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Lucía Vásconez
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Ecuador llega a 2026 con una estructura económica, social y política frágil, marcada por una crisis de seguridad que atraviesa todos los ámbitos. El Gobierno de Daniel Noboa enfrentará un escenario de bajo crecimiento, fuerte presión fiscal, violencia persistente y una gobernabilidad debilitada, factores que estrechan al máximo los márgenes de maniobra.
Ecuador llegará a 2026 con un crecimiento moderado, por debajo del promedio regional. Juan Carlos Salvador, expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, advierte que el principal desafío será ordenar las finanzas públicas en medio de un déficit fiscal persistente, sin frenar la reactivación económica ni reducir el ya limitado espacio para la inversión pública. El ajuste fiscal será inevitable, pero deberá aplicarse con cuidado para no profundizar la desaceleración.
El mercado laboral seguirá siendo uno de los puntos más vulnerables. El empleo adecuado se mantiene bajo y que la informalidad continúa elevada, sobre todo en zonas rurales. Sin inversión privada y extranjera, la economía seguirá generando trabajos inestables, con bajos ingresos y sin protección social. A esto se suma una recuperación económica frágil. Jorge Altamirano, docente de la UIDE, indica que el repunte de 2025 fue más coyuntural que estructural, impulsado por bonos y remesas, factores que perderán fuerza en 2026.
Para Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal, el mayor riesgo de 2026 será que la deuda pública se vuelva inmanejable. El endeudamiento bordea el 65% del PIB y el servicio o pago anual de la deuda supera los 12 000 millones de dólares.
El déficit fiscal, que sobrepasa los 5 000 millones de dólares, evidencia un problema estructural que no se resuelve solo con impuestos o recortes puntuales. Con menos ayudas económicas, un presupuesto desfinanciado y mayores pagos de deuda, los economistas advierten un escenario de desaceleración, decisiones impopulares y mayor tensión social si no se logra estabilidad fiscal, seguridad y reglas claras para la inversión.
La violencia contra niños, niñas y adolescentes sigue siendo una de las principales deudas sociales del Ecuador. Según el INEC, a 2025 el país registra más de 3,5 millones de niños y niñas, de los cuales el 49,4 % vive en pobreza por necesidades básicas insatisfechas, una condición que incrementa su exposición a la violencia.
El Informe Técnico 2024 de la Defensoría del Pueblo advierte que el 65 % de los casos de violencia sexual contra menores ocurre en entornos cercanos. Datos de World Vision Ecuador señalan que el 21 % de niños, niñas y adolescentes ha sido víctima de violencia sexual.
Entre 2018 y junio de 2023, la Fiscalía recibió 52 051 noticias del delito, pero solo el 4,15 % obtuvo sentencia. Unicef alerta que cada día seis niñas de entre 10 y 14 años dan a luz como consecuencia de violencia sexual; en adolescentes de 15 a 19 años se registran 104 partos diarios.
Unicef también reporta que uno de cada dos niños menores de cinco años sufre maltrato físico o psicológico en el hogar. Entre 2019 y 2023, los homicidios de menores aumentaron un 700 %. A esto se suma el reclutamiento de niños y adolescentes por grupos de delincuencia organizada.
En junio de 2025, Harold Burbano, entonces ministro de Inclusión Económica y Social, informó que entre 1 200 y 1 300 menores fueron detenidos por presuntos vínculos con estructuras criminales. El Ministerio del Interior advierte que estas prácticas empiezan desde los 10 años.
Andrés Obando, especialista en comunicación política, sostiene que 2026 se perfila como un año de alta inestabilidad política, marcado por una fuerte confrontación entre actores del sistema. Uno de los focos de conflicto será la presidencia del Consejo de la Judicatura, una disputa que puede profundizar la crisis institucional. A esto se suma el debilitamiento del Ejecutivo tras los resultados de la consulta popular y la presión social por resultados en seguridad, salud y empleo.
Desde la mirada de Maximiliano Donoso-Muller, analista político, el carácter preelectoral del 2026 agravará las tensiones entre el Ejecutivo y la Asamblea. Las disputas partidistas y el cálculo electoral limitarán la capacidad del Gobierno para impulsar reformas de largo alcance. La polarización y la debilidad de los liderazgos harán difícil la construcción de consensos duraderos.
Quito llega a 2026 con una crisis que va más allá de la gestión municipal. El analista político Pablo Romero Guayasamín señala que la capital perdió su capacidad de pensarse estratégicamente. La ausencia de un proyecto de ciudad, la escasa articulación entre academia y política y el debilitamiento de medios locales erosionaron el sentido de pertenencia.
La capital registra una de las tasas más altas de desempleo urbano. El aeropuerto no se consolidó como polo económico y la ciudad perdió permanencia de visitantes. El deterioro de ejes tradicionales y la salida de ministerios profundizaron la fragmentación territorial.
La inseguridad crece, con presencia del crimen organizado en el norte y sur, un problema que, según Romero, no se resuelve solo con control policial, sino con planificación urbana, desarrollo económico e identidad compartida.
En conjunto, 2026 será un año decisivo para el Ecuador. La fragilidad fiscal, el empleo precario, la violencia y la confrontación política dejan poco espacio para la improvisación.
Sin estabilidad macroeconómica, reglas claras para la inversión, una estrategia integral de seguridad y acuerdos políticos mínimos, el país corre el riesgo de profundizar sus tensiones. El reto será pasar de medidas coyunturales a consensos y políticas de largo plazo que devuelvan una hoja de ruta clara hacia el desarrollo.
Información externa: Daniel Noboa
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Ordenar las finanzas sin frenar la economía, uno de los principales retos del 2026
Ecuador llegará a 2026 con un crecimiento moderado, por debajo del promedio regional. Juan Carlos Salvador, expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, advierte que el principal desafío será ordenar las finanzas públicas en medio de un déficit fiscal persistente, sin frenar la reactivación económica ni reducir el ya limitado espacio para la inversión pública. El ajuste fiscal será inevitable, pero deberá aplicarse con cuidado para no profundizar la desaceleración.
Empleo débil y recuperación frágil en Ecuador
El mercado laboral seguirá siendo uno de los puntos más vulnerables. El empleo adecuado se mantiene bajo y que la informalidad continúa elevada, sobre todo en zonas rurales. Sin inversión privada y extranjera, la economía seguirá generando trabajos inestables, con bajos ingresos y sin protección social. A esto se suma una recuperación económica frágil. Jorge Altamirano, docente de la UIDE, indica que el repunte de 2025 fue más coyuntural que estructural, impulsado por bonos y remesas, factores que perderán fuerza en 2026.
Deuda, déficit y riesgo de tensión social
Para Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal, el mayor riesgo de 2026 será que la deuda pública se vuelva inmanejable. El endeudamiento bordea el 65% del PIB y el servicio o pago anual de la deuda supera los 12 000 millones de dólares.
El déficit fiscal, que sobrepasa los 5 000 millones de dólares, evidencia un problema estructural que no se resuelve solo con impuestos o recortes puntuales. Con menos ayudas económicas, un presupuesto desfinanciado y mayores pagos de deuda, los economistas advierten un escenario de desaceleración, decisiones impopulares y mayor tensión social si no se logra estabilidad fiscal, seguridad y reglas claras para la inversión.
- Le puede interesar: El IESS y el FMI concentran la deuda del Ecuador, así será el pago en 2026
Violencia que roba infancias
La violencia contra niños, niñas y adolescentes sigue siendo una de las principales deudas sociales del Ecuador. Según el INEC, a 2025 el país registra más de 3,5 millones de niños y niñas, de los cuales el 49,4 % vive en pobreza por necesidades básicas insatisfechas, una condición que incrementa su exposición a la violencia.
Abuso sexual e impunidad
El Informe Técnico 2024 de la Defensoría del Pueblo advierte que el 65 % de los casos de violencia sexual contra menores ocurre en entornos cercanos. Datos de World Vision Ecuador señalan que el 21 % de niños, niñas y adolescentes ha sido víctima de violencia sexual.
Entre 2018 y junio de 2023, la Fiscalía recibió 52 051 noticias del delito, pero solo el 4,15 % obtuvo sentencia. Unicef alerta que cada día seis niñas de entre 10 y 14 años dan a luz como consecuencia de violencia sexual; en adolescentes de 15 a 19 años se registran 104 partos diarios.
Homicidios y reclutamiento criminal
Unicef también reporta que uno de cada dos niños menores de cinco años sufre maltrato físico o psicológico en el hogar. Entre 2019 y 2023, los homicidios de menores aumentaron un 700 %. A esto se suma el reclutamiento de niños y adolescentes por grupos de delincuencia organizada.
En junio de 2025, Harold Burbano, entonces ministro de Inclusión Económica y Social, informó que entre 1 200 y 1 300 menores fueron detenidos por presuntos vínculos con estructuras criminales. El Ministerio del Interior advierte que estas prácticas empiezan desde los 10 años.
- Lea también: ¿Por qué los homicidios intencionales aumentan en Ecuador pese a más operativos y capturas en 2025?
Un año marcado por la confrontación política
Andrés Obando, especialista en comunicación política, sostiene que 2026 se perfila como un año de alta inestabilidad política, marcado por una fuerte confrontación entre actores del sistema. Uno de los focos de conflicto será la presidencia del Consejo de la Judicatura, una disputa que puede profundizar la crisis institucional. A esto se suma el debilitamiento del Ejecutivo tras los resultados de la consulta popular y la presión social por resultados en seguridad, salud y empleo.
Fragmentación y bloqueo político
Desde la mirada de Maximiliano Donoso-Muller, analista político, el carácter preelectoral del 2026 agravará las tensiones entre el Ejecutivo y la Asamblea. Las disputas partidistas y el cálculo electoral limitarán la capacidad del Gobierno para impulsar reformas de largo alcance. La polarización y la debilidad de los liderazgos harán difícil la construcción de consensos duraderos.
Quito: una capital sin proyecto de ciudad
Quito llega a 2026 con una crisis que va más allá de la gestión municipal. El analista político Pablo Romero Guayasamín señala que la capital perdió su capacidad de pensarse estratégicamente. La ausencia de un proyecto de ciudad, la escasa articulación entre academia y política y el debilitamiento de medios locales erosionaron el sentido de pertenencia.
Economía estancada e inseguridad
La capital registra una de las tasas más altas de desempleo urbano. El aeropuerto no se consolidó como polo económico y la ciudad perdió permanencia de visitantes. El deterioro de ejes tradicionales y la salida de ministerios profundizaron la fragmentación territorial.
La inseguridad crece, con presencia del crimen organizado en el norte y sur, un problema que, según Romero, no se resuelve solo con control policial, sino con planificación urbana, desarrollo económico e identidad compartida.
Conclusión
En conjunto, 2026 será un año decisivo para el Ecuador. La fragilidad fiscal, el empleo precario, la violencia y la confrontación política dejan poco espacio para la improvisación.
Sin estabilidad macroeconómica, reglas claras para la inversión, una estrategia integral de seguridad y acuerdos políticos mínimos, el país corre el riesgo de profundizar sus tensiones. El reto será pasar de medidas coyunturales a consensos y políticas de largo plazo que devuelvan una hoja de ruta clara hacia el desarrollo.
Información externa: Daniel Noboa
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