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Paola Gavilanes
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La Empresa de Pasajeros de Quito (Epmtpq) negó este 10 de diciembre de 2025 cualquier irregularidad en el proceso de adquisición de los 60 trolebuses eléctricos que ya operan en la ciudad.
La institución respondió al informe presentado por la Contraloría General del Estado y aseguró que la compra cumplió con la ley, se realizó con transparencia y se ejecutó a un costo menor al presupuesto referencial.
Según la Epmtpq, la modernización del sistema Trolebús representó una decisión “histórica” tras 28 años sin renovar la flota. La entidad afirmó que el proceso siguió los resguardos constitucionales y jurídicos, y se apoyó en la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), organismo con experiencia en adquisiciones públicas en 143 países. Entre esos proyectos, la empresa recordó compras de ambulancias en Ecuador, infraestructura de salud en Brasil y cablebuses en México.
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La Epmtpq aseguró que las conclusiones del examen DNA6-EP-0003-2025 carecen de sustento técnico y legal. Afirmó que el organismo de control no consideró todos los justificativos entregados durante el proceso de auditoría.
Según la empresa, la documentación demuestra que la contratación respetó la Constitución, los convenios internacionales aplicables a las agencias de la ONU y la Ley de Contratación Pública.
La institución también señaló que cada avance visible en la ciudad suele enfrentar intentos de frenar el trabajo municipal o afectar la honra de los funcionarios involucrados. En ese contexto, insistió en que continuará defendiendo la legitimidad de la adquisición en instancias nacionales e internacionales.
La empresa añadió que estos informes no solo impactan a una administración, sino también a cientos de empleados que cumplen su función conforme a la ley y a los ciudadanos que esperan mejoras en el transporte público.
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El informe de Contraloría señala que el proceso de adquisición de los trolebuses se originó con un memorando de entendimiento firmado entre el alcalde de Quito y la UNOPS.
Ese documento abrió la puerta, según el organismo, a un esquema de contratación distinto al que exigen las normas de inversión pública.
La Contraloría indicó que el Gerente General de la Epmtpq inició la contratación sin respetar los procedimientos previstos para bienes normalizados, como los trolebuses.
El examen sostiene que el proceso avanzó sin subasta inversa, sin la coordinación previa requerida y sin aplicar el proyecto de inversión aprobado.
El organismo aclaró que la responsabilidad del alcalde se limita al origen del proceso debido a su firma en el memorando, pero no identificó responsabilidades administrativas, civiles o penales en su contra.
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El informe estableció responsabilidades civiles por 2,5 millones de dólares, correspondientes a pagos efectuados a la UNOPS sin utilizar los procedimientos de contratación pública.
También identificó responsabilidades administrativas por 79 970 dólares y detectó indicios de responsabilidad penal, cuyo traslado a la Fiscalía ya fue dispuesto.
Además, el examen advirtió incumplimientos técnicos en 15 de las 80 especificaciones establecidas para los trolebuses eléctricos. Según Contraloría, la aprobación del prototipo y la recepción de las unidades avanzaron sin un análisis técnico que justificara los cambios.
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La institución respondió al informe presentado por la Contraloría General del Estado y aseguró que la compra cumplió con la ley, se realizó con transparencia y se ejecutó a un costo menor al presupuesto referencial.
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Empresa de Pasajeros de Quito defiende compra de trolebuses y rechaza informe de Contraloría
Según la Epmtpq, la modernización del sistema Trolebús representó una decisión “histórica” tras 28 años sin renovar la flota. La entidad afirmó que el proceso siguió los resguardos constitucionales y jurídicos, y se apoyó en la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), organismo con experiencia en adquisiciones públicas en 143 países. Entre esos proyectos, la empresa recordó compras de ambulancias en Ecuador, infraestructura de salud en Brasil y cablebuses en México.
Lee más: Los 46 nuevos trolebuses 100% eléctricos ya sirven a Quito
Empresa de Pasajeros cuestiona fundamentos del informe de Contraloría
La Epmtpq aseguró que las conclusiones del examen DNA6-EP-0003-2025 carecen de sustento técnico y legal. Afirmó que el organismo de control no consideró todos los justificativos entregados durante el proceso de auditoría.
Según la empresa, la documentación demuestra que la contratación respetó la Constitución, los convenios internacionales aplicables a las agencias de la ONU y la Ley de Contratación Pública.
La institución también señaló que cada avance visible en la ciudad suele enfrentar intentos de frenar el trabajo municipal o afectar la honra de los funcionarios involucrados. En ese contexto, insistió en que continuará defendiendo la legitimidad de la adquisición en instancias nacionales e internacionales.
La empresa añadió que estos informes no solo impactan a una administración, sino también a cientos de empleados que cumplen su función conforme a la ley y a los ciudadanos que esperan mejoras en el transporte público.
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Contraloría explica cómo inició la contratación mediante la Unops
El informe de Contraloría señala que el proceso de adquisición de los trolebuses se originó con un memorando de entendimiento firmado entre el alcalde de Quito y la UNOPS.
Ese documento abrió la puerta, según el organismo, a un esquema de contratación distinto al que exigen las normas de inversión pública.
La Contraloría indicó que el Gerente General de la Epmtpq inició la contratación sin respetar los procedimientos previstos para bienes normalizados, como los trolebuses.
El examen sostiene que el proceso avanzó sin subasta inversa, sin la coordinación previa requerida y sin aplicar el proyecto de inversión aprobado.
El organismo aclaró que la responsabilidad del alcalde se limita al origen del proceso debido a su firma en el memorando, pero no identificó responsabilidades administrativas, civiles o penales en su contra.
Lee más: Quito, con troles eléctricos nuevos para 2022
Responsabilidades y observaciones técnicas señaladas por Contraloría
El informe estableció responsabilidades civiles por 2,5 millones de dólares, correspondientes a pagos efectuados a la UNOPS sin utilizar los procedimientos de contratación pública.
También identificó responsabilidades administrativas por 79 970 dólares y detectó indicios de responsabilidad penal, cuyo traslado a la Fiscalía ya fue dispuesto.
Además, el examen advirtió incumplimientos técnicos en 15 de las 80 especificaciones establecidas para los trolebuses eléctricos. Según Contraloría, la aprobación del prototipo y la recepción de las unidades avanzaron sin un análisis técnico que justificara los cambios.
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