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Gladys Rivadeneira
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El juez Carlos Serrano, quien renunció por supuestas amenazas desde el Consejo de la Judicatura (CJ) por el fallo en un caso de lavado de activos y narcotráfico, reaccionó la tarde de este lunes 5 de enero de 2026 a la comparecencia que Mario Godoy, presidente del CJ, realizó a la Asamblea.
Tras renunciar a inicios de diciembre, el juez Carlos Serrano se pronunció públicamente por primera vez sobre su salida del cargo.
Lo hizo horas después de la comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, al Pleno de la Asamblea.
Godoy fue llamado al Pleno del Legislativo justamente para responder por las supuestas amenazas que Serrano habría recibido desde el CJ, específicamente, desde la Dirección Provincial de Pichincha.
Le puede interesar: Mario Godoy aseguró que Aquiles Alvarez busca frenar su audiencia en el caso Triple A
El juez Anticorrupción Carlos Serrano preguntó: “¿ustedes creen que algún juez del país se va a arriesgar a denunciar presiones y a jugarse el pellejo?“, después de las declaraciones de Mario Godoy.
“El nivel de escrutinio hacia mí ha sido tal que, al no encontrar nada relevante, hasta el tiempo de despacho se mencionó”, agregó.
Serrano manifestó que una función judicial libre e independiente “acoge a la víctima y le da respaldo, no la convierte en su enemigo”.
Más noticias: Mario Godoy niega enlace con caso del juez Carlos Serrano; estos son sus argumentos
“Renuncié a mi tranquilidad para dar algo de paz a este país que tanto amo y como respuesta fui abandonado por el CJ cuando me opuse a quebrantar mi juramento como juez y grabé a quien me quiso presionar desde el poder. Me voy con la frente en alto y el corazón desecho“, añadió.
El ministro del Interior, John Reimberg, señaló en diciembre que el juez Carlos Serrano salió del país.
El escándalo que rodea a Mario Godoy se originó por el caso Euro 2024. El 20 de noviembre de 2025 se dictó una sentencia condenatoria de 10 años de prisión contra el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, spor lavado de activos dentro del caso Euro 2024, que investiga vínculos con la mafia balcánica.
Durante una audiencia telemática realizada desde la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, el procesado realizó una señal de muerte dirigida a Serrano, integrante del tribunal que emitió la sentencia.
En ese caso, Serrano tuvo presiones internas para favorecer al procesado extranjero. Según las denuncias, un supuesto alto funcionario del Consejo de la Judicatura le pidió ‘poner atención’ en el caso de Srdan. El juez aseguró que grabó esa conversación y, el 4 de diciembre, presentó su renuncia al cargo.
El caso escaló hasta Mario Godoy, señalado por un supuesto conflicto de intereses, ya que la defensa de Srdan estuvo a cargo del estudio jurídico de Dolores Vintimilla, esposa del funcionario.
Aunque, ella indicó que dejó esa defensa en noviembre de 2024, cuando contrajo matrimonio con Godoy. El presidente de la Judicatura sostuvo que los señalamientos constituyen un ataque personal contra él y su familia.
Tanto Godoy como Vintimilla enfrentan una denuncia en la Fiscalía General del Estado por supuesta delincuencia organizada. La acción fue impulsada por los abogados Jorge Eduardo Moreno Ordóñez y Juan Francisco Morales.
Godoy sostuvo que el Consejo de la Judicatura no administra ni dispone directamente la seguridad policial de jueces ni de servidores judiciales. Indicó que esos esquemas corresponden a autoridades competentes, como el Ministerio del Interior y la Policía, con base en informes técnicos.
Precisó que la Judicatura puede solicitar, informar y dar seguimiento, pero no ordenar ni ejecutar medidas de protección policial por cuenta propia, ya que eso vulneraría la independencia de funciones. Detalló que, a escala nacional, 47 jueces cuentan con seguridad estatal y que 15 de los 19 jueces protegidos en Pichincha pertenecen a la Unidad Anticorrupción.
Godoy afirmó que el señalamiento sobre un supuesto retiro deliberado de seguridad a el juez Serrano constituye una farsa. Aseguró que en ningún momento se le quitó la protección y sostuvo que no existe un solo elemento fáctico ni documental que respalde esa versión.
Godoy indicó que el juez Serrano presentó una renuncia voluntaria e irrevocable el 4 de diciembre de 2025. Explicó que ese mismo día se activaron las actuaciones internas y que los informes administrativos quedaron listos al día siguiente para continuar el trámite conforme a la normativa interna.
Señaló que la renuncia de un juez no produce efectos automáticos y que su aceptación exige un análisis administrativo previo, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio judicial.
Godoy afirmó que la renuncia del juez Serrano se relacionó con procesos judiciales en trámite, varios de alta complejidad. Mencionó dos casos de delincuencia organizada, uno de extorsión, uno de secuestro y uno de lavado de activos.
Añadió que en esas causas constan objetivos de alto valor, como alias “Comandante Carlitos” y alias “Negro Tulio”, vinculados a bandas narcodelictivas y grupos de delincuencia organizada.
Godoy calificó como una falacia la versión que sostiene que el juez Serrano fue obligado a integrar el tribunal del caso Triple A.
Mostró el acta de sorteo del 24 de julio de 2025 y aseguró que el juez Serrano integró ese tribunal desde el primer momento.
Sostuvo que afirmar que se lo obligó a fallar a favor o en contra de un sujeto procesal forma parte de un “circo político” orientado a enjuiciarlo.
Godoy se refirió a un segundo hecho ocurrido el 11 de noviembre de 2025, relacionado con una investigación penal abierta a pedido suyo. Indicó que evitó profundizar en ese punto por respeto al proceso en curso.
Godoy afirmó que, en noviembre de 2025, los jueces Cristian Fierro y el juez Serrano dictaron sentencia oral y declararon la responsabilidad de un ciudadano serbio en un proceso por lavado de activos.
Godoy afirmó que hasta ahora no existen elementos en la Fiscalía que confirmen la existencia de los presuntos audios en los que Henry Gaibor habría presionado al juez Serrano para fallar a favor de un narcotraficante serbio.
Señaló que fue él quien puso estos hechos en conocimiento de la Fiscalía, solicitó la renuncia del funcionario y pidió el inicio de acciones administrativas.
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La reacción del juez Carlos Serrano a la comparecencia de Mario Godoy a la Asamblea
Tras renunciar a inicios de diciembre, el juez Carlos Serrano se pronunció públicamente por primera vez sobre su salida del cargo.
Lo hizo horas después de la comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, al Pleno de la Asamblea.
Godoy fue llamado al Pleno del Legislativo justamente para responder por las supuestas amenazas que Serrano habría recibido desde el CJ, específicamente, desde la Dirección Provincial de Pichincha.
Le puede interesar: Mario Godoy aseguró que Aquiles Alvarez busca frenar su audiencia en el caso Triple A
El pronunciamiento del juez Carlos Serrano
El juez Anticorrupción Carlos Serrano preguntó: “¿ustedes creen que algún juez del país se va a arriesgar a denunciar presiones y a jugarse el pellejo?“, después de las declaraciones de Mario Godoy.
“El nivel de escrutinio hacia mí ha sido tal que, al no encontrar nada relevante, hasta el tiempo de despacho se mencionó”, agregó.
‘Fui abandonado por el Consejo de la Judicatura’
Serrano manifestó que una función judicial libre e independiente “acoge a la víctima y le da respaldo, no la convierte en su enemigo”.
Más noticias: Mario Godoy niega enlace con caso del juez Carlos Serrano; estos son sus argumentos
“Renuncié a mi tranquilidad para dar algo de paz a este país que tanto amo y como respuesta fui abandonado por el CJ cuando me opuse a quebrantar mi juramento como juez y grabé a quien me quiso presionar desde el poder. Me voy con la frente en alto y el corazón desecho“, añadió.
El ministro del Interior, John Reimberg, señaló en diciembre que el juez Carlos Serrano salió del país.
Las presiones al juez Carlos Serrano por un juicio
El escándalo que rodea a Mario Godoy se originó por el caso Euro 2024. El 20 de noviembre de 2025 se dictó una sentencia condenatoria de 10 años de prisión contra el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, spor lavado de activos dentro del caso Euro 2024, que investiga vínculos con la mafia balcánica.
Durante una audiencia telemática realizada desde la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, el procesado realizó una señal de muerte dirigida a Serrano, integrante del tribunal que emitió la sentencia.
En ese caso, Serrano tuvo presiones internas para favorecer al procesado extranjero. Según las denuncias, un supuesto alto funcionario del Consejo de la Judicatura le pidió ‘poner atención’ en el caso de Srdan. El juez aseguró que grabó esa conversación y, el 4 de diciembre, presentó su renuncia al cargo.
Señalamientos contra el presidente del Consejo de la Judicatura
El caso escaló hasta Mario Godoy, señalado por un supuesto conflicto de intereses, ya que la defensa de Srdan estuvo a cargo del estudio jurídico de Dolores Vintimilla, esposa del funcionario.
Aunque, ella indicó que dejó esa defensa en noviembre de 2024, cuando contrajo matrimonio con Godoy. El presidente de la Judicatura sostuvo que los señalamientos constituyen un ataque personal contra él y su familia.
Tanto Godoy como Vintimilla enfrentan una denuncia en la Fiscalía General del Estado por supuesta delincuencia organizada. La acción fue impulsada por los abogados Jorge Eduardo Moreno Ordóñez y Juan Francisco Morales.
Las declaraciones de Mario Godoy en el Pleno de la Asamblea
Godoy sostuvo que el Consejo de la Judicatura no administra ni dispone directamente la seguridad policial de jueces ni de servidores judiciales. Indicó que esos esquemas corresponden a autoridades competentes, como el Ministerio del Interior y la Policía, con base en informes técnicos.
Precisó que la Judicatura puede solicitar, informar y dar seguimiento, pero no ordenar ni ejecutar medidas de protección policial por cuenta propia, ya que eso vulneraría la independencia de funciones. Detalló que, a escala nacional, 47 jueces cuentan con seguridad estatal y que 15 de los 19 jueces protegidos en Pichincha pertenecen a la Unidad Anticorrupción.
Godoy afirmó que el señalamiento sobre un supuesto retiro deliberado de seguridad a el juez Serrano constituye una farsa. Aseguró que en ningún momento se le quitó la protección y sostuvo que no existe un solo elemento fáctico ni documental que respalde esa versión.
Renuncia del juez Serrano no tuvo efectos automáticos
Godoy indicó que el juez Serrano presentó una renuncia voluntaria e irrevocable el 4 de diciembre de 2025. Explicó que ese mismo día se activaron las actuaciones internas y que los informes administrativos quedaron listos al día siguiente para continuar el trámite conforme a la normativa interna.
Señaló que la renuncia de un juez no produce efectos automáticos y que su aceptación exige un análisis administrativo previo, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio judicial.
Vinculación de la renuncia con procesos judiciales complejos
Godoy afirmó que la renuncia del juez Serrano se relacionó con procesos judiciales en trámite, varios de alta complejidad. Mencionó dos casos de delincuencia organizada, uno de extorsión, uno de secuestro y uno de lavado de activos.
Añadió que en esas causas constan objetivos de alto valor, como alias “Comandante Carlitos” y alias “Negro Tulio”, vinculados a bandas narcodelictivas y grupos de delincuencia organizada.
Rechazó que el juez Serrano fuera forzado a integrar un tribunal
Godoy calificó como una falacia la versión que sostiene que el juez Serrano fue obligado a integrar el tribunal del caso Triple A.
Mostró el acta de sorteo del 24 de julio de 2025 y aseguró que el juez Serrano integró ese tribunal desde el primer momento.
Sostuvo que afirmar que se lo obligó a fallar a favor o en contra de un sujeto procesal forma parte de un “circo político” orientado a enjuiciarlo.
Godoy mencionó una investigación penal posterior
Godoy se refirió a un segundo hecho ocurrido el 11 de noviembre de 2025, relacionado con una investigación penal abierta a pedido suyo. Indicó que evitó profundizar en ese punto por respeto al proceso en curso.
Godoy afirmó que, en noviembre de 2025, los jueces Cristian Fierro y el juez Serrano dictaron sentencia oral y declararon la responsabilidad de un ciudadano serbio en un proceso por lavado de activos.
Godoy se refirió a los supuestos audios con Henry Gaibor
Godoy afirmó que hasta ahora no existen elementos en la Fiscalía que confirmen la existencia de los presuntos audios en los que Henry Gaibor habría presionado al juez Serrano para fallar a favor de un narcotraficante serbio.
Señaló que fue él quien puso estos hechos en conocimiento de la Fiscalía, solicitó la renuncia del funcionario y pidió el inicio de acciones administrativas.
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