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Lucía Vásconez
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El pasado 13 de marzo de 2026, Ecuador y Estados Unidos firmaron el Acuerdo de Comercio Recíproco (ART). Según el Ministerio de Producción, el convenio eliminará una sobretasa arancelaria del 53% que afectaba a exportaciones no petroleras ecuatorianas, valoradas en 2 786 millones de dólares en 2025.
La medida permitirá que una parte relevante de la oferta exportable ingrese al mercado estadounidense sin esa sobretasa. Sin embargo, el impacto dependerá de que el acuerdo entre en vigor antes de julio de 2026, cuando vencería el arancel adicional y se eliminaría la sobretasa por sí sola.
Hasta este 19 de marzo de 2026, la Corte Constitucional de Ecuador no se ha pronunciado sobre el acuerdo y si lo enviará a la Asamblea para su análisis.
La Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes) advierte que el acuerdo no mejora las condiciones previas a la imposición de aranceles, en abril de 2025. Más bien, restituye parcialmente el acceso al mercado estadounidense.
Además, señala que la vigencia de las sobretasas sería temporal. Si estas desaparecen por decisiones judiciales en Estados Unidos o por el fin de su plazo, el acuerdo podría perder su principal justificación.
El análisis de Cordes subraya que, mientras los beneficios para Ecuador son inciertos, las concesiones asumidas serían permanentes.
Entre ellas, destaca la reducción de aranceles para importaciones desde Estados Unidos, especialmente en maquinaria, equipos industriales e insumos. La medida busca abaratar costos, pero también abre el mercado local.
Desde la perspectiva estadounidense, el acuerdo facilita el acceso preferencial a más del 90% de productos agrícolas. Esto incluye soya, carnes, lácteos, frutas y bebidas alcohólicas, además de la eliminación del Sistema Andino de Bandas de Precios.
Cordes agrega preocupaciones sobre la entrada de bienes remanufacturados y posibles impactos en la producción nacional.
Además, el acuerdo incorpora compromisos en materia laboral, propiedad intelectual y comercio digital. En el ámbito laboral, incluye cambios en la organización sindical y la negociación colectiva.
Cordes advierte que estas disposiciones podrían generar efectos complejos en un país con alta informalidad y elevados costos de despido.
Asimismo, el economista Alberto Acosta-Burneo señala que, con el acuerdo, Ecuador obtiene un acceso limitado y selectivo al mercado de Estados Unidos, enfocado en productos sin valor agregado, lo que —en síntesis— refleja una apertura amplia del mercado ecuatoriano frente a concesiones restringidas por parte de Washington.
En contraste, según su análisis, el país se compromete a reducir aranceles, dar trato preferencial al agro estadounidense y eliminar mecanismos como la Franja Andina de Precios, además de abrir su mercado industrial mediante la eliminación de barreras no arancelarias y el reconocimiento de estándares regulatorios de EE.UU. en sectores como el automotriz, farmacéutico y de dispositivos médicos.
A esto se suman medidas de facilitación comercial, flexibilización de controles, cambios en normas sanitarias y compromisos en propiedad intelectual, ambiente y cadenas de suministro.
Por su parte, gremios productivos cuestionan el proceso de negociación. Rodrigo de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, por ejemplo, afirmó que el sector privado no fue consultado.
“El sector productivo se enteró después de la firma”, señaló. También advirtió que industrias sensibles, como la avícola y la láctea, podrían verse afectadas por la apertura comercial.
El análisis concluye que existen indicios de una negociación desigual. Ecuador asumiría más concesiones de las que recibe, incluso en áreas no directamente vinculadas al comercio.
A esto se suma la incertidumbre jurídica. Si las sobretasas son nuevamente declaradas ilegales en Estados Unidos, el acuerdo podría quedar sin sustento y obligar a una renegociación.
En este contexto, Cordes y el sector privado insisten en transparentar el contenido del acuerdo y promover un debate amplio antes de su ratificación.
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La medida permitirá que una parte relevante de la oferta exportable ingrese al mercado estadounidense sin esa sobretasa. Sin embargo, el impacto dependerá de que el acuerdo entre en vigor antes de julio de 2026, cuando vencería el arancel adicional y se eliminaría la sobretasa por sí sola.
Hasta este 19 de marzo de 2026, la Corte Constitucional de Ecuador no se ha pronunciado sobre el acuerdo y si lo enviará a la Asamblea para su análisis.
Beneficios limitados y temporales
La Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes) advierte que el acuerdo no mejora las condiciones previas a la imposición de aranceles, en abril de 2025. Más bien, restituye parcialmente el acceso al mercado estadounidense.
Además, señala que la vigencia de las sobretasas sería temporal. Si estas desaparecen por decisiones judiciales en Estados Unidos o por el fin de su plazo, el acuerdo podría perder su principal justificación.
Concesiones estructurales de Ecuador
El análisis de Cordes subraya que, mientras los beneficios para Ecuador son inciertos, las concesiones asumidas serían permanentes.
Entre ellas, destaca la reducción de aranceles para importaciones desde Estados Unidos, especialmente en maquinaria, equipos industriales e insumos. La medida busca abaratar costos, pero también abre el mercado local.
Desde la perspectiva estadounidense, el acuerdo facilita el acceso preferencial a más del 90% de productos agrícolas. Esto incluye soya, carnes, lácteos, frutas y bebidas alcohólicas, además de la eliminación del Sistema Andino de Bandas de Precios.
Cordes agrega preocupaciones sobre la entrada de bienes remanufacturados y posibles impactos en la producción nacional.
Implicaciones laborales y regulatorias
Además, el acuerdo incorpora compromisos en materia laboral, propiedad intelectual y comercio digital. En el ámbito laboral, incluye cambios en la organización sindical y la negociación colectiva.
Cordes advierte que estas disposiciones podrían generar efectos complejos en un país con alta informalidad y elevados costos de despido.
Acuerdo con EE.UU.: análisis advierte acceso limitado para Ecuador
Asimismo, el economista Alberto Acosta-Burneo señala que, con el acuerdo, Ecuador obtiene un acceso limitado y selectivo al mercado de Estados Unidos, enfocado en productos sin valor agregado, lo que —en síntesis— refleja una apertura amplia del mercado ecuatoriano frente a concesiones restringidas por parte de Washington.
En contraste, según su análisis, el país se compromete a reducir aranceles, dar trato preferencial al agro estadounidense y eliminar mecanismos como la Franja Andina de Precios, además de abrir su mercado industrial mediante la eliminación de barreras no arancelarias y el reconocimiento de estándares regulatorios de EE.UU. en sectores como el automotriz, farmacéutico y de dispositivos médicos.
A esto se suman medidas de facilitación comercial, flexibilización de controles, cambios en normas sanitarias y compromisos en propiedad intelectual, ambiente y cadenas de suministro.
Falta de consulta y sectores sensibles
Por su parte, gremios productivos cuestionan el proceso de negociación. Rodrigo de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, por ejemplo, afirmó que el sector privado no fue consultado.
“El sector productivo se enteró después de la firma”, señaló. También advirtió que industrias sensibles, como la avícola y la láctea, podrían verse afectadas por la apertura comercial.
Un acuerdo bajo cuestionamiento
El análisis concluye que existen indicios de una negociación desigual. Ecuador asumiría más concesiones de las que recibe, incluso en áreas no directamente vinculadas al comercio.
A esto se suma la incertidumbre jurídica. Si las sobretasas son nuevamente declaradas ilegales en Estados Unidos, el acuerdo podría quedar sin sustento y obligar a una renegociación.
En este contexto, Cordes y el sector privado insisten en transparentar el contenido del acuerdo y promover un debate amplio antes de su ratificación.
- Información externa: Ministerio de Producción
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