A
Alejandro Acosta, ABC Color
Guest
Además del caso Rivas, se volvieron a incluir en el orden del día los pedidos contra la gestión del intendente cartista de Ñemby, Tomás Olmedo; el cartista de Ybyrarobaná, César Machuca; el opositor (alianza) de Lima, Juan Manuel Ávalos; el intendente liberal de Emboscada, Silvio Andrés Peña; el opositor (alianza) de Yby Yaú, Vidal Argüello, y el opositor (alianza) de Juan León Mallorquín, Elvio Coronel.
Los pedidos irían del freezer a la morgue, es decir, al muere, ya que adrede fueron postergados hasta ahora a sabiendas de que ya no existiría tiempo para su tratamiento ante el inminente inicio del receso parlamentario, que arranca el 21 de diciembre.
En la mayoría de estos casos ni siquiera aún se conformaron las comisiones especiales, por lo que en si en el mejor de los casos se da trámite a los pedidos el próximo martes 9, no hay tiempo para que se dictamine cada caso y trate el pleno, ya que normalmente esto lleva 15 días.
Si bien el receso inicia oficialmente el 21 de diciembre, la última sesión ordinaria de la Cámara Baja está fijada para el martes 16, haciendo aún más corto el margen de maniobra.
A la vuelta del receso parlamentario (2 de marzo) es casi imposible, ya que la Ley 317/94, que reglamenta la intervención, establece que una vez que el tiempo de labor del interventor durará cuanto menos 60 días, tras los cuales deberá emitir su informe final a la Cámara Baja, que deberá decidir si hay o no méritos para echar o no al intendente.
En el caso de proceder la destitución, obligatoriamente se debe convocar a elecciones –primero internas y luego generales– en un plazo de 30 días para designar al sucesor.
Es decir, en el mejor de los casos, echarían en mayo a los intendentes y las elecciones deben convocarse para junio, siendo que el las internas para el siguiente periodo municipal (2026-2031) serán el 7 de julio.
Sigue leyendo...
Los pedidos irían del freezer a la morgue, es decir, al muere, ya que adrede fueron postergados hasta ahora a sabiendas de que ya no existiría tiempo para su tratamiento ante el inminente inicio del receso parlamentario, que arranca el 21 de diciembre.
En la mayoría de estos casos ni siquiera aún se conformaron las comisiones especiales, por lo que en si en el mejor de los casos se da trámite a los pedidos el próximo martes 9, no hay tiempo para que se dictamine cada caso y trate el pleno, ya que normalmente esto lleva 15 días.
Si bien el receso inicia oficialmente el 21 de diciembre, la última sesión ordinaria de la Cámara Baja está fijada para el martes 16, haciendo aún más corto el margen de maniobra.
A la vuelta del receso parlamentario (2 de marzo) es casi imposible, ya que la Ley 317/94, que reglamenta la intervención, establece que una vez que el tiempo de labor del interventor durará cuanto menos 60 días, tras los cuales deberá emitir su informe final a la Cámara Baja, que deberá decidir si hay o no méritos para echar o no al intendente.
En el caso de proceder la destitución, obligatoriamente se debe convocar a elecciones –primero internas y luego generales– en un plazo de 30 días para designar al sucesor.
Es decir, en el mejor de los casos, echarían en mayo a los intendentes y las elecciones deben convocarse para junio, siendo que el las internas para el siguiente periodo municipal (2026-2031) serán el 7 de julio.
Sigue leyendo...