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Mauricio Diaz
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El canciller Fernando Aramayo afirmó que el gobierno del presidente Rodrigo Paz está asumiendo decisiones difíciles, pero necesarias para encaminar la recuperación económica del país.
El jefe de la diplomacia boliviana hizo esa declaración en el marco de la antesala de la cumbre de jefes de Estado del Mercado Común del Sur (Mercosur), que se realiza en Brasil.
La autoridad explicó que Bolivia llega a este encuentro regional en un escenario marcado por una profunda crisis económica heredada tras casi dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).
Según dijo, en ese periodo se vaciaron las arcas fiscales y se desbordó el gasto público. En ese contexto, señaló que la actual administración optó por aplicar medidas estructurales para revertir el deterioro y restablecer la credibilidad externa.
“En su intervención ante el Mercosur, el canciller Fernando Aramayo destacó que Bolivia llega renovada tras superar los desafíos de una economía con arcas vacías y gastos fuera de control, gracias a decisiones difíciles que hoy sanan la economía y fortalecen la confianza internacional”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante un comunicado.
El miércoles, el presidente Paz declaró “Emergencia Económica, Financiera, Energética y Social” en todo el territorio nacional, en respuesta al proceso inflacionario, la escasez de divisas y los problemas recurrentes en el abastecimiento de combustibles.
Como parte de esa decisión, el anunció el fin de la subvención a los hidrocarburos y el “sinceramiento” de los precios de los carburantes. La medida implicó un incremento del litro de gasolina de Bs 3,74 a Bs 6,96 y del diésel de Bs 3,72 a Bs 9,80, lo que generó un fuerte impacto en distintos sectores de la población.
El ajuste causó una reacción dividida en el país. Organizaciones sociales y sindicales expresaron su rechazo y anunciaron movilizaciones, mientras que sectores empresariales, autoridades y algunos gremios consideraron que se trata de una medida inevitable para corregir los desequilibrios fiscales acumulados.
Desde el Órgano Ejecutivo se argumentó que el retiro de la subvención permitirá una mejor administración de los más de $us 2.000 millones que el Estado destinaba cada año a mantener bajos los precios de los combustibles. Según el Gobierno, cerca del 40% de esos recursos terminaban alimentando redes de contrabando.
Las reformas también recibieron respaldo externo. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sostuvo que el paquete impulsado por el presidente Paz constituye “un paso oportuno y necesario para restablecer la estabilidad y sentar las bases de un crecimiento sostenible” en Bolivia.
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El jefe de la diplomacia boliviana hizo esa declaración en el marco de la antesala de la cumbre de jefes de Estado del Mercado Común del Sur (Mercosur), que se realiza en Brasil.
La autoridad explicó que Bolivia llega a este encuentro regional en un escenario marcado por una profunda crisis económica heredada tras casi dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).
Canciller Fernando Aramayo
Según dijo, en ese periodo se vaciaron las arcas fiscales y se desbordó el gasto público. En ese contexto, señaló que la actual administración optó por aplicar medidas estructurales para revertir el deterioro y restablecer la credibilidad externa.
“En su intervención ante el Mercosur, el canciller Fernando Aramayo destacó que Bolivia llega renovada tras superar los desafíos de una economía con arcas vacías y gastos fuera de control, gracias a decisiones difíciles que hoy sanan la economía y fortalecen la confianza internacional”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante un comunicado.
Rodrigo Paz
El miércoles, el presidente Paz declaró “Emergencia Económica, Financiera, Energética y Social” en todo el territorio nacional, en respuesta al proceso inflacionario, la escasez de divisas y los problemas recurrentes en el abastecimiento de combustibles.
Como parte de esa decisión, el anunció el fin de la subvención a los hidrocarburos y el “sinceramiento” de los precios de los carburantes. La medida implicó un incremento del litro de gasolina de Bs 3,74 a Bs 6,96 y del diésel de Bs 3,72 a Bs 9,80, lo que generó un fuerte impacto en distintos sectores de la población.
El ajuste causó una reacción dividida en el país. Organizaciones sociales y sindicales expresaron su rechazo y anunciaron movilizaciones, mientras que sectores empresariales, autoridades y algunos gremios consideraron que se trata de una medida inevitable para corregir los desequilibrios fiscales acumulados.
Mercosur
Desde el Órgano Ejecutivo se argumentó que el retiro de la subvención permitirá una mejor administración de los más de $us 2.000 millones que el Estado destinaba cada año a mantener bajos los precios de los combustibles. Según el Gobierno, cerca del 40% de esos recursos terminaban alimentando redes de contrabando.
Las reformas también recibieron respaldo externo. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sostuvo que el paquete impulsado por el presidente Paz constituye “un paso oportuno y necesario para restablecer la estabilidad y sentar las bases de un crecimiento sostenible” en Bolivia.
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