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Daniel Zenteno
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La continuidad de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) quedó abierta a evaluación, luego de que su nuevo gerente interino, Sergio Siles, afirmara que un posible cierre “amerita un análisis exhaustivo” antes de tomar cualquier decisión.
La declaración llega en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades que comprometen a exautoridades de la estatal.
Siles, designado tras la intervención de la empresa, explicó que no sería responsable anticipar un cierre sin una revisión completa de la situación financiera, operativa y documental.
“Un cierre de Emapa o cualquier institución pública no podemos mencionarlo sin un análisis técnico”, sostuvo este miércoles ante los medios y señaló que la entidad tiene inversiones en plantas, contratos vigentes y una compleja logística de distribución que deben ser valorados.
El gerente indicó que la estatal se encuentra en una etapa de diagnóstico sobre su estructura, funcionamiento e infraestructura, lo que permitirá definir escenarios que van desde la continuidad con ajustes hasta una posible alianza público–privada. “Con estos insumos tendremos herramientas para pensar en una alianza público-privada o continuar con un modelo estatal más eficiente y transparente”, afirmó.
El debate sobre el futuro de Emapa también se alimenta de las críticas del sector privado, que sostiene que la empresa estatal generó distorsiones en el mercado, competencia desleal y focos de corrupción.
Las observaciones se intensificaron tras la intervención impulsada por el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua que reveló un presunto daño económico de Bs 95,5 millones solo en los primeros ocho días de revisión.
El caso involucra al exgerente Franklin Flores, actualmente prófugo, y a su esposa, Cintia C.N., enviada preventivamente a la cárcel de Obrajes por presunto favorecimiento y enriquecimiento ilícito.
Además, el secretario general de Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol) Rubén Ríos enfrenta procesos ligados al manejo irregular de harina subvencionada que habría utilizado para beneficiar a sus hijos y su expareja.
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La declaración llega en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades que comprometen a exautoridades de la estatal.
Siles, designado tras la intervención de la empresa, explicó que no sería responsable anticipar un cierre sin una revisión completa de la situación financiera, operativa y documental.
“Un cierre de Emapa o cualquier institución pública no podemos mencionarlo sin un análisis técnico”, sostuvo este miércoles ante los medios y señaló que la entidad tiene inversiones en plantas, contratos vigentes y una compleja logística de distribución que deben ser valorados.
Emapa
El gerente indicó que la estatal se encuentra en una etapa de diagnóstico sobre su estructura, funcionamiento e infraestructura, lo que permitirá definir escenarios que van desde la continuidad con ajustes hasta una posible alianza público–privada. “Con estos insumos tendremos herramientas para pensar en una alianza público-privada o continuar con un modelo estatal más eficiente y transparente”, afirmó.
El debate sobre el futuro de Emapa también se alimenta de las críticas del sector privado, que sostiene que la empresa estatal generó distorsiones en el mercado, competencia desleal y focos de corrupción.
Las observaciones se intensificaron tras la intervención impulsada por el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua que reveló un presunto daño económico de Bs 95,5 millones solo en los primeros ocho días de revisión.
El caso involucra al exgerente Franklin Flores, actualmente prófugo, y a su esposa, Cintia C.N., enviada preventivamente a la cárcel de Obrajes por presunto favorecimiento y enriquecimiento ilícito.
Además, el secretario general de Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol) Rubén Ríos enfrenta procesos ligados al manejo irregular de harina subvencionada que habría utilizado para beneficiar a sus hijos y su expareja.
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