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Ana Lucía Freire
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El viernes 20 de febrero de 2026, la Asamblea Nacional llevó a cabo el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía. Este evento se realizó en el campus de la Universidad Ecotec, ubicado en Samborondón, Guayaquil. El proyecto, impulsado por el Ejecutivo, superó una moción de archivo presentada por la Revolución Ciudadana (RC), gracias al apoyo del bloque oficialista y sus aliados.
Desde Guayquil, la sesión estuvo marcada por la polarización. El asambleísta Diego Salas (RC) lideró la oposición al proyecto. Salas calificó la iniciativa como un paquete legislativo “a la carrera” que otorga un “cheque en blanco” al Ejecutivo para intervenir en áreas sensibles. Además, denunció que la norma sustituye la licencia ambiental por una “autorización ambiental”, lo que, según él, elimina candados de protección y establece un “silencio administrativo encubierto”.
Desde el oficialismo, Alejandro Lara (ADN) defendió la urgencia de la reforma. Según Lara, el proyecto busca corregir déficits millonarios en los sectores minero y eléctrico mediante cuatro ejes:
Adrián Castro (ADN) también defendió los aportes del oficialismo, asegurando que son técnicos y buscan seguridad jurídica. Sin embargo, admitió que la definición de “autorización ambiental” debe esclarecerse en el segundo informe para evitar incertidumbres en sectores no políticos.
Por otro lado, Verónica Iñiguez (RC) alegó vicios de inconstitucionalidad. Argumentó que el proyecto vulnera el principio de “unidad de la materia” al mezclar reformas ambientales, energéticas y de seguridad estratégica con las Fuerzas Armadas. Alfredo Serrano del Partido Social Cristiano (PSC) mostró una postura intermedia; aunque apoyó muchos aspectos de la ley, sugirió mantener la figura de la “licencia ambiental” para proyectos grandes. También solicitó reabrir canteras de material pétreo en Galápagos, afirmando que las construcciones allí llevan ocho meses paralizadas.
Finalmente, tras no alcanzar los votos necesarios para el archivo (62 a favor del archivo frente a 75 negativos del oficialismo), el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, dispuso que el texto regrese a la Comisión de Desarrollo Económico. Esta mesa deberá recoger las observaciones y elaborar el informe para el segundo y definitivo debate.
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Oposición polarizada
Desde Guayquil, la sesión estuvo marcada por la polarización. El asambleísta Diego Salas (RC) lideró la oposición al proyecto. Salas calificó la iniciativa como un paquete legislativo “a la carrera” que otorga un “cheque en blanco” al Ejecutivo para intervenir en áreas sensibles. Además, denunció que la norma sustituye la licencia ambiental por una “autorización ambiental”, lo que, según él, elimina candados de protección y establece un “silencio administrativo encubierto”.
Defensa del oficialismo
Desde el oficialismo, Alejandro Lara (ADN) defendió la urgencia de la reforma. Según Lara, el proyecto busca corregir déficits millonarios en los sectores minero y eléctrico mediante cuatro ejes:
- Agilizar la inversión formal.
- Fortalecer la recaudación estatal para que las regalías se queden en los territorios.
- Permitir la participación privada en generación eléctrica.
- Fomentar el autoabastecimiento para evitar racionamientos.
@alejo_laraP enfatiza: “Esta reforma es una apuesta a la transparencia, a la inversión y al desarrollo“
Señala los cuatro ejes principales del proyecto económico urgente:
Agilizar la inversión formal en la minería
Fortalecer la capacidad de control y de recaudación del… pic.twitter.com/YU8a9kxX2J
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) February 20, 2026
Aportes técnicos
Adrián Castro (ADN) también defendió los aportes del oficialismo, asegurando que son técnicos y buscan seguridad jurídica. Sin embargo, admitió que la definición de “autorización ambiental” debe esclarecerse en el segundo informe para evitar incertidumbres en sectores no políticos.
Vicios de inconstitucionalidad
Por otro lado, Verónica Iñiguez (RC) alegó vicios de inconstitucionalidad. Argumentó que el proyecto vulnera el principio de “unidad de la materia” al mezclar reformas ambientales, energéticas y de seguridad estratégica con las Fuerzas Armadas. Alfredo Serrano del Partido Social Cristiano (PSC) mostró una postura intermedia; aunque apoyó muchos aspectos de la ley, sugirió mantener la figura de la “licencia ambiental” para proyectos grandes. También solicitó reabrir canteras de material pétreo en Galápagos, afirmando que las construcciones allí llevan ocho meses paralizadas.
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Regreso a comisión
Finalmente, tras no alcanzar los votos necesarios para el archivo (62 a favor del archivo frente a 75 negativos del oficialismo), el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, dispuso que el texto regrese a la Comisión de Desarrollo Económico. Esta mesa deberá recoger las observaciones y elaborar el informe para el segundo y definitivo debate.
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