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Lucía Vásconez
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Durante 2025 se ejecutaron 386 operativos de control contra la minería ilegal en Ecuador, informó este miércoles 31 de diciembre el Ministerio de Ambiente y Energía.
Estas acciones generaron una afectación económica superior a 1,16 millones de dólares a las estructuras vinculadas a la extracción ilícita de minerales, según el balance de las entidades de control.
Los operativos se desarrollaron a escala nacional y contaron con la participación de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y el Ministerio de Ambiente y Energía. La minería ilegal es una actividad asociada al deterioro ambiental, a economías criminales y a riesgos para las comunidades cercanas a las zonas de extracción.
Las intervenciones se mantuvieron a lo largo de 2025 en sectores identificados como de alta presencia de minería ilegal. En estos territorios, la extracción ilícita de minerales ha provocado daños a los ecosistemas y ha generado problemas de seguridad.
El balance oficial señala que las acciones buscaron afectar la logística utilizada para esta actividad, mediante la destrucción e inhabilitación de maquinaria, equipos y suministros necesarios para la explotación ilegal.
El control se intensificó en las últimas semanas del año. Entre el 22 y el 28 de diciembre se ejecutaron 11 operativos estratégicos en seis provincias: Zamora Chinchipe, Loja, Chimborazo, Azuay, El Oro y Napo.
Estas provincias concentran zonas consideradas de alta peligrosidad por la presencia de campamentos ilegales y por el uso intensivo de maquinaria pesada para la extracción de minerales.
Como resultado de los operativos, las autoridades reportaron:
La minería ilegal se mantiene como un problema ambiental y de seguridad en varias zonas del país. Su expansión afecta fuentes de agua, ecosistemas sensibles y territorios habitados por comunidades que enfrentan riesgos sanitarios y sociales.
El cierre de 2025 deja un balance de operativos sostenidos y un impacto económico relevante sobre las estructuras que operan al margen de la ley.
Información externa: MAE
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Ecuador intensificó lucha contra la minería ilegal con operativos
Estas acciones generaron una afectación económica superior a 1,16 millones de dólares a las estructuras vinculadas a la extracción ilícita de minerales, según el balance de las entidades de control.
Los operativos se desarrollaron a escala nacional y contaron con la participación de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y el Ministerio de Ambiente y Energía. La minería ilegal es una actividad asociada al deterioro ambiental, a economías criminales y a riesgos para las comunidades cercanas a las zonas de extracción.
Control sostenido durante el año contra la minería ilegal en Ecuador
Las intervenciones se mantuvieron a lo largo de 2025 en sectores identificados como de alta presencia de minería ilegal. En estos territorios, la extracción ilícita de minerales ha provocado daños a los ecosistemas y ha generado problemas de seguridad.
El balance oficial señala que las acciones buscaron afectar la logística utilizada para esta actividad, mediante la destrucción e inhabilitación de maquinaria, equipos y suministros necesarios para la explotación ilegal.
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Intensificación en diciembre
El control se intensificó en las últimas semanas del año. Entre el 22 y el 28 de diciembre se ejecutaron 11 operativos estratégicos en seis provincias: Zamora Chinchipe, Loja, Chimborazo, Azuay, El Oro y Napo.
Estas provincias concentran zonas consideradas de alta peligrosidad por la presencia de campamentos ilegales y por el uso intensivo de maquinaria pesada para la extracción de minerales.
Maquinaria y combustible incautados
Como resultado de los operativos, las autoridades reportaron:
- 6 máquinas destruidas
- 3 máquinas inhabilitadas
- 20 bocaminas destruidas
- 19 zarandas clasificadoras inhabilitadas
- 9 bombas de agua destruidas
- 4 generadores eléctricos destruidos
- 4 830 galones de diésel decomisados e inhabilitados
Impacto ambiental y de seguridad
La minería ilegal se mantiene como un problema ambiental y de seguridad en varias zonas del país. Su expansión afecta fuentes de agua, ecosistemas sensibles y territorios habitados por comunidades que enfrentan riesgos sanitarios y sociales.
El cierre de 2025 deja un balance de operativos sostenidos y un impacto económico relevante sobre las estructuras que operan al margen de la ley.
Información externa: MAE
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