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Daniela Muñoz Solano
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La mayoría de las diputaciones que integran la Comisión Especial de Educación de la Asamblea Legislativa presentaron la tarde de este jueves un proyecto de ley para sacar de la regla fiscal a la inversión en educación pública.
Los legisladores Geison Valverde, Katia Rivera, Luz María Alpízar, Cynthia Córdoba y Rocío Alfaro (con el apoyo de toda la bancada frenteamplista) introdujeron el expediente a la corriente legislativa y lo anunciaron en una conferencia de prensa conjunta con la Asociación de Profesores de Segunda de Enseñanza (Apse).
Valverde, quien es presidente de la Comisión Especial de Educación, dijo que este es un momento importante para el país pues es necesario defender la educación que nos ha permitido obtener una enorme “diversificación económica”.
Según el diputado, el país y el bienestar que Costa Rica goza hoy es “gracias a la educación pública costarricense, gracias a los educadores y a todos los trabajadores del sector de educación”.
El legislador anunció que el proyecto de ley viene con el apoyo de más de 4.000 firmas de personas educadoras en el país y que pretende modificar el artículo 6 de la ley 9635 para excluir definitivamente a la educación pública costarricense de la aplicabilidad de la regla fiscal, de acuerdo con el mandato constitucional de otorgar del 8% del producto interno bruto a la educación (PIB). Actualmente el presupuesto para la enseñanza pública representa el 5.3% del PIB, el porcentaje más bajo de los últimos 12 años.
“Si bien es cierto hay que ser cauteloso y responsable con las finanzas del país, hoy no podemos juzgarnos el chance de no tener un talento humano en nuestro país de alta calidad para poder seguir generando recursos limpios y frescos, para la salud y por supuesto tener personas con criterio, incapaces de poder discernir entre el bien y el mal que pueda suceder”, dijo el legislador.
“Esto no es un capricho, es una necesidad para cualquier gobierno de turno que vaya a estar en el mandato y de forma responsable Bueno hoy estamos acá para dar un paso adelante”, agregó.
Dennis Solís, presidente de Apse, recordó que la última asamblea general la organización votó como sus prioridades el posicionamiento de la exigencia del 8% del PIB para la educación, el fortalecimiento del sistema público y la exclusión de la educación de la regla fiscal.
Además comentó que hace unos años la organización interpuso una acción de inconstitucionalidad contra el presupuesto nacional pues no se cumplía el otorgamiento al sistema educativo como establece la Constitución. En su resolución, la Sala Constitucional no solamente dio razón al sindicato sino que además indicó que ninguna regla o ley ordinaria -como la 9635 que impone la regla fiscal- puede estar por encima del mandato constitucional del presupuesto educativo.
“Por eso es importante ese paso que se está dando y estamos en un momento histórico para que se corrija ese error nefasto que se cometió con la educación pública costarricense”, indicó.
Rocío Alfaro del Frente Amplio dijo que el mejor momento para luchar por la educación es “siempre” y aunque reconoció que pronto vendrá una Asamblea Legislativa con otras características políticas, es importante que las organizaciones abracen la iniciativa pues “un proyecto de ley como estos sólo acompañado de lucha se va a hacer realidad”.
“No va a ser suficiente con sumar votos, aquí hay que sumar voluntades políticas y las voluntades políticas se suman en las aulas y en las calles”, dijo.
Rosaura Méndez del PLN dijo que le llenaba de emoción y esperanza ver a los educadores en la Asamblea Legislativa alzando sus voces en defensa de la educación y proponiendo proyectos para direccionar y enrumbar al país.
“Me siento muy honrada en firmar este proyecto y decirles que a partir del 2 de mayo también voy a levantar la bandera con ustedes como educadora para seguir luchando por este proyecto”, advirtió. Rivera se sumó diciendo que la aplicación de la regla fiscal a la educación era un error histórico que debía ser corregido pues es el “único mecanismo para poder tener nuevas generaciones con un desarrollo integral”.
Finalmente intervino la diputada Córdoba diciendo que estaba muy contenta de ser parte de la corrección del “error histórico” pues la educación no es un gasto corriente sino una inversión. “Y lo sé porque yo soy testigo de eso, yo vengo de una familia muy humilde y gracias a la educación hoy estoy sentada aquí apoyando esta reforma”.
De seguido las y los legisladores pusieron sus firmas en el proyecto que fue sellado como recibido y por ende ingresó a la corriente legislativa.
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