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Carolina Castillo
Guest
El calendario político no siempre espera a las urnas. En Ecuador, el 2026 se perfila como un año preelectoral en toda regla, aunque las elecciones seccionales se celebrarán recién en 2027. Desde ya empezarán a sonar nombres, a medirse respaldos y a configurarse disputas que irán más allá de los partidos.
Ese proceso tiene implicaciones inevitables: mientras el Gobierno y sus rivales tantean fuerzas, existe el riesgo de que la ciudadanía termine pagando el costo de una gestión pública distraída por la carrera electoral.
La lógica preelectoral suele instalar una tensión difícil de administrar. Las autoridades en funciones no solo gobiernan: también calculan. Y cuando el cálculo político gana espacio, el trabajo cotidiano pierde prioridad. En municipios y prefecturas, los meses previos a una elección suelen convertirse en un terreno ambiguo, donde la gestión se confunde con la campaña, los anuncios reemplazan a los resultados y la urgencia ciudadana queda subordinada a la estrategia electoral.
Quito encarna hoy ese temor. La capital enfrenta problemas estructurales que no admiten pausas ni distracciones. Sin embargo, la decisión del alcalde Pabel Muñoz de anunciar su precandidatura abre un escenario delicado. No se trata de cuestionar el derecho legítimo de una autoridad a buscar la reelección, sino de advertir el riesgo de que una administración ya cuestionada profundice sus falencias si la atención se desplaza hacia la campaña.
La gestión municipal de Quito ha sido objeto de críticas por su lentitud y falta de respuestas claras en áreas sensibles. Los problemas viales persisten, los siniestros de tránsito siguen cobrando vidas y la planificación urbana avanza con dificultad. Proyectos estratégicos, como la extensión del Metro hacia La Ofelia, continúan en el terreno de las promesas y los estudios, mientras la ciudad demanda definiciones concretas. En ese contexto, el inicio anticipado de la contienda electoral amenaza con agravar una sensación de estancamiento.
El riesgo no es exclusivo de Quito. En todo el país, alcaldes y otras autoridades locales enfrentarán el dilema de gobernar o hacer campaña.
Este escenario se da, además, en un contexto político nacional de medición constante. El oficialismo y la oposición utilizarán el 2026 para evaluar su fuerza territorial, identificar liderazgos y ensayar discursos. Las disputas locales se convertirán en termómetro del clima político nacional. Esa dinámica puede enriquecer el debate democrático, pero también puede derivar en una saturación de confrontación que opaque la gestión pública.
La ciudadanía, en ese cruce, corre el riesgo de quedar relegada. Cuando las autoridades priorizan su posicionamiento electoral, los problemas cotidianos se transforman en daños colaterales. Las obras se anuncian sin ejecutarse, los planes se presentan sin seguimiento y las urgencias se atienden de forma reactiva. La política se adelanta, pero la ciudad se queda atrás.
Quito, por su peso simbólico y político, debería ser especialmente cuidadosa en este tránsito. La capital no puede permitirse un año de parálisis administrativa. Sus desafíos son diarios y acumulativos: movilidad colapsada, seguridad vial deficiente, presión sobre los servicios y una infraestructura que requiere mantenimiento constante. Cada mes perdido se traduce en mayor deterioro urbano y en una distancia creciente entre autoridades y ciudadanos.
El año preelectoral no debería ser una excusa para bajar el ritmo de la gestión, sino una prueba de responsabilidad. Gobernar bien, incluso en campaña, es la forma más sólida de buscar respaldo. La reelección, si se aspira a ella, debería sostenerse en resultados verificables, no en promesas renovadas ni en confrontaciones calculadas.
El 2026 pondrá a prueba esa premisa. Pondrá a prueba a los alcaldes, a los partidos y a un sistema político acostumbrado a adelantar disputas sin resolver problemas. La pregunta no es si la campaña empezará antes —eso ya es un hecho—, sino si las autoridades serán capaces de evitar que la competencia electoral se convierta en una coartada para descuidar su mandato.
Si la política local se encierra en la lógica de la precandidatura permanente, la ciudad pierde. Y cuando la ciudad pierde, pierde también la confianza en la democracia. El desafío del año que viene será, precisamente, impedir que el ruido electoral silencie lo esencial: la obligación de gobernar.
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Ese proceso tiene implicaciones inevitables: mientras el Gobierno y sus rivales tantean fuerzas, existe el riesgo de que la ciudadanía termine pagando el costo de una gestión pública distraída por la carrera electoral.
La lógica preelectoral suele instalar una tensión difícil de administrar. Las autoridades en funciones no solo gobiernan: también calculan. Y cuando el cálculo político gana espacio, el trabajo cotidiano pierde prioridad. En municipios y prefecturas, los meses previos a una elección suelen convertirse en un terreno ambiguo, donde la gestión se confunde con la campaña, los anuncios reemplazan a los resultados y la urgencia ciudadana queda subordinada a la estrategia electoral.
Quito encarna hoy ese temor. La capital enfrenta problemas estructurales que no admiten pausas ni distracciones. Sin embargo, la decisión del alcalde Pabel Muñoz de anunciar su precandidatura abre un escenario delicado. No se trata de cuestionar el derecho legítimo de una autoridad a buscar la reelección, sino de advertir el riesgo de que una administración ya cuestionada profundice sus falencias si la atención se desplaza hacia la campaña.
La gestión municipal de Quito ha sido objeto de críticas por su lentitud y falta de respuestas claras en áreas sensibles. Los problemas viales persisten, los siniestros de tránsito siguen cobrando vidas y la planificación urbana avanza con dificultad. Proyectos estratégicos, como la extensión del Metro hacia La Ofelia, continúan en el terreno de las promesas y los estudios, mientras la ciudad demanda definiciones concretas. En ese contexto, el inicio anticipado de la contienda electoral amenaza con agravar una sensación de estancamiento.
El riesgo no es exclusivo de Quito. En todo el país, alcaldes y otras autoridades locales enfrentarán el dilema de gobernar o hacer campaña.
Este escenario se da, además, en un contexto político nacional de medición constante. El oficialismo y la oposición utilizarán el 2026 para evaluar su fuerza territorial, identificar liderazgos y ensayar discursos. Las disputas locales se convertirán en termómetro del clima político nacional. Esa dinámica puede enriquecer el debate democrático, pero también puede derivar en una saturación de confrontación que opaque la gestión pública.
La ciudadanía, en ese cruce, corre el riesgo de quedar relegada. Cuando las autoridades priorizan su posicionamiento electoral, los problemas cotidianos se transforman en daños colaterales. Las obras se anuncian sin ejecutarse, los planes se presentan sin seguimiento y las urgencias se atienden de forma reactiva. La política se adelanta, pero la ciudad se queda atrás.
Quito, por su peso simbólico y político, debería ser especialmente cuidadosa en este tránsito. La capital no puede permitirse un año de parálisis administrativa. Sus desafíos son diarios y acumulativos: movilidad colapsada, seguridad vial deficiente, presión sobre los servicios y una infraestructura que requiere mantenimiento constante. Cada mes perdido se traduce en mayor deterioro urbano y en una distancia creciente entre autoridades y ciudadanos.
El año preelectoral no debería ser una excusa para bajar el ritmo de la gestión, sino una prueba de responsabilidad. Gobernar bien, incluso en campaña, es la forma más sólida de buscar respaldo. La reelección, si se aspira a ella, debería sostenerse en resultados verificables, no en promesas renovadas ni en confrontaciones calculadas.
El 2026 pondrá a prueba esa premisa. Pondrá a prueba a los alcaldes, a los partidos y a un sistema político acostumbrado a adelantar disputas sin resolver problemas. La pregunta no es si la campaña empezará antes —eso ya es un hecho—, sino si las autoridades serán capaces de evitar que la competencia electoral se convierta en una coartada para descuidar su mandato.
Si la política local se encierra en la lógica de la precandidatura permanente, la ciudad pierde. Y cuando la ciudad pierde, pierde también la confianza en la democracia. El desafío del año que viene será, precisamente, impedir que el ruido electoral silencie lo esencial: la obligación de gobernar.
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