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Lucía Vásconez
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Con corte a septiembre de 2025, la deuda pública agregada del Sector Público No Financiero (SPNF) del Ecuador ascendió a 83 831 millones de dólares, equivalente al 65 % del PIB, según los datos del Ministerio de Economía y Finanzas. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) entre los principales prestamistas del país.
De los 83 831 millones de dólares que conforman la deuda pública de Ecuador, una parte corresponde a obligaciones internas y otra a compromisos externos.
En ese esquema, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) se consolidan como los principales acreedores del Estado, una condición que marcará el elevado servicio de la deuda que el país deberá afrontar en 2026.
La deuda pública externa de Ecuador alcanza los 46 129,3 millones de dólares. Este componente representa el mayor bloque del endeudamiento total y concentra compromisos con organismos multilaterales y mercados internacionales.
Los acreedores multilaterales representan más de la mitad de la deuda externa. En este grupo se destacan el Fondo Monetario Internacional (FMI) como principal prestamista, con 9 101,6 millones de dólares, seguido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con 4 986,8 millones de dólares. También mantienen una participación relevante el Banco Mundial, a través del BIRF, y la CAF, que financian proyectos y apoyo presupuestario.
Por su parte, los bonos globales conforman cerca de un tercio de la deuda externa, lo que refleja la exposición del país a los mercados internacionales de capital. En cambio, los acreedores bilaterales, como Eximbank China y el Banco de Desarrollo de China, mantienen una participación menor.
La deuda pública interna de Ecuador suma 22 171,7 millones de dólares y se concentra, en su mayoría, en entidades del propio sector público. Los acreedores públicos reúnen casi el 90 % de este componente, lo que confirma que el Estado se financia principalmente dentro de su propia estructura institucional.
El IESS concentra 13 388,8 millones de dólares invertidos en bonos y pagarés del Estado. A ello se suma el sector público financiero, donde destaca el Banco Central del Ecuador, que mantiene una parte relevante de estos títulos.
La presión fiscal se intensifica hacia 2026, cuando el Estado deberá enfrentar un elevado servicio o pago de la deuda. Ese año, los pagos por intereses y amortizaciones superarán los 12 800 millones de dólares, una cifra que equivale a casi tres cuartas partes de los ingresos tributarios previstos.
Solo el pago de intereses absorberá una cuarta parte de esos ingresos y superará los recursos asignados a sectores clave como Defensa, Policía, Educación y Salud. De este modo, el servicio de la deuda se consolida como el principal foco de presión sobre las finanzas públicas, señaló Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Fiscal.
Según Carrera, Ecuador se endeuda por déficit fiscales persistentes y bajo crecimiento económico, lo que obliga al Estado a recurrir a nueva deuda incluso para cubrir gastos corrientes e intereses pasados.
Esta dinámica ha vuelto insostenible el servicio de la deuda, que absorbe una parte creciente del presupuesto y reduce los recursos para educación, salud y seguridad, profundizando el círculo de déficit y endeudamiento.
Para revertir esta situación, el país necesita reformas estructurales que incluyan mayor disciplina fiscal, control del gasto, cambios en la seguridad social y un entorno que atraiga inversión con estabilidad jurídica y tributaria.
Para el docente universitario Pablo Hidalgo, de la UIDE, la deuda que Ecuador enfrentará en 2026 se enmarca en un escenario de alta fragilidad macroeconómica y social.
Si bien el ajuste fiscal con el FMI busca ordenar las finanzas públicas, limita el margen de acción del Estado en un contexto de bajo crecimiento y debilidades laborales.
A su criterio, el elevado servicio de la deuda presionará un presupuesto ya estrecho y podría trasladar el costo del ajuste a los hogares, con el riesgo de profundizar las tensiones sociales y la desigualdad.
Información externa: Ministerio de Finanzas
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El IESS y el FMI concentran la deuda del Ecuador y marcan el desafío fiscal de 2026
De los 83 831 millones de dólares que conforman la deuda pública de Ecuador, una parte corresponde a obligaciones internas y otra a compromisos externos.
En ese esquema, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) se consolidan como los principales acreedores del Estado, una condición que marcará el elevado servicio de la deuda que el país deberá afrontar en 2026.
Deuda externa: alta concentración en multilaterales
La deuda pública externa de Ecuador alcanza los 46 129,3 millones de dólares. Este componente representa el mayor bloque del endeudamiento total y concentra compromisos con organismos multilaterales y mercados internacionales.
Los acreedores multilaterales representan más de la mitad de la deuda externa. En este grupo se destacan el Fondo Monetario Internacional (FMI) como principal prestamista, con 9 101,6 millones de dólares, seguido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con 4 986,8 millones de dólares. También mantienen una participación relevante el Banco Mundial, a través del BIRF, y la CAF, que financian proyectos y apoyo presupuestario.
Por su parte, los bonos globales conforman cerca de un tercio de la deuda externa, lo que refleja la exposición del país a los mercados internacionales de capital. En cambio, los acreedores bilaterales, como Eximbank China y el Banco de Desarrollo de China, mantienen una participación menor.
- Le puede interesar: Ecuador sigue batallando por la inversión extranjera directa; caso Loma Larga pone presión
Deuda interna: el peso recae en el propio Estado
La deuda pública interna de Ecuador suma 22 171,7 millones de dólares y se concentra, en su mayoría, en entidades del propio sector público. Los acreedores públicos reúnen casi el 90 % de este componente, lo que confirma que el Estado se financia principalmente dentro de su propia estructura institucional.
El IESS concentra 13 388,8 millones de dólares invertidos en bonos y pagarés del Estado. A ello se suma el sector público financiero, donde destaca el Banco Central del Ecuador, que mantiene una parte relevante de estos títulos.
Lo que Ecuador deberá pagar en 2026
La presión fiscal se intensifica hacia 2026, cuando el Estado deberá enfrentar un elevado servicio o pago de la deuda. Ese año, los pagos por intereses y amortizaciones superarán los 12 800 millones de dólares, una cifra que equivale a casi tres cuartas partes de los ingresos tributarios previstos.
Solo el pago de intereses absorberá una cuarta parte de esos ingresos y superará los recursos asignados a sectores clave como Defensa, Policía, Educación y Salud. De este modo, el servicio de la deuda se consolida como el principal foco de presión sobre las finanzas públicas, señaló Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Fiscal.
La deuda pública limita la capacidad del Estado
Según Carrera, Ecuador se endeuda por déficit fiscales persistentes y bajo crecimiento económico, lo que obliga al Estado a recurrir a nueva deuda incluso para cubrir gastos corrientes e intereses pasados.
Esta dinámica ha vuelto insostenible el servicio de la deuda, que absorbe una parte creciente del presupuesto y reduce los recursos para educación, salud y seguridad, profundizando el círculo de déficit y endeudamiento.
Para revertir esta situación, el país necesita reformas estructurales que incluyan mayor disciplina fiscal, control del gasto, cambios en la seguridad social y un entorno que atraiga inversión con estabilidad jurídica y tributaria.
Para el docente universitario Pablo Hidalgo, de la UIDE, la deuda que Ecuador enfrentará en 2026 se enmarca en un escenario de alta fragilidad macroeconómica y social.
Si bien el ajuste fiscal con el FMI busca ordenar las finanzas públicas, limita el margen de acción del Estado en un contexto de bajo crecimiento y debilidades laborales.
A su criterio, el elevado servicio de la deuda presionará un presupuesto ya estrecho y podría trasladar el costo del ajuste a los hogares, con el riesgo de profundizar las tensiones sociales y la desigualdad.
Información externa: Ministerio de Finanzas
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