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Marcos Vaca
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Ecuador vuelve a mirar al cielo con preocupación. La época invernal, que ya se ha mostrado intensa, desnuda otra vez las vulnerabilidades del país frente a los fenómenos naturales.
Esta semana dejó imágenes difíciles de procesar: una madre y su hija sobrevivieron al aluvión ocurrido el 18 de febrero en Alausí, un video que se difundió ampliamente el 19 de febrero de 2026. En paralelo, se reportó la muerte de un niño de ocho años por un deslizamiento en Cotopaxi. Son hechos distintos, unidos por la misma pregunta de fondo: ¿estamos preparados?
En la última semana, el temporal también dejó emergencias en Quito, afectaciones y cierres por deslizamientos en la vía Alóag–Santo Domingo, y problemas en carreteras del Austro, especialmente en Azuay. No se trata de episodios aislados.
Según reportes basados en información de Gestión de Riesgos, al menos 598 emergencias se han registrado en el país en lo que va de 2026 —una cifra que puede aumentar en los próximos días conforme avanza la temporada.
Las emergencias no empiezan cuando cae el primer aluvión; empiezan antes, con la tala que debilita laderas, con construcciones en zonas de riesgo, con quebradas usadas como botaderos, con sistemas de monitoreo sin inversión sostenida y con equipos de rescate que operan al límite.
Cabe preguntarse, sin estridencias, si las instituciones, los municipios y los organismos de socorro cuentan con recursos, capacitación y coordinación suficientes para enfrentar un invierno que seguirá siendo exigente. También si las decisiones presupuestarias priorizan lo esencial: fortalecer alertas tempranas, ordenar el territorio y proteger a quienes viven en áreas vulnerables.
Las historias de supervivencia conmueven porque revelan resiliencia. Pero no pueden convertirse en el centro del relato. El objetivo siempre debería ser que esas tragedias no ocurran. Eso implica políticas públicas sostenidas para controlar la deforestación, frenar asentamientos en zonas de alto riesgo, reforzar infraestructura crítica y robustecer el monitoreo hidrometeorológico. Implica, además, educación comunitaria y una gestión territorial que piense a largo plazo.
Hay otro riesgo latente: la politización de las emergencias. Convertir cada desastre en un campo de disputa partidista no salva vidas. La respuesta debe ser técnica y, sobre todo, humana. En el momento crítico, la ciudadanía necesita información clara, coordinación entre niveles de gobierno y acciones concretas en territorio. Después, exige rendición de cuentas y planes verificables de prevención.
El invierno no es una sorpresa. Es un ciclo que se repite. Lo que no debería repetirse es la improvisación. Ecuador necesita pasar del diagnóstico recurrente a la acción permanente: invertir en prevención, ordenar el crecimiento urbano, fortalecer a los equipos de primera respuesta y asumir que el cambio climático añade presión a un sistema ya frágil.
Cada aluvión, cada carretera colapsada y cada familia afectada recuerdan una deuda histórica con la gestión del riesgo. Mientras esa deuda siga creciendo, el país seguirá enfrentando la temporada de lluvias con más angustia que preparación.
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Esta semana dejó imágenes difíciles de procesar: una madre y su hija sobrevivieron al aluvión ocurrido el 18 de febrero en Alausí, un video que se difundió ampliamente el 19 de febrero de 2026. En paralelo, se reportó la muerte de un niño de ocho años por un deslizamiento en Cotopaxi. Son hechos distintos, unidos por la misma pregunta de fondo: ¿estamos preparados?
En la última semana, el temporal también dejó emergencias en Quito, afectaciones y cierres por deslizamientos en la vía Alóag–Santo Domingo, y problemas en carreteras del Austro, especialmente en Azuay. No se trata de episodios aislados.
Según reportes basados en información de Gestión de Riesgos, al menos 598 emergencias se han registrado en el país en lo que va de 2026 —una cifra que puede aumentar en los próximos días conforme avanza la temporada.
Las emergencias no empiezan cuando cae el primer aluvión; empiezan antes, con la tala que debilita laderas, con construcciones en zonas de riesgo, con quebradas usadas como botaderos, con sistemas de monitoreo sin inversión sostenida y con equipos de rescate que operan al límite.
Cabe preguntarse, sin estridencias, si las instituciones, los municipios y los organismos de socorro cuentan con recursos, capacitación y coordinación suficientes para enfrentar un invierno que seguirá siendo exigente. También si las decisiones presupuestarias priorizan lo esencial: fortalecer alertas tempranas, ordenar el territorio y proteger a quienes viven en áreas vulnerables.
Las historias de supervivencia conmueven porque revelan resiliencia. Pero no pueden convertirse en el centro del relato. El objetivo siempre debería ser que esas tragedias no ocurran. Eso implica políticas públicas sostenidas para controlar la deforestación, frenar asentamientos en zonas de alto riesgo, reforzar infraestructura crítica y robustecer el monitoreo hidrometeorológico. Implica, además, educación comunitaria y una gestión territorial que piense a largo plazo.
Hay otro riesgo latente: la politización de las emergencias. Convertir cada desastre en un campo de disputa partidista no salva vidas. La respuesta debe ser técnica y, sobre todo, humana. En el momento crítico, la ciudadanía necesita información clara, coordinación entre niveles de gobierno y acciones concretas en territorio. Después, exige rendición de cuentas y planes verificables de prevención.
El invierno no es una sorpresa. Es un ciclo que se repite. Lo que no debería repetirse es la improvisación. Ecuador necesita pasar del diagnóstico recurrente a la acción permanente: invertir en prevención, ordenar el crecimiento urbano, fortalecer a los equipos de primera respuesta y asumir que el cambio climático añade presión a un sistema ya frágil.
Cada aluvión, cada carretera colapsada y cada familia afectada recuerdan una deuda histórica con la gestión del riesgo. Mientras esa deuda siga creciendo, el país seguirá enfrentando la temporada de lluvias con más angustia que preparación.
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