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Paola Gavilanes
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Más de la mitad de las mujeres de Imbabura reporta haber vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Eso, de acuerdo con una encuesta provincial en la región andina.
El fenómeno afecta con mayor fuerza a mujeres indígenas, afrodescendientes y habitantes de zonas rurales, según el análisis territorial de los resultados.
El 55,1 % de las mujeres de la provincia andina de Imbabura, al norte de Ecuador, sufrió algún tipo de violencia a lo largo de su vida.
Eso, según una encuesta provincial sobre violencia basada en género impulsada por el programa Warmi de la Prefectura de Imbabura, con apoyo técnico y financiero de la Cooperación Alemana.
El levantamiento de información permite dimensionar la magnitud del problema en cantones que históricamente no contaron con datos específicos y orientar políticas públicas.
Lee más: Solo el 22,3 % de las mujeres en Ecuador tiene educación universitaria
El estudio identifica múltiples formas de violencia contra las mujeres, entre ellas la psicológica, física, sexual, económica y política. La violencia psicológica registra la mayor prevalencia en la provincia, con un 41,7 %, seguida de la sexual, con 32,6 %, y la física, con 19,2 %.
También se reportan agresiones en los ámbitos educativo, laboral, familiar y comunitario, con impacto diferenciado en mujeres indígenas y afrodescendientes.
La viceprefecta de Imbabura, Paolina Vercoutère, explicó a EFE que las mujeres racializadas enfrentan mayores niveles de violencia, en especial en el ámbito laboral, donde confluyen el racismo y la precariedad del empleo informal.
El informe señala que los municipios de Urcuquí, Antonio Ante y Otavalo presentan las mayores prevalencias, con 61,2 %, 60 % y 56,2 %, respectivamente, en contextos mayoritariamente rurales.
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El informe advierte que en estos territorios persisten modelos familiares jerárquicos, mecanismos informales de resolución de conflictos y una débil articulación entre sistemas comunitarios y servicios institucionales de protección.
A ello se suma la vulnerabilidad socioeconómica: el 83,6 % de las mujeres no accede a seguridad social y solo el 7,6 % tiene empleo formal.
La encuesta, aplicada a 2 601 mujeres, también evidencia barreras lingüísticas y geográficas. Eso dificulta la denuncia y el acceso a la justicia, pues en varias comunidades la violencia se considera un asunto privado, lo que favorece el subregistro y reduce la identificación temprana de riesgos.
El estudio sostiene que la ausencia estatal en zonas rurales e indígenas limita la protección de derechos y retrasa la interrupción de los ciclos de violencia. Frente a este escenario, la Prefectura impulsa Centros Warmi para la atención integral a víctimas.
Uno opera en Urcuquí y otro se prevé en Antonio Ante en 2026, con el objetivo de ampliar la cobertura en cantones con altos índices de violencia. También para fortalecer la prevención, la atención psicológica, el acompañamiento legal y la articulación con redes comunitarias.
Con información de EFE
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El fenómeno afecta con mayor fuerza a mujeres indígenas, afrodescendientes y habitantes de zonas rurales, según el análisis territorial de los resultados.
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El 55 % de mujeres de una provincia andina de Ecuador sufrió violencia
El 55,1 % de las mujeres de la provincia andina de Imbabura, al norte de Ecuador, sufrió algún tipo de violencia a lo largo de su vida.
Eso, según una encuesta provincial sobre violencia basada en género impulsada por el programa Warmi de la Prefectura de Imbabura, con apoyo técnico y financiero de la Cooperación Alemana.
El levantamiento de información permite dimensionar la magnitud del problema en cantones que históricamente no contaron con datos específicos y orientar políticas públicas.
Lee más: Solo el 22,3 % de las mujeres en Ecuador tiene educación universitaria
Violencia de género en Imbabura: datos clave
El estudio identifica múltiples formas de violencia contra las mujeres, entre ellas la psicológica, física, sexual, económica y política. La violencia psicológica registra la mayor prevalencia en la provincia, con un 41,7 %, seguida de la sexual, con 32,6 %, y la física, con 19,2 %.
También se reportan agresiones en los ámbitos educativo, laboral, familiar y comunitario, con impacto diferenciado en mujeres indígenas y afrodescendientes.
Mujeres racializadas y zonas rurales concentran el riesgo
La viceprefecta de Imbabura, Paolina Vercoutère, explicó a EFE que las mujeres racializadas enfrentan mayores niveles de violencia, en especial en el ámbito laboral, donde confluyen el racismo y la precariedad del empleo informal.
El informe señala que los municipios de Urcuquí, Antonio Ante y Otavalo presentan las mayores prevalencias, con 61,2 %, 60 % y 56,2 %, respectivamente, en contextos mayoritariamente rurales.
Te puede interesar: Colectivos marcharon por el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Quito
Brechas institucionales y vulnerabilidad social
El informe advierte que en estos territorios persisten modelos familiares jerárquicos, mecanismos informales de resolución de conflictos y una débil articulación entre sistemas comunitarios y servicios institucionales de protección.
A ello se suma la vulnerabilidad socioeconómica: el 83,6 % de las mujeres no accede a seguridad social y solo el 7,6 % tiene empleo formal.
La encuesta, aplicada a 2 601 mujeres, también evidencia barreras lingüísticas y geográficas. Eso dificulta la denuncia y el acceso a la justicia, pues en varias comunidades la violencia se considera un asunto privado, lo que favorece el subregistro y reduce la identificación temprana de riesgos.
Respuesta local frente a la violencia
El estudio sostiene que la ausencia estatal en zonas rurales e indígenas limita la protección de derechos y retrasa la interrupción de los ciclos de violencia. Frente a este escenario, la Prefectura impulsa Centros Warmi para la atención integral a víctimas.
Uno opera en Urcuquí y otro se prevé en Antonio Ante en 2026, con el objetivo de ampliar la cobertura en cantones con altos índices de violencia. También para fortalecer la prevención, la atención psicológica, el acompañamiento legal y la articulación con redes comunitarias.
Con información de EFE
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