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Giovanna Alvear
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La justicia ecuatoriana pidió a su par de España que no entregue el video de la declaración del narcotraficante Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’. El procesado declaró en Zaragoza, donde permanece detenido mientras avanza su proceso de extradición. En esa diligencia, negó haber participado en el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en 2023, y responsabilizó del crimen al presidente Daniel Noboa.
La solicitud surgió desde la Fiscalía de Ecuador. La agente fiscal Ana Elizabeth Hidalgo comunicó su decisión a la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Estado. En el documento, informó que pedirá a la Fiscalía de Zaragoza que no facilite la grabación al abogado del procesado, tras un requerimiento de información planteado por las autoridades españolas.
La fiscal Hidalgo sostuvo que la cooperación penal internacional obliga a usar la información únicamente para el fin con el que se solicitó. Según explicó, este principio protege la soberanía del Estado y evita que el material se utilice con propósitos distintos a los de la asistencia judicial. Por ello, decidió negar la entrega del video de la declaración rendida por ‘Pipo’ el pasado 25 de febrero.
El documento, al que accedió la agencia EFE, detalla que la Fiscalía ecuatoriana respondió así a la consulta del Ministerio Público español. La funcionaria insistió en que la difusión de la grabación podría desviar el uso de la información fuera del marco de la cooperación judicial.
Tras conocer la negativa, el abogado de Chavarría presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. El jurista busca que la justicia española declare que la decisión vulnera los derechos de su cliente, amparados en la Constitución española y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
En su pedido, el defensor solicitó una copia íntegra de la declaración, así como la comisión rogatoria enviada desde Ecuador con toda la documentación anexa. También requirió los datos del proceso penal que se sigue en Ecuador y detalles sobre el trámite que llevó la solicitud hasta Zaragoza. Además, planteó medidas cautelarísimas para obtener el material, debido a que su cliente enfrenta un proceso de extradición ante la Audiencia Nacional y una causa penal en Ecuador por asesinato.
Durante su declaración, ‘Pipo’ aseguró que una persona cercana al ministro del Interior, John Reimberg, le indicó que el crimen de Villavicencio se ordenó desde la Presidencia, por temor a un eventual triunfo electoral del candidato. El procesado también afirmó que las autoridades ecuatorianas buscan engañar a España para facilitar su extradición a Ecuador o a Estados Unidos. Poco después, el propio Reimberg rechazó esas afirmaciones y calificó de “absurda” la acusación contra el presidente Noboa.
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La solicitud surgió desde la Fiscalía de Ecuador. La agente fiscal Ana Elizabeth Hidalgo comunicó su decisión a la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Estado. En el documento, informó que pedirá a la Fiscalía de Zaragoza que no facilite la grabación al abogado del procesado, tras un requerimiento de información planteado por las autoridades españolas.
Argumentos de la Fiscalía ecuatoriana
La fiscal Hidalgo sostuvo que la cooperación penal internacional obliga a usar la información únicamente para el fin con el que se solicitó. Según explicó, este principio protege la soberanía del Estado y evita que el material se utilice con propósitos distintos a los de la asistencia judicial. Por ello, decidió negar la entrega del video de la declaración rendida por ‘Pipo’ el pasado 25 de febrero.
El documento, al que accedió la agencia EFE, detalla que la Fiscalía ecuatoriana respondió así a la consulta del Ministerio Público español. La funcionaria insistió en que la difusión de la grabación podría desviar el uso de la información fuera del marco de la cooperación judicial.
Recurso de la defensa y contenido de la declaración
Tras conocer la negativa, el abogado de Chavarría presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. El jurista busca que la justicia española declare que la decisión vulnera los derechos de su cliente, amparados en la Constitución española y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
En su pedido, el defensor solicitó una copia íntegra de la declaración, así como la comisión rogatoria enviada desde Ecuador con toda la documentación anexa. También requirió los datos del proceso penal que se sigue en Ecuador y detalles sobre el trámite que llevó la solicitud hasta Zaragoza. Además, planteó medidas cautelarísimas para obtener el material, debido a que su cliente enfrenta un proceso de extradición ante la Audiencia Nacional y una causa penal en Ecuador por asesinato.
Durante su declaración, ‘Pipo’ aseguró que una persona cercana al ministro del Interior, John Reimberg, le indicó que el crimen de Villavicencio se ordenó desde la Presidencia, por temor a un eventual triunfo electoral del candidato. El procesado también afirmó que las autoridades ecuatorianas buscan engañar a España para facilitar su extradición a Ecuador o a Estados Unidos. Poco después, el propio Reimberg rechazó esas afirmaciones y calificó de “absurda” la acusación contra el presidente Noboa.
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