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Giovanni Astudillo
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La empresa pública Etapa EP, responsable de los servicios de telecomunicaciones y agua potable en Cuenca, rechazó de forma oficial la información difundida sobre supuestos indicios de responsabilidad penal detectados por la Contraloría General del Estado.
Esos indicios estarían relacionados con un monto de 195 000 dólares. El pronunciamiento de Etapa aseguró que el informe es de carácter administrativo, un elemento clave dentro del control público, y no determina responsabilidades civiles ni penales contra la actual administración municipal.
Según el comunicado de Etapa, el examen especial de la Contraloría tiene como objetivo verificar el cumplimiento de recomendaciones emitidas en informes anteriores, dirigidos a administraciones pasadas.
En este contexto, ETAPA EP subraya que las observaciones sobre pagos en exceso del décimo tercer sueldo corresponden a procesos realizados en 2020, durante la emergencia sanitaria por covid-19, y bajo una administración anterior, lo que delimita claramente el alcance jurídico del informe administrativo en Ecuador.
Otro punto central del informe se refiere a remuneraciones por jornadas suspendidas durante la pandemia. La empresa sostiene que los salarios observados corresponden a trabajos efectivamente ejecutados, por lo que exigir su devolución contravendría la Constitución del Ecuador, que prohíbe el trabajo gratuito y protege la remuneración justa.
Este argumento se apoya en el marco legal laboral ecuatoriano y en la defensa de los derechos de los servidores públicos.
El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, respaldó públicamente la postura de ETAPA EP. Afirmó que no existe ninguna determinación de responsabilidades penales y que cualquier interpretación contraria genera confusión en la opinión pública.
Además, señaló que el Municipio acudirá a las instancias judiciales correspondientes para que sea un juez quien determine lo que corresponda conforme a derecho.
El informe de la Contraloría General del Estado sostiene que, tras un examen especial, se identificaron indicios de responsabilidad penal y administrativa en Etapa por un valor aproximado de 195 000 dólares.
De acuerdo con el organismo de control, estos montos estarían relacionados con pagos efectuados sin sustento legal suficiente, lo que motivó la emisión de observaciones dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales en Ecuador.
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Esos indicios estarían relacionados con un monto de 195 000 dólares. El pronunciamiento de Etapa aseguró que el informe es de carácter administrativo, un elemento clave dentro del control público, y no determina responsabilidades civiles ni penales contra la actual administración municipal.
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Alcance administrativo del informe en Ecuador
Según el comunicado de Etapa, el examen especial de la Contraloría tiene como objetivo verificar el cumplimiento de recomendaciones emitidas en informes anteriores, dirigidos a administraciones pasadas.
En este contexto, ETAPA EP subraya que las observaciones sobre pagos en exceso del décimo tercer sueldo corresponden a procesos realizados en 2020, durante la emergencia sanitaria por covid-19, y bajo una administración anterior, lo que delimita claramente el alcance jurídico del informe administrativo en Ecuador.
Pagos laborales y derechos constitucionales
Otro punto central del informe se refiere a remuneraciones por jornadas suspendidas durante la pandemia. La empresa sostiene que los salarios observados corresponden a trabajos efectivamente ejecutados, por lo que exigir su devolución contravendría la Constitución del Ecuador, que prohíbe el trabajo gratuito y protege la remuneración justa.
Este argumento se apoya en el marco legal laboral ecuatoriano y en la defensa de los derechos de los servidores públicos.
La contestación del Alcalde de Cuenca
El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, respaldó públicamente la postura de ETAPA EP. Afirmó que no existe ninguna determinación de responsabilidades penales y que cualquier interpretación contraria genera confusión en la opinión pública.
Además, señaló que el Municipio acudirá a las instancias judiciales correspondientes para que sea un juez quien determine lo que corresponda conforme a derecho.
La posición de la Contraloría General del Estado
El informe de la Contraloría General del Estado sostiene que, tras un examen especial, se identificaron indicios de responsabilidad penal y administrativa en Etapa por un valor aproximado de 195 000 dólares.
De acuerdo con el organismo de control, estos montos estarían relacionados con pagos efectuados sin sustento legal suficiente, lo que motivó la emisión de observaciones dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales en Ecuador.
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