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El Tribunal Supremo (TS) considera probado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue el encargado de la filtración de datos de Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- "con intervención directa o a través de un tercero pero" siempre con "pleno conocimiento y aceptación", según el relato de hechos que da por acreditados tras el juicio.
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