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Laura Martínez Quesada
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Hay distintas maneras de reconocer las prioridades de un país. Una de ellas consiste en observar aquello a lo que sus instituciones dedican tiempo.
Por eso debería preocuparnos que hayan transcurrido 71 días desde la conformación de la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa, el pasado 3 de junio, sin que haya celebrado su primera sesión de trabajo.
Este jueves 13 de agosto existía nuevamente la expectativa de que comenzara a sesionar. La reunión estaba programada para la 1:00 p. m., pero posteriormente apareció cancelada en el calendario legislativo.
No era el primer anuncio. Se habló de finales de julio, después del 6 de agosto y finalmente del 13. Ninguna de esas fechas se concretó.
Su presidenta, Anna Katharina Müller, ha señalado que durante estas semanas se han revisado cerca de 70 iniciativas relacionadas con educación para establecer prioridades e identificar proyectos relevantes, problemas de redacción y eventuales contradicciones con la legislación existente.
La revisión de los proyectos es necesaria. Sin embargo, surge una pregunta igualmente necesaria: ¿quiénes han realizado ese análisis y bajo qué procedimiento? Si la Comisión, como órgano colegiado, no ha celebrado todavía su primera sesión de trabajo, resulta importante distinguir entre el análisis preparatorio que pueda realizar la presidencia, su equipo asesor u otros despachos y la deliberación que corresponde a la Comisión integrada por sus siete diputaciones.
Costa Rica no necesita aprobar setenta leyes educativas por el simple hecho de tener setenta proyectos. Lo que sí necesitamos con urgencia es determinar cuáles responden a problemas reales, cuáles cuentan con sustento técnico, cuáles requieren modificaciones y cuáles deberían archivarse. Pero también necesitamos conocer con transparencia cómo se están estableciendo esas prioridades, con qué criterios y quiénes participan en su definición. Cuando se trata de educación, ciencia y tecnología, las decisiones sobre qué se discute y, qué queda esperando, también son decisiones de interés público.
Precisamente para eso existe una comisión legislativa.
Priorizar requiere estudiar. Estudiar requiere deliberar. Y deliberar requiere sesionar.
La responsabilidad no debería reducirse a una sola persona. La Comisión está integrada por Anna Katharina Müller como presidenta, Esmeralda Britton González como secretaria, Grethel Ávila Vargas, Fernando Obaldía Álvarez, Iztarú Alfaro Guerrero, Mangell Mc Lean Villalobos y José María Villalta Flórez-Estrada.
Siete diputaciones, distintas trayectorias y posiciones políticas. Siete personas con una gran responsabilidad frente al país.
La democracia no exige que estén de acuerdo. Lo que sí podemos exigir es que participen activamente en la defensa de los ámbitos que les fueron confiados.
La educación, la ciencia y la tecnología no son asuntos independientes. Constituyen un entramado estratégico para enfrentar la profunda crisis educativa que vivimos y construir oportunidades de desarrollo para las generaciones presentes y futuras.
Quienes hemos dedicado nuestra vida a la educación sabemos que el tiempo importa. Una oportunidad educativa perdida no siempre puede recuperarse. Los rezagos en los aprendizajes, las dificultades para permanecer en el sistema, las desigualdades territoriales y socioeconómicas, los profundos problemas de infraestructura y la sistemática disminución del financiamiento golpean con mayor fuerza a quienes tienen menos posibilidades de compensarlos.
Aquí no estamos solamente ante una expectativa ciudadana. El Reglamento de la Asamblea Legislativa establece esta Comisión como Permanente Especial y, en su artículo 85, inciso k), le asigna expresamente la responsabilidad de recopilar, estudiar, dictaminar y proponer reformas legales para impulsar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como mejorar las políticas educativas y fortalecer el sistema educativo costarricense.
Ese mandato debería traducirse en deliberación. Y una deliberación seria necesita escuchar a las universidades, docentes, estudiantes, investigadores, comunidades y sectores científicos, tecnológicos y productivos. Necesita confrontar posiciones con evidencia y transformar las diferencias políticas en discusión democrática.
Por eso quisiera plantear un llamado a sus siete integrantes.
A Anna Katharina Müller, desde la presidencia, le corresponde garantizar que ese espacio comience a funcionar con transparencia, apertura y rigurosidad.
A Esmeralda Britton, desde la secretaría, contribuir activamente a ese propósito.
A Grethel Ávila y Fernando Obaldía, como parte de la mayoría oficialista, ejercer su diputación entendiendo que pertenecer a una bancada no sustituye la responsabilidad individual ante la ciudadanía.
Y a Iztarú Alfaro, Mangell Mc Lean y José María Villalta, desde la oposición, utilizar plenamente los instrumentos democráticos disponibles para preguntar, proponer, fiscalizar y exigir que los asuntos de la Comisión sean discutidos.
A los siete, independientemente de sus partidos, quisiera pedirles algo más:
Participen valientemente.
Que existan discrepancias.
Que haya debates difíciles.
Que se cuestionen proyectos y se pidan criterios técnicos.
Que se escuche a quienes conocen las aulas, los laboratorios, las universidades y las comunidades.
Que se archive lo que no sirve y se construyan acuerdos donde sean posibles.
La valentía política no consiste únicamente en confrontar al adversario. También consiste en defender asuntos fundamentales cuando otros temas dominan la agenda y en construir acuerdos cuyos resultados posiblemente no serán visibles durante el periodo para el cual fue electo.
Un niño que ingresa hoy a primer grado terminará la secundaria cuando esta legislatura sea historia. Las tecnologías con las que trabajará probablemente todavía no existen. Muchas de sus oportunidades dependerán de las decisiones que estamos tomando —o dejando de tomar— ahora.
Por eso 71 días importan.
Costa Rica construyó buena parte de su desarrollo alrededor de una convicción profundamente democrática: la educación puede ampliar las posibilidades de una persona independientemente del hogar en que haya nacido.
Esa promesa está hoy tensionada.
Defenderla requiere presupuesto, políticas públicas, docentes, investigación, evaluación e infraestructura.
Pero también requiere instituciones que funcionen.
La educación no espera. La ciencia tampoco. Y la transformación tecnológica, mucho menos.
La entrada Educación, tiempo y transparencia: 71 días sin deliberar aparece primero en Semanario Universidad.
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