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Ana Lucía Freire
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La bancada de la Revolución Ciudadana (RC) presentó este lunes 23 de febrero de 2026 una acción de inconstitucionalidad contra el reglamento del concurso para la selección del nuevo Fiscal General del Estado. La demanda, ingresada a pocos días de que venza el plazo de inscripciones, busca suspender inmediatamente el proceso que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
El punto central de la discordia es la eliminación de una prohibición que impedía postularse a abogados que hubieran ejercido la defensa técnica en casos de narcotráfico, crimen organizado o delitos de lesa humanidad. Según el asambleísta Luis Fernando Molina (RC), esta modificación —realizada tras pedidos de gremios de profesionales— deja una ‘puerta abierta’ para que intereses oscuros dirijan la persecución penal en el país.
Molina sentenció: ‘No vamos a permitir que una norma hecha a la medida abra la puerta para que abogados que han defendido al crimen organizado aspiren a la Fiscalía’. La bancada correísta argumenta que la eliminación de dicho artículo vulnera principios de probidad ética necesarios para el cargo.
Además de la acción legal, la RC hizo un llamado público a universidades, organizaciones sociales y veedurías ciudadanas para que presenten ‘amicus curiae’ y otras demandas que presionen por la modificación del reglamento.
El concurso se encuentra en la etapa de postulaciones desde el pasado 18 de febrero y tiene previsto cerrar esta fase el próximo 3 de marzo. Si la Corte Constitucional acepta la medida cautelar de suspensión solicitada por el correísmo, el cronograma impulsado por el presidente del Cpccs, Andrés Fantoni, podría quedar congelado indefinidamente.
Se espera que en las próximas 24 horas la Corte realice el sorteo del tribunal de admisión que calificará la demanda. Mientras tanto, el proceso de inscripciones continúa habilitado tanto en las delegaciones provinciales como en el exterior.
Información externa Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
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Modificación controvertida
El punto central de la discordia es la eliminación de una prohibición que impedía postularse a abogados que hubieran ejercido la defensa técnica en casos de narcotráfico, crimen organizado o delitos de lesa humanidad. Según el asambleísta Luis Fernando Molina (RC), esta modificación —realizada tras pedidos de gremios de profesionales— deja una ‘puerta abierta’ para que intereses oscuros dirijan la persecución penal en el país.
Molina sentenció: ‘No vamos a permitir que una norma hecha a la medida abra la puerta para que abogados que han defendido al crimen organizado aspiren a la Fiscalía’. La bancada correísta argumenta que la eliminación de dicho artículo vulnera principios de probidad ética necesarios para el cargo.
Llamado a la acción
Además de la acción legal, la RC hizo un llamado público a universidades, organizaciones sociales y veedurías ciudadanas para que presenten ‘amicus curiae’ y otras demandas que presionen por la modificación del reglamento.
Proceso en marcha
El concurso se encuentra en la etapa de postulaciones desde el pasado 18 de febrero y tiene previsto cerrar esta fase el próximo 3 de marzo. Si la Corte Constitucional acepta la medida cautelar de suspensión solicitada por el correísmo, el cronograma impulsado por el presidente del Cpccs, Andrés Fantoni, podría quedar congelado indefinidamente.
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Próximos pasos
Se espera que en las próximas 24 horas la Corte realice el sorteo del tribunal de admisión que calificará la demanda. Mientras tanto, el proceso de inscripciones continúa habilitado tanto en las delegaciones provinciales como en el exterior.
Información externa Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
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