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Paola Gavilanes
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Un ciudadano extranjero que llegó desde Estados Unidos al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre no logró ingresar al país. Eso ocurrió después de que los controles migratorios detectaron que tenía una orden de captura vigente por homicidio culposo. El Ministerio del Interior confirmó la información en sus cuentas oficiales.
El hombre de origen colombiano intentó entrar al Ecuador sin declarar sus antecedentes. Sin embargo, los sistemas de verificación activaron una alerta al momento de la revisión de documentos.
De acuerdo con la autoridad, el caso se procesó bajo el artículo 137 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Esa permite inadmitir a quienes representen un riesgo para la seguridad pública o para la estructura del Estado.
Tras el procedimiento, el ciudadano quedó bajo custodia y se lo entregó a las autoridades de su país, conforme a los protocolos de cooperación internacional.
El Ministerio aseguró que estas acciones reflejan un esquema más estricto de control para impedir que personas con causas judiciales utilicen al país como punto de tránsito.
Lee más: 41 pasajeros inadmitidos de enero a agosto del 2017 en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito
El ministro del Interior, John Reimberg, reforzó este mensaje durante una entrevista radial del 1 de diciembre. Afirmó que Ecuador ahora cuenta con un sistema que revisa alertas internacionales en tiempo real y evita ingresos irregulares.
Señaló que en el pasado no existían mecanismos suficientes para identificar a personas buscadas o con antecedentes graves.
Reimberg explicó que el trabajo coordinado entre la Subsecretaría de Migración y la Policía Nacional permite aplicar filtros más rigurosos en aeropuertos, fronteras y puntos estratégicos.
Según sus cifras, el país registra 57 000 operativos migratorios en dos años y más de 4 000 inadmitidos, varios de ellos con notificaciones de Interpol.
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El Ministerio del Interior aseguró que este tipo de procedimientos forma parte del fortalecimiento de la seguridad nacional y de la cooperación con otros Estados.
Agregó que el objetivo es impedir movimientos que faciliten la evasión de la justicia y consolidar un control migratorio que responda a los estándares internacionales.
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Ecuador inadmite a ciudadano extranjero por representar amenaza a la seguridad pública
El hombre de origen colombiano intentó entrar al Ecuador sin declarar sus antecedentes. Sin embargo, los sistemas de verificación activaron una alerta al momento de la revisión de documentos.
De acuerdo con la autoridad, el caso se procesó bajo el artículo 137 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Esa permite inadmitir a quienes representen un riesgo para la seguridad pública o para la estructura del Estado.
Tras el procedimiento, el ciudadano quedó bajo custodia y se lo entregó a las autoridades de su país, conforme a los protocolos de cooperación internacional.
El Ministerio aseguró que estas acciones reflejan un esquema más estricto de control para impedir que personas con causas judiciales utilicen al país como punto de tránsito.
Lee más: 41 pasajeros inadmitidos de enero a agosto del 2017 en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito
Gobierno destaca controles migratorios más estrictos
El ministro del Interior, John Reimberg, reforzó este mensaje durante una entrevista radial del 1 de diciembre. Afirmó que Ecuador ahora cuenta con un sistema que revisa alertas internacionales en tiempo real y evita ingresos irregulares.
Señaló que en el pasado no existían mecanismos suficientes para identificar a personas buscadas o con antecedentes graves.
Reimberg explicó que el trabajo coordinado entre la Subsecretaría de Migración y la Policía Nacional permite aplicar filtros más rigurosos en aeropuertos, fronteras y puntos estratégicos.
Según sus cifras, el país registra 57 000 operativos migratorios en dos años y más de 4 000 inadmitidos, varios de ellos con notificaciones de Interpol.
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Mayor cooperación para blindar las fronteras
El Ministerio del Interior aseguró que este tipo de procedimientos forma parte del fortalecimiento de la seguridad nacional y de la cooperación con otros Estados.
Agregó que el objetivo es impedir movimientos que faciliten la evasión de la justicia y consolidar un control migratorio que responda a los estándares internacionales.
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