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Ana Guerrero
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Las Fuerzas Armadas del Ecuador ejecutaron operaciones militares de Reconocimiento Ofensivo en el sector de la Mina El Olivo, ubicado en la parroquia La Merced de Buenos Aires, cantón Urcuquí, provincia de Imbabura. La intervención respondió a la misión constitucional de proteger los recursos naturales y fortalecer el control territorial en zonas estratégicas del país.
Las acciones militares se concentraron en áreas identificadas por la presencia de actividades de minería ilegal. Durante la operación, el personal militar inhabilitó infraestructura, campamentos, maquinaria e insumos utilizados para la extracción ilícita de recursos minerales, lo que redujo de manera directa la capacidad operativa de estas estructuras ilegales.
El despliegue de las Fuerzas Armadas dejó resultados concretos en el sector intervenido. Los uniformados inhabilitaron nueve campamentos utilizados por los grupos dedicados a la minería ilegal. Además, neutralizaron quince bocaminas empleadas para la extracción de material aurífero.
En el lugar, el personal militar decomisó 300 sacos de material aurífero, doce canecas de combustible y diez generadores eléctricos. También inutilizó tres molinos trituradores, tres motores de rotación y un motor de arrastre, equipos fundamentales para el procesamiento del material extraído de forma ilegal.
Los operativos permitieron además localizar y retirar bombas de agua, equipos eléctricos, herramientas y diversos materiales logísticos utilizados para sostener las actividades ilícitas. Las Fuerzas Armadas encontraron material explosivo e insumos asociados a la minería ilegal, lo que evidenció el nivel de riesgo que estas prácticas representan para el ambiente y la seguridad de la zona.
Las autoridades estimaron una afectación económica aproximada de 30 000 dólares como resultado de la inhabilitación de infraestructura y equipos vinculados a la minería ilegal. Este golpe económico busca debilitar las finanzas de las estructuras que operan al margen de la ley en el norte del país.
Las Fuerzas Armadas señalaron que estas acciones forman parte de operaciones permanentes orientadas a combatir la minería ilegal, prevenir el deterioro ambiental y garantizar la seguridad en sectores estratégicos. El control territorial en zonas con alta incidencia de actividades ilícitas constituye un eje prioritario dentro de la planificación militar.
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Resultados de los operativos militares en la Mina El Olivo
Las acciones militares se concentraron en áreas identificadas por la presencia de actividades de minería ilegal. Durante la operación, el personal militar inhabilitó infraestructura, campamentos, maquinaria e insumos utilizados para la extracción ilícita de recursos minerales, lo que redujo de manera directa la capacidad operativa de estas estructuras ilegales.
El despliegue de las Fuerzas Armadas dejó resultados concretos en el sector intervenido. Los uniformados inhabilitaron nueve campamentos utilizados por los grupos dedicados a la minería ilegal. Además, neutralizaron quince bocaminas empleadas para la extracción de material aurífero.
En el lugar, el personal militar decomisó 300 sacos de material aurífero, doce canecas de combustible y diez generadores eléctricos. También inutilizó tres molinos trituradores, tres motores de rotación y un motor de arrastre, equipos fundamentales para el procesamiento del material extraído de forma ilegal.
Los operativos permitieron además localizar y retirar bombas de agua, equipos eléctricos, herramientas y diversos materiales logísticos utilizados para sostener las actividades ilícitas. Las Fuerzas Armadas encontraron material explosivo e insumos asociados a la minería ilegal, lo que evidenció el nivel de riesgo que estas prácticas representan para el ambiente y la seguridad de la zona.
Afectación económica y control territorial en Imbabura
Las autoridades estimaron una afectación económica aproximada de 30 000 dólares como resultado de la inhabilitación de infraestructura y equipos vinculados a la minería ilegal. Este golpe económico busca debilitar las finanzas de las estructuras que operan al margen de la ley en el norte del país.
Las Fuerzas Armadas señalaron que estas acciones forman parte de operaciones permanentes orientadas a combatir la minería ilegal, prevenir el deterioro ambiental y garantizar la seguridad en sectores estratégicos. El control territorial en zonas con alta incidencia de actividades ilícitas constituye un eje prioritario dentro de la planificación militar.
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