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Alejandra Vélez
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El Gobierno de Ecuador informó este 3 de enero de 2026 la restricción de ingreso al territorio nacional de ciudadanos venezolanos que mantengan vínculos con el régimen de Nicolás Maduro.
La decisión fue comunicada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en coordinación con otras instituciones del Estado.
La disposición se da en un contexto regional marcado por los recientes acontecimientos en Venezuela y forma parte de acciones que, según el Ejecutivo ecuatoriano, buscan resguardar la seguridad nacional y el orden interno.
De acuerdo con el comunicado oficial, la medida se aplicará a funcionarios públicos venezolanos, miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, empresarios y otras personas que estén asociadas o vinculadas al régimen de Nicolás Maduro.
El Ministerio del Interior, como autoridad nacional de control migratorio, será el encargado de ejecutar estas disposiciones, en coordinación con entidades de seguridad del Estado.
En el documento oficial, el Estado ecuatoriano precisó que no permitirá el uso abusivo ni indebido de las figuras de asilo y refugio. Estas, recordó Cancillería, se rigen por principios y procedimientos establecidos en la normativa nacional e internacional.
El Gobierno aclaró que cada caso será analizado conforme a la ley, sin afectar los compromisos del país en materia de derechos humanos y protección internacional.
En un primer pronunciamiento difundido en horas de la mañana, la Cancillería expresó el apoyo de Ecuador al pueblo de Venezuela en su proceso para recuperar la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho.
El comunicado señala que el régimen de Nicolás Maduro atentó contra la democracia, vulneró derechos humanos y provocó el desplazamiento forzado de más de ocho millones de venezolanos. Además, ratifica el compromiso del país con la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional.
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La medida fue anunciada por Cancillería
La decisión fue comunicada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en coordinación con otras instituciones del Estado.
La disposición se da en un contexto regional marcado por los recientes acontecimientos en Venezuela y forma parte de acciones que, según el Ejecutivo ecuatoriano, buscan resguardar la seguridad nacional y el orden interno.
¿A quiénes aplica la restricción migratoria?
De acuerdo con el comunicado oficial, la medida se aplicará a funcionarios públicos venezolanos, miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, empresarios y otras personas que estén asociadas o vinculadas al régimen de Nicolás Maduro.
El Ministerio del Interior, como autoridad nacional de control migratorio, será el encargado de ejecutar estas disposiciones, en coordinación con entidades de seguridad del Estado.
Comunicado oficial |
El Ecuador restringe el ingreso al territorio ecuatoriano de ciudadanos venezolanos vinculados al régimen de Maduro. pic.twitter.com/BVrgSpwBoR
— Cancillería del Ecuador(@CancilleriaEc) January 4, 2026
Asilo y refugio: lo que aclara el Gobierno
En el documento oficial, el Estado ecuatoriano precisó que no permitirá el uso abusivo ni indebido de las figuras de asilo y refugio. Estas, recordó Cancillería, se rigen por principios y procedimientos establecidos en la normativa nacional e internacional.
El Gobierno aclaró que cada caso será analizado conforme a la ley, sin afectar los compromisos del país en materia de derechos humanos y protección internacional.
Respaldo al pueblo venezolano y a la democracia
En un primer pronunciamiento difundido en horas de la mañana, la Cancillería expresó el apoyo de Ecuador al pueblo de Venezuela en su proceso para recuperar la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho.
Comunicado Oficial
El Ecuador apoya al pueblo de Venezuela en el proceso para recuperar la democracia pic.twitter.com/oAF5jtAOQV
— Cancillería del Ecuador
El comunicado señala que el régimen de Nicolás Maduro atentó contra la democracia, vulneró derechos humanos y provocó el desplazamiento forzado de más de ocho millones de venezolanos. Además, ratifica el compromiso del país con la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional.
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