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Vinicio Chacón Soto
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La nueva conformación de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico tuvo un tímido arranque este jueves, cuando sesionó por primera vez y concluyó luego de lograr tres concisos acuerdos y sin que se mencionara nada en favor del avance de un proyecto de ley cuyo avance urge.
Se trata del expediente 25.208, una iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo para combatir la legitimación de capitales mediante una reforma a Ley Reguladora del Mercado de Valores (Nº 7732) y a la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo (N° 7786). Ese proyecto en su justificación expone que responde a “exigencias” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que evaluará a Costa Rica en julio.
Al iniciar la sesión y luego de que el nuevo presidente de la Comisión, el pastor evangélico del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) Alexander Ramírez Zamora aprendiera a usar el equipo digital de moderación de debate, se decidió mantener el mismo horario de trabajo con que se venía trabajando.
Esta comisión ahora es integrada por la socialcristiana Abril Gordienko López, los liberacionistas Marco Badilla Chavarría y Eder Hernández Ulloa y la frenteamplista Sigrid Segura Artavia; así como los oficialistas Daniel Siézar Cárdenas, Fernando Obaldía Álvarez y Kattia Calvo Cruz, además del propio Ramírez Zamora y del polémico Nogui Acosta, quien se ausentó.
Hernández Ulloa (PLN) presentó moción para convocar a Gerald Campos Valverde, Ministro de Seguridad, “para que se refiera al impacto social y de seguridad en Crucitas”.
Al defender su propuesta, expuso que “mucho se habla de la extracción del oro, de la contaminación del agua, de cómo debería ser el modelo de extracción, pero pocos están hablando de algo que duele muchísimo”. Refirió un suceso mencionado en plenario ayer, sobre una mujer “que perdió su vida macheteada, es algo que nos tiene que encender todas las alarmas”.
Dijo que hay “enfrentamientos” entre las bandas de coligalleros “no sólo parta tener el control sobre el oro, sino también para saquear donde ya ellos han extraído”.
“Incluso hay algunos que hablan de corrupción de los policías” y denuncias de explotación sexual de menores de edad, añadió.
“Corresponde a esta comisión escuchar del estallido social que allí está”, insistió. La iniciativa se aprobó con el voto de las ocho diputaciones presentes.
Posteriormente el oficialismo a través del propio Gonzalo Ramírez planteó la iniciativa de convocar al magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, a la magistrada presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano, y al fiscal general, Carlo Díaz. Esto luego de que la presidenta Laura Fernández Delgado justo ayer reeditara su arremetida contra esas personas en la conferencia de prensa de los miércoles.
Este lunes Fernández Delgado sacará tiempo de su apretada agenda para ir a dejar personalmente once proyectos de ley sobre el tema de seguridad.
Para justificar la convocatoria se adujo que tiene el propósito de “conocer la posición institucional del Poder Judicial y el Ministerio Público sobre la problemática que enfrenta el sistema de justicia penal en la atención del narcotráfico, la criminalidad organizada, la reincidencia delictiva, la aplicación de medidas cautelares, la ejecución de la pena y la coordinación interinstitucional en materia de seguridad ciudadana”.
Antes de levantar la sesión, el presidente Ramírez dijo que de momento hay tres expedientes convocados. En primer lugar mencionó el ya citado proyecto 25.208. Fue notorio que Ramírez informó que esta iniciativa tiene un plazo restante de dos días para ser dictaminado. Minutos más tarde, cuando alegremente ese legislador se disponía a cerrar la sesión sin más, el liberacionista Ulloa Hernández preguntó que pasará con ese proyecto, cuya reacción del presidente de la Comisión fue que pidiera un receso y tras una breve conversación, simplemente levantó la sesión.
La segunda iniciativa es la 25.279, una propuesta que busca facultar al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) para disponer de bienes incautados a la delincuencia organizada, según su título, y la 25.234, el tercera, pretende sancionar el “apoderamiento ilegal de energía eléctrica y los daños al sistema eléctrico”.
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