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Maria Nuñez Chacón
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Pese a que en la última década la población que se queda sin estudios secundarios o menos ha reducido su porcentaje, pasando del 67% al 55%, todavía hay muchas personas que no logran acceder a un título y oportunidades, de hecho, en la actualidad un 48,7% de las personas desempleadas se encuentran en esta condición.
Si bien aumentó la proporción de desempleados con mayores niveles educativos, el dato sigue siendo significativo, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) analizados por el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (OES-UNA), en el cuarto trimestre del 2025 se contabilizaron 71.843 personas desempleadas con secundaria incompleta o menos, mientras que, en el mismo período del 2024, el dato era de 70.146 personas, evidenciando un deterioro de un año al otro.
Y si se observa de manera porcentual, las cifras son aún más contundentes, porque ese 48,7% de personas desempleadas con secundaria incompleta o menos significó un incremento con respecto al cuarto trimestre del 2024, cuando representaban un 42,6%.
Si bien hubo avance de la última década en la proporción de personas de 15 años y más que tienen estudios superiores y también educación secundaria completa, los datos muestran que en el último año hubo una desmejora, sumado a que el mercado laboral también ha elevado el estándar mínimo de empleabilidad.
Roxana Morales, economista y coordinadora de la OES-UNA aclaró que el mercado laboral es cada vez más exigente en cuanto a los requerimientos técnicos, habilidades, incluso carreras profesionales, lo que hace más difícil para las personas que no han logrado terminar la educación secundaria obtener un puesto de trabajo.
“Actualmente, no completar la secundaria representa una desventaja significativamente mayor que hace diez años. El crecimiento económico se concentra en sectores que demandan mayores competencias, lo que convierte a la educación en un requisito cada vez más determinante para acceder a oportunidades laborales”, detalló la experta.
Precisamente, la sofisticación y la concentración en actividades económicas de mayor valor agregado, deja a quienes no culminan la secundaria en una posición de desventaja y alta vulnerabilidad, no solo de quedar en el desempleo, sino de ser presa de redes de crimen organizado que los puedan reclutar.
Dagoberto Murillo, investigador del Informe Estado de la Educación coincidió con este criterio y recordó que al hacer un recorrido desde el año 2000, los niveles de exclusión eran superiores que los actuales, pero desde el 2020 el país enfrenta una situación atípica —marcada por la pandemia— lo que ha implicado que miles de jóvenes estén fuera de las aulas.
Con un mundo que exige ese desarrollo de competencias, las personas que no concluyen la secundaria o menos tienen pocas oportunidades de acceder a trabajos de calidad, están expuestas al desempleo, ingresos inferiores, menos estabilidad y pocas alternativas para llevar la vida que desean.
Morales aclaró que, si bien se dio esa baja en los históricos de las personas desempleadas que no tienen secundaria, es necesario entender que se ha dado un fenómeno diferenciado, y es que muchas personas con bajo perfil educativo se han salido de la fuerza laboral, y no están buscando empleo, lo que los excluye de las estadísticas de desempleo.
Para el cuarto trimestre de 2025 se registraron 147.453 personas desempleadas, casi la mitad de las observadas en el mismo período de 2019 (previo a la pandemia), cuando sumaban 309.465.
“Esta reducción no responde a una mayor generación de empleo, sino a la salida de personas del mercado laboral. La población fuera de la fuerza de trabajo aumentó un 32% en los últimos seis años, al pasar de 1.471.375 a 1.944.243”, aclaró.
Entonces el país enfrenta un proceso sostenido de contracción del mercado laboral, acompañado de una creciente concentración en la creación de empleos, mientras que cada vez menos personas participan y los nuevos puestos se generan principalmente en actividades de alta calificación, lo que profundiza las brechas laborales existentes.
Este patrón, señala el estudio de la OES-UNA, afecta de manera desproporcionada a las mujeres, a las personas jóvenes y a quienes presentan menores niveles educativos, por lo que la disminución de los indicadores no puede interpretarse como una mejora estructural del mercado laboral, sino como el resultado de un proceso de contracción y recomposición excluyente.
Los jóvenes excluidos
De acuerdo con Olmer Núñez Sosa, jefe del Departamento de Análisis Estadístico del Ministerio de Educación Pública (MEP) un total de 18.969 jóvenes fueron excluidos del sistema educativo público al cierre del 2025, con respecto a la matrícula inicial de ese año, eso sin contar centros educativos privados, horarios diferenciados, técnicos nocturnos, Educación Abierta, entre otros.
Esa cantidad de estudiantes fueron registrados en la plataforma SABER y representan un 1,9% del total de personas matriculadas a inicio del curso del año pasado, pero el porcentaje varía según la dirección regional y zona del país.
Por ejemplo, en Cañas la exclusión alcanzó el 2,8%; en la zona de Grande de Térraba un 3%; en la dirección Peninsular y en San Carlos fue de 3,1%; en Puntarenas el 3,3%; y en Liberia el 3,6%.
Para Dagoberto Murillo del Estado de la Educación, hay una expresión territorial muy clara en estos datos, con zonas rurales donde la exclusión es superior al promedio nacional; restando oportunidades, dejando a las personas en situación de vulnerabilidad, expuestas a enormes riesgos de terminar en actividades no formales y en el peor de los escenarios caer en las manos del mercado ilícito o el crimen organizado.
“Logramos avanzar desde el año 2000, con el aumento en la inversión, la incursión de las becas Avancemos y otros apoyos para la atención de la permanencia, como alertas tempranas para evitar la exclusión escolar, pero en los últimos años hemos bajado la guardia. Claro que es un fenómeno multifactorial, hay un tema de sobreedad, hogares con bajo nivel de escolaridad (seis años o menos de educación), pero todas inciden en el nivel de empleo”, explicó el investigador.
Los jóvenes que provienen de familias con bajos niveles de escolaridad en muchas ocasiones deciden salir del sistema formal, porque cuando les corresponde hacer trabajos de matemáticas o inglés no tienen a quién pedirles ayuda, y si el dinero no alcanza, el país debería ofrecer acompañamiento académico.
La violencia y la inseguridad también es un elemento que juega en contra, pues los jóvenes que tienen temor de ser asaltados camino al colegio o no tienen acceso a transporte seguro, deciden dejar de asistir, según estudios hechos por el Estado de la Educación.
Un análisis realizado en julio del año pasado por parte del programa de televisión UNA Mirada mencionó que está científicamente comprobado que cuanto mayores o peores sean las condiciones de riesgo en la infancia o adolescencia, es mayor la probabilidad de que esa persona se vea involucrada o reclutada por organizaciones criminales, las cuales se aprovechan de los jóvenes, pues saben que no van a medir las consecuencias de sus actos.
Una verdad incómoda
Para la psicóloga Catalina Chaves Fournier, directora ejecutiva de la Fundación Casa de los Niños, los jóvenes que viven en vulnerabilidad siguen cargando con el costo más alto del sistema y la evidencia es clara: cuando un estudiante recibe acompañamiento emocional temprano, la probabilidad de exclusión disminuye significativamente.
“Esta sigue siendo una gran deuda del sistema educativo costarricense. Los retrasos del curso lectivo, las reestructuraciones y la inestabilidad institucional pueden parecer manejables para ciertos sectores. Pero para un joven en riesgo, cada cambio se convierte en una carga; un adolescente que vive miedo en su casa, incertidumbre en su barrio y silencio en su escuela está emocionalmente agotado antes de siquiera abrir un cuaderno”, señaló Chaves Fournier.
Desde su perspectiva, muchos menores de edad llegan arrastrando al aula violencia familiar, ausencia afectiva e inseguridad comunitaria; y un cerebro en estado de alarma no aprende, no se concentra y no ve futuro, de ahí que resulta imprescindible que los centros educativos cuenten con un psicólogo escolar, y que, en vez de ser visto como un lujo, se resalte como un pilar del sistema educativo moderno.
Fue enfática en que los jóvenes no se van porque no puedan aprender; sino porque no encuentran un lugar donde sanar, ya que, si la escuela no es un espacio emocionalmente seguro, la calle siempre ganará.
“Cuando un joven se siente seguro, se queda. Cuando se queda, aprende. Y al aprender, rompe ciclos que Costa Rica no ha logrado romper en décadas. Hay que considerar que la exclusión escolar es, ante todo, emocional y mientras el país no atienda esa raíz, seguirá perdiendo generaciones completas”, concluyó Chaves Fournier.
La entrada En Costa Rica casi la mitad de personas que carecen de un empleo tampoco tienen el bachillerato aparece primero en Semanario Universidad.
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