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El Estado de Guatemala enfrenta tres arbitrajes internacionales y reclamos suman Q6 mil 400 millones
El Estado de Guatemala solicitó recientemente ante el Ciadi la anulación del laudo que lo condena a pagar US$64.5 millones a empresa por caso de dos proyectos hidroeléctricos, y otros rubros.
Rosa María Bolaños
5 de diciembre de 2025
|
05:00h
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El país enfrenta varios arbitrajes internacionales en el Ciadi, por proyectos de minería y de energía eléctrica, de los cuales tres casos están activos, según el Mineco. (Foto, Prensa Libre: Shutterstock).
Los montos de los reclamos por tres arbitrajes internacionales presentados entre el 2018 y el 2021, aún activos contra el Estado de Guatemala ante el Ciadi, ascienden a US$843 millones (unos Q6 mil 448.95 millones, al cambio actual).
El dato proviene de las cifras dadas a conocer por el Ministerio de Economía (Mineco) durante una citación de la Comisión de Economía del Congreso el martes 2 de diciembre del 2025, en la que se mencionaron casos en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Ante consultas de los parlamentarios, la ministra de Economía, Gabriela García, cedió la palabra al abogado del Mineco, Jorge Godínez, quien indicó que hay tres arbitrajes activos.
Entre ellos, indicó, figura el arbitraje presentado por la compañía Energía y Renovación Holding, S. A., que llegan a US$70 millones, sumando el laudo y ciertas costas del Ciadi.
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También el presentado por Daniel W. Kappes y Kappes, Cassiday & Associates, por reclamos de alrededor de US$350 millones.
Y otro es del Grupo Energía Bogotá S. A. E. S. P. y Transportadora de Energía de Centroamérica, S. A., por US$423 millones, se añadió.
Estado pide anulación del laudo por US$64.5 millones
En el caso del arbitraje solicitado por Energía y Renovación Holding, S. A., en el 2021, el tribunal del Ciadi emitió el laudo el 31 de marzo del 2025, y falló en contra del Estado de Guatemala, al que condenó a pagar US$64.5 millones. Pero en octubre último Guatemala solicitó anular ese fallo.
Según el sitio del Ciadi, posteriormente la empresa solicitó una rectificación, resuelta el 27 de junio.
Entre otros puntos, se estableció en el documento (que resuelve la rectificación) que Guatemala debe cubrir sus propios gastos, la mitad de los incurridos por la demandante y la totalidad de los honorarios de los miembros del tribunal, además de gastos administrativos del Ciadi, por US$3 millones 931 mil 028, al momento del fallo.
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No obstante, el Estado de Guatemala solicitó la anulación del laudo, registrada el 29 de octubre del 2025 por el secretario general del Ciadi, quien notificó la suspensión provisional de su ejecución. El caso sigue activo.
Consultado el ministerio al respecto, respondió a Prensa Libre que Guatemala presentó, el 24 de octubre del 2025, una solicitud de anulación y de suspensión de la ejecución del laudo. Expuso que esta acción forma parte de la estrategia de defensa de los intereses del Estado, por lo que no es posible ampliar detalles adicionales mientras el proceso se encuentra en trámite y se continúa coordinando el trabajo técnico-legal correspondiente con la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Según el laudo de marzo, Guatemala violó el artículo 10.06 del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá, firmado el 6 de marzo del 2002, relativo a la protección de inversiones. La reclamación incluye falta de protección y seguridad plenas, violación del trato justo y equitativo, y daños sufridos por ataques violentos a los proyectos y la omisión estatal de brindar protección efectiva.
La inversión incluía la construcción y operación de dos generadoras hidroeléctricas: Generadora San Mateo, S. A., y Generadora San Andrés, en Huehuetenango; así como una línea de transmisión denominada Línea de Transmisión del Norte, que, según la demanda, no entraron en operación por ataques ocurridos entre el 2014 y el 2017. Además, se alegó incumplimiento de compromisos asumidos en el 2018 en una mesa de diálogo.
El Estado rechazó las pretensiones de la demandante y argumentó que actuó con la debida diligencia según los recursos disponibles, según consta en el laudo.
Otros dos casos
Minas
En el 2018 se registró una solicitud de arbitraje por unos US$350 millones contra el Estado de Guatemala, según datos mencionados por el Mineco.
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El caso se deriva de la suspensión de operaciones de la mina El Tambor (La Puya), también conocida como Progreso VII Derivada. El proyecto se ubica en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, y fue suspendido en junio del 2016 por un amparo definitivo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La intención de arbitraje fue planteada por Daniel W. Kappes, accionista de la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A. (Exmingua), y la firma Kappes, Cassiday & Associates.
Según el Ciadi, el caso tuvo distintos trámites entre el 2018 y el 2023; en el 2024 no se registraron procedimientos. El último fue el 3 de septiembre del 2025, cuando el tribunal declaró cerrado el procedimiento, conforme a la Regla 38(1) del reglamento arbitral, que alude a declaraciones testimoniales escritas. El caso aparece en el sitio como pendiente de concluir, coincide con lo mencionado por Mineco también lo reportó como activo en la citación del 2 de diciembre.
El Mineco amplió que el cierre del procedimiento del caso significa que las partes ya presentaron todos sus argumentos y pruebas, y que actualmente, se está a la espera de la emisión del
laudo (sentencia).
Transmisión de energía
Grupo Energía Bogotá, S. A. E. S. P., y Transportadora de Energía de Centroamérica, S. A., registraron dos arbitrajes en el 2020 y el 2021. En el 2022, ambos se consolidaron. En el Ciadi figura uno como concluido y otro como pendiente. Según lo informado por el Mineco, el caso activo es por US$423 millones.
Se relaciona con el proyecto PET 1-2009, del Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica. La filial en Guatemala ganó la licitación para construir y operar 866 kilómetros de red.
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El arbitraje se ampara en el Capítulo 12 del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Guatemala, El Salvador y Honduras. La empresa argumentó que Guatemala no garantizó condiciones para construir y dar mantenimiento a la red, particularmente en lo relacionado con los pasos de servidumbre.
En el 2023, el Mineco informó que la empresa sostiene que la República de Guatemala “frustró la inversión mediante medidas municipales, judiciales y administrativas”, lo que afectó la ejecución del proyecto. Por ello, el Estado presentó objeciones sobre la competencia del tribunal, algunas aceptadas y otras no. En ese entonces el ministerio dijo que el reclamo ascendía a US$403 millones. En julio del 2025 se celebraron audiencias, y el caso sigue con estatus pendiente a la fecha.
Costos y problemas en la gestión estatal
En la citación, los diputados preguntaron por el presupuesto del 2025 y el 2026, especialmente sobre los pagos a abogados.
En el Congreso se mencionó que el presupuesto del 2026 aumentó en Q87 millones en algunos rubros, de los cuales, Q40 millones se destinarán al pago de abogados y expertos en arbitrajes y otros casos.
Se solicitó ampliación de información a Mineco, el cual indicó que el presupuesto vigente en el 2025 para el pago de abogados para arbitrajes y otros expertos es de Q28.5 millones, del cual se ha ejecutado Q25.9 millones equivalente al 90.84%.
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Para el 2026, agregó la institución, del monto total aprobado mediante en el presupuesto del Estado, Decreto Número 27-2025 del Congreso, se asignó a Integración y Comercio Exterior Q108.8 millones, pero refirió que es importante señalar que el Acuerdo Gubernativo por medio del cual se aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto no ha sido publicado.
Aunque los arbitrajes no se refieren a temas del Mineco, este ministerio es el encargado de atenderlos, por su rol como administrador de tratados de libre comercio y acuerdos de inversión.
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El diputado Jorge Ayala, de la Comisión de Economía, afirmó que los tres arbitrajes abiertos, por un monto cercano a US$1 mil millones, evidencian problemas estructurales en la gestión estatal de sectores estratégicos como energía y minería.
“Más allá del monto, estos casos reflejan debilidades en regulación, licencias, procesos de consulta y capacidad institucional, que exponen al país a litigios costosos”, expresó.
Añadió que el arbitraje implica riesgos económicos y afecta la certeza jurídica que Guatemala proyecta a inversionistas y organismos internacionales. Aseguró que es necesario contratar abogados especializados, pero también fortalecer las capacidades internas del Estado.
Por su parte, Enrique Lacs, exministro de Economía, señaló que los arbitrajes se deben a malas prácticas institucionales, falta de asesoría legal y deficiencias en decisiones y contratos.
Afirmó que los pagos por laudos impactan el presupuesto, ya que se desvían fondos de otras prioridades. “US$843 millones afectan el desarrollo, pues se restan (fondos) a objetivos de beneficio social”, comentó.
Lacs añadió que los arbitrajes son complejos y requieren bufetes especializados, pero el Estado debe fortalecer sus equipos jurídicos en instituciones clave como la PGN y la Secretaría General de la Presidencia, así como en el Congreso, para evitar normas que deriven en demandas contra el país.
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