo dado al caso planteó dos hipótesis. La primera tiene que ver con que son «cuestionables las capacidades o conocimientos de las personas que están liderando esta denuncia al dar información sensible al país a través de los medios de comunicación en una fase preliminar de la investigación donde ya puso en autos a la persona sospechosa”, como ya lo explicó.
La segunda, es que se trata de “una lamentable intencionalidad de generar polémica de una supuesta amenaza evidentemente mal manejada y que lo que genera es polarización a dos semanas de las elecciones”.
La entrada Especialistas Uned: Supuesta amenaza contra Chaves “desvía la atención” tras desempeño de Laura Fernández en debates aparece primero en Semanario Universidad.
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