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Mario Bermúdez Vives
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Las finanzas electorales en Costa Rica enfrentan una profunda transformación, que se evidencia en este proceso con la fuerte caída de la propaganda electoral, de las donaciones de campaña y de los préstamos, en contraste con emisiones de bonos de deuda política que mantienen su crecimiento.
Una recopilación de los informes presentados ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por los partidos políticos que buscan la Presidencia reflejó la caída de la inversión en propaganda de ₡799 millones en el proceso 2021-2022 a ₡255 millones en el 2025-2026, un desplome de un 68%. Esto según los reportes al corte de noviembre, último dato disponible.
Gran parte de esta reducción se entiende por la creciente aridez en las donaciones de campaña, que al corte de noviembre del 2021 estaban en ₡1.481 millones, según los reportes de los partidos en la contienda presidencial ante el TSE, y para noviembre de este 2025, la nueva suma apenas alcanzó los ₡351 millones, una caída de un 76%.
La reducción también se aprecia en mecanismos como los préstamos reportados por los partidos, en los que se presentó un descenso de los ₡10.691 millones reportados en el 2021, a los ₡6.971 millones del 2025, es decir, un recorte de 35%.
La excepción a este panorama en rojo es la emisión de los bonos de cesión de derechos de deuda política (bonos de deuda política), que se mantienen al alza, sin haber finalizado la contienda: de los ₡47.980 millones autorizados al final de la campaña del 2022, al corte del 9 de enero del 2025 se han autorizado ₡68.247 millones, un incremento de un 42%.
El partido oficialista Pueblo Soberano (PPSO) encabezó el reporte de donaciones al corte de noviembre, con ₡100 millones. (Imagen de Facebook de PPSO)
Desafío para los partidos
Se debe tomar en cuenta que se trata de un contraste con limitaciones: en el 2022 participaron 25 partidos, y en el 2026 hay 20 en el proceso. Además, solo 13 de las agrupaciones se repiten: no se inscribieron 11 partidos de los comicios anteriores, y además hay 7 agrupaciones que debutan en esta elección presidencial.
No obstante, la reducción de las finanzas políticas se evidencia al repasar el comportamiento de las elecciones en los 13 partidos que repiten su presencia: las contribuciones se hundieron a más de la mitad, con casos de una reducción de un 77% en el Partido Liberación Nacional (PLN), que por años fuera el gigante en esta materia, o de un 88% en el Partido Liberal Progresista (PLP), que fue de los que lideró en la elección pasada.
El panorama apunta a la creciente devaluación de la simpatía de los costarricenses con los partidos políticos. Según mediciones del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, la simpatía con alguna fuerza política, que superaba el 90% en vísperas de 1994, se desinfló a niveles de 20 a 15% en los últimos procesos.
Esto se confabula con la creciente tendencia a un voto cada vez más volátil y que tiende a definirse en forma más tardía, lo que reduce las posibilidades de que las entidades bancarias se sientan confiadas en financiar campañas: de seis partidos que reportaban préstamos con entidades bancarias en el 2022, se pasó a tan solo tres en la actual elección (ver recuadro: “Préstamos pierden crédito”).
Tampoco las opciones de deuda política adelantada parecieran estar al alza: en los reportes del 2021, siete partidos hicieron referencia a ingresos por ₡1.392 millones por este mecanismo. Para el 2025, cuatro agrupaciones mencionaron estos ingresos, por un monto de ₡444 millones (caída de 68%).
Ante ello, pareciera consolidarse la apuesta de los bonos de deuda política. Ello por cuanto las emisiones solo tienen valor si el partido logra la cantidad de votos que respalden los bonos, mediante la deuda política. Además, se requiere que el partido presente informes financieros en regla, para que el TSE avale el pago de este derecho.
No obstante, se trata de una apuesta cada vez más riesgosa: el total de la deuda política aprobada para el actual proceso, ₡39.292 millones, representa apenas un 57% del total de bonos autorizados.
Además, los partidos deben ceder parte del valor para lograr concretarlos. De hecho, en los reportes de colocación, los partidos indicaron que solo habían recibido menos de un 20% del monto transado.
Pero gran parte de ese 80% que no llegó a los partidos fue debido a que la mayoría de estos bonos fueron utilizados como garantía para obtener préstamos. Con lo que los bonos, más que una forma de obtener ingresos frescos a cambio de descuentos que van del 15% a un 4% (incluso a cero en algunos casos), podrían mutar en avales.
A la vez, los bonos ofrecen a colaboradores de los partidos la posibilidad de una contribución maquillada, o la posibilidad de un negocio. Es la transformación de las donaciones, de aporte desinteresado para un proyecto político, a algo que se parece más a una transacción financiera.
Pareciera tema de debate sobre lo que debe ser la evolución de las finanzas electorales y el futuro de las campañas. Pero, de momento, evoca más a una acelerada reducción en los recursos para la decisión de quién debe ser el próximo inquilino de Zapote.
Pueblo Soberano al frente en donaciones
En el pulso para cosechar donaciones para la campaña, hay un nuevo líder: el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), de Laura Fernández, quien, pese a debutar en la campaña presidencial, recopila ₡100 millones, la mayor cantidad al corte de noviembre.
Sin embargo, este liderazgo del PPSO también se relaciona con la caída de las donaciones de otras agrupaciones, que en la pasada campaña cosechaban hasta el doble.
En segundo lugar, aparece el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que postula a Juan Carlos Hidalgo, con ₡76 millones. Es uno de los pocos partidos que logró aumentar con el desempeño a noviembre de la campaña pasada, cuando reportó ₡40 millones.
En la tercera posición aparece el Partido Liberación Nacional (PLN) que busca renovarse con Álvaro Ramos, pero que enfrenta una de las mayores caídas en donaciones, al pasar de ₡161 millones para noviembre del 2021, a apenas ₡36 millones para noviembre del 2025.
Posteriormente aparece el Frente Amplio (FA), liderado por Ariel Robles, que logró una estabilidad, al pasar de ₡24,8 millones a ₡27,4 millones, lo contrario del quinto lugar, el Partido Liberal Progresista (PLP), de Eliécer Feinzaig, que en la anterior campaña fue la sorpresa al captar donaciones por ₡208 millones, y caer en el actual proceso a ₡23 millones, para el corte de noviembre.
El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) volvió a encabezar los montos de emisiones de bonos de deuda política, como lo hizo en 2022. En esta ocasión, autorizó ₡11.000 millones. (Imagen de la campaña del PUSC)
PUSC encabeza montos de emisiones
El PUSC se mantiene como el principal emisor de bonos de deuda política en el país, posición de la cual desplazó al PLN desde el 2018 y que renovó en el 2022 y mantiene en este 2026.
El PUSC encabeza las autorizaciones de bonos con ₡11.000 millones, un 31% mayor que los ₡8.350 de hace cuatro años. Sin embargo, en su último reporte no incluye ingresos por estos títulos, que ha utilizado como garantía para un préstamo.
En segundo lugar aparece el oficialista PPSO, que se animó a aumentar la emisión de ₡5.500 millones de noviembre, a ₡9.500 millones para el corte del 6 de enero. Sin embargo, en su reporte al TSE, indica que solo ha colocado ₡445 millones, con un descuento de ₡65 millones.
La tercera posición es otro protagonista en bonos de deuda, Unidos Podemos, de Natalia Díaz, que en el 2022 emitió ₡4.500 millones —fue el segundo de esa campaña, solo superado por el PUSC— y para el actual proceso se decantó por ₡8.000 millones. No obstante, para el corte de noviembre reportaba ingresos por este rubro por apenas ₡67 millones.
El Partido Integración Nacional (PIN), que impulsa al exministro Luis Amador, se animó a pasar de la casilla 15 de la campaña pasada (₡1.050 millones) a la cuarta posición, con ₡5.615 millones, mientras la Unión Costarricense Democrática (UCD), con Boris Molina, aparece en la quinta casilla, con ₡5.000 millones.
Resulta llamativo el caso del PLN, que fuera el primer lugar hasta el 2014, pero ya en la anterior campaña descendió al tercer lugar, con una emisión de ₡4.400 millones. Para esta coyuntura apenas aparece en la novena posición, con ₡3.400 millones.
La coalición Agenda Ciudadana fue la agrupación que reportó la mayor inversión en propaganda electoral a noviembre, con ₡72 millones. (Imagen de la campaña de Agenda Ciudadana)
Agenda Ciudadana lidera propaganda
La coalición Agenda Ciudadana, con la candidatura de Claudia Dobles, se convirtió en la fuerza que reportó una mayor inversión en la propaganda electoral al corte de noviembre.
Lo hizo con una inversión de casi ₡72 millones, de los cuales destinó ₡62 millones a servicios de audio y video, y ₡6 millones a internet.
De esta forma desplazó al PUSC, que reportó 51 millones en gastos, distribuidos mayoritariamente en televisión (₡37 millones) y vallas (₡13 millones). Los socialcristianos habían sido los mayores inversionistas en propaganda para noviembre del 2021, cuando reportaron ₡161 millones.
En la tercera posición aparece el oficialista PPSO, con ₡37 millones, orientados principalmente a televisión (₡18 millones) y a vallas (₡13,9 millones), mientras en cuarta posición aparece otro debutante en la carrera a Zapote, la agrupación Avanza de José Aguilar, con ₡24 millones, que ha canalizado casi exclusivamente en radio (₡13,7 millones) y televisión (₡10 millones).
Para el quinto escaño, aparece el FA con ₡23,5 millones, un salto significativo con respecto a la inversión de ₡1,5 millones a esta altura de la campaña pasada, mientras la nota significativa vuelve a ser la caída del PLN, que hace cuatro años estaba en la cuarta posición, con ₡113 millones, y ahora se ubica en una novena posición, con ₡9,9 millones al reporte de noviembre.
Préstamos pierden crédito
Los préstamos tienen menos protagonismo en esta elección. Para los comicios del 2022, seis agrupaciones reportaron créditos con entidades bancarias: el PLN, el PUSC, Nueva República (NR) de Fabricio Alvarado, Costa Rica Justa —encabezada por Roland Araya—, el FA y Restauración Nacional, del fallecido Eduardo Cruikshank, por un monto total de ₡7.752 millones.
Este financiamiento se redujo, de momento, a solo tres agrupaciones: el PLN, el PUSC y el FA, que han negociado líneas de crédito por hasta ₡6.300 millones, garantizadas por emisiones de bonos.
Esta reducción tiene sentido, dada la incertidumbre que se genera en el proceso electoral con niveles de indecisos de hasta un 50%, lo que hace complicadas proyecciones seguras.
Además, no hay mucha trayectoria que brinde pistas del apoyo que pueden lograr los participantes: más del 60% de los partidos que buscan la Presidencia solo han corrido en una elección, o son debutantes.
Ante ellos, las opciones crediticias con bancos se ponen cuesta arriba. Pero no quiere decir que sean la única posibilidad. De hecho, para noviembre del 2021, los partidos reportaron hasta ₡10.691 millones en créditos, pero dos agrupaciones —el Movimiento Libertario y el PASE— lo hicieron con préstamos realizados por partidarios.
Para la actual campaña, seis agrupaciones están reportando estas operaciones crediticias con partidarios, en lugar de bancos, por un monto de ₡671 millones. Tan solo representa un 10% del total de los créditos, pero evidencia que hay una necesidad de recursos para los partidos… y que algunos simpatizantes están decantando por prestar antes que donar a sus filas.
La entrada Elecciones 2026: propaganda y donaciones se desploman, pero crece apuesta por bonos aparece primero en Semanario Universidad.
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