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El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, que investiga posibles irregularidades en el fraccionamiento de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia gaditana, ha pedido un informe pericial a la Intervención General del Estado (IGAE) que, entre otros aspectos, incluya un "análisis global e integral de la contratación menor fraccionada bajo sospecha de ilicitud" y determine "el daño producido al erario público". La denuncia de Podemos Andalucía que dio origen a la investigación judicial se centra en posibles fraccionamientos de contratos menores por un importe de 235,4 millones de euros.
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