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Ignacio Ortiz Salas
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Costa Rica cierra 2025 con un sistema educativo colapsado. “Esto es como una posguerra”, afirmó Karla Salguero, exviceministra académica del Ministerio de Educación Pública (MEP) y experta en evaluación. “Cuando ya pasó una crisis donde un país se destruye por efectos de la guerra, hay que volver a reconstruir, hay que volver a recuperar las bases”. Y esas bases, advierte, son las más elementales: “leer, escribir, sumar y restar; desde ahí hay que empezar”.
Su diagnóstico coincide con el Décimo Informe Estado de la Educación del Programa Estado de la Nación (PEN), que señala que el país enfrenta la peor crisis educativa de las últimas décadas. Una crisis que el gobierno de Rodrigo Chaves no solo no atendió, sino que profundizó al desmantelar políticas sin reemplazo técnico.
Pablo Chaverri, del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (Ineina), resume la magnitud del derrumbe: “Nuestros estudiantes en secundaria están leyendo a un nivel similar al de estudiantes de primaria”. El dato más crudo del informe lo confirma: solo una cuarta parte del estudiantado de secundaria puede leer al nivel esperado, mientras que en matemáticas el 96% está en niveles insuficientes según las pruebas PISA 2022. Para ambos especialistas, Costa Rica dejó de garantizar el aprendizaje mínimo: habilidades lectoescritoras, matemática básica y también habilidades y valores cívicos.
Los factores son múltiples. Uno de los más evidentes es la caída en la inversión educativa. “Estos cuatro años han ido en picada”, señaló Chaverri, y “la reducción en la inversión en educación afecta principalmente a los estudiantes de menores recursos, profundizando la desigualdad de nuestro sistema”.
A ello se sumó el colapso del sistema de evaluación. La eliminación de las pruebas estandarizadas dejó al país sin herramientas para saber dónde está parado. El esquema “semáforo”, sin definiciones ni estándares, es para los expertos una simulación de evaluación que impide diseñar políticas con evidencia. Según Chaverri, se necesita “un sistema evaluativo que privilegie los aprendizajes y las habilidades, conocimientos y destrezas que los estudiantes puedan demostrar, y que, más que graduar gente, acreditemos conocimientos”.
Otra muestra del manejo de la administración Chaves Robles con la educación, coinciden ambos especialistas, fue la eliminación del Programa de Afectividad y Sexualidad, que supuestamente sería sustituido por un Plan de Paz y Convivencia sin contenidos desarrollados. Salguero subraya que este retroceso afecta directamente la convivencia, la resolución de conflictos, la prevención de violencia sexual y el bienestar emocional del estudiantado. “Cuando se quita educación para la convivencia, lo que aumenta es la violencia en los centros educativos, y eso termina convertido en un problema de seguridad nacional”, advierte. Para ella, esta decisión dejó a escuelas y colegios “sin brújula en uno de los temas donde más necesitan acompañamiento”.
La crisis también golpea a la educación superior. El 86% de quienes ingresan a universidades públicas no tiene el nivel lector esperado, un dato que Chaverri califica como “una receta perfecta para el fracaso”. A esto se suma un abandono profundo en infraestructura: más de 800 órdenes sanitarias pendientes y centros educativos sin ventilación, con paredes deterioradas y sin espacios dignos. Salguero insiste en que esto no es solo un problema técnico: “Los centros educativos deben ser lugares bonitos, espacios que inspiren, porque ahí es donde se aprende”.
Aunque el apagón educativo entre 2018 y 2021 dejó daños serios, el PEN enfatiza que este Gobierno tenía la responsabilidad de iniciar la reparación. “Esperar algo de este Gobierno es prácticamente imposible”, concluye Chaverri. “No lo ha hecho en tres años y medio, no lo va a hacer en los meses que quedan”. Salguero coincide y, arrepentida de su paso por esta administración como viceministra de educación, sostiene que el legado de Rodrigo Chaves en educación será “una educación sin rumbo, una educación que no tiene claro hacia dónde debemos ir”.
¿Cómo seguir adelante?
Para ambos especialistas, la reconstrucción debe comenzar por lo esencial: restablecer el aprendizaje básico. Enseñar a leer, escribir, sumar y restar no es un objetivo más, sino la condición mínima para que cualquier reforma tenga sentido. También insisten en recuperar una evaluación real, no solo las notas ni los niveles del “semáforo”, sino instrumentos rigurosos que permitan saber qué se aprende, dónde se falla y qué debe corregirse.
Una segunda pieza clave es el rol de las universidades públicas. Chaverri propone un programa nacional de tutorías articulado con ellas, mientras Salguero destaca su capacidad para producir recursos educativos, formar docentes y acompañar territorios donde “duele más”. Ambos coinciden en que las universidades deben ser un pilar central de la reconstrucción, no un actor marginal.
El país necesitará una inversión sostenida, programas de acompañamiento a docentes, universalización del preescolar de calidad y centros educativos dignos y estimulantes. Ambos coinciden en que no será fácil. O, como resume Salguero, “esto requiere cirugía mayor para volver a reconocer la importancia que tiene la educación para este país”.
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