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Ashley Quesada
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Los diputados de la Comisión Legislativa de Ingreso y Gasto Público cuestionario este martes el alto costo del préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para ampliar la ruta San José-San Ramón, luego de recibir el informe de la Contraloría General de la República al respcto.
El subcontralor general, Bernal Aragón Barquero, y la gerente asociada del área de fiscalización, Yulisa Sáenz Leyva para el desarrollo de las finanzas públicas, expusieron las condiciones financieras y las principales vulnerabilidades del proyecto.
Según la exposición, la operación contempla $600 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y €150 millones del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, referido como monto equivalente.
La Contraloría detalló cifras clave: “el 58% de los predios del proyecto se encuentra aún pendiente de expropiar”, lo que equivale a 487 predios y a un pendiente de pago por US$113,8 millones, montos que, dijo Yulisa Sáenz Leyva, “no pueden financiarse con los recursos del crédito” y deben estar contemplados en la contrapartida nacional.
En cuanto al costo del financiamiento, la exposición de motivos consignó una tasa total para el tramo del BCIE de 6,69% y una tasa para el tramo OPEP de 3,66%.
La Contraloría advirtió que, aún ponderando ambas operaciones, el costo financiero resultante es “superior a la de otros acreedores multilaterales” que se utilizaron como referencia en la comparación técnica.
Además señaló la existencia de comisiones, como por ejemplo un 0,25% anual sobre el saldo no desembolsado, que pueden elevar el costo si los desembolsos se retrasan por expropiaciones.
Diputados de varias fracciones reforzaron la preocupación por elegir una opción “más cara”. El diputado Jonathan Acuña instó a “correr” las ofertas entre varios acreedores antes de decidir, mientras que otros funcionarios preguntaron por la diferencia entre las tasas en la firmina y las tasas actualizadas que maneja la Contraloría, pues en la sesión se aludió a una actualización que mostraba una tasa cercana al 6,1% para el BCIE. Ante esto, la Contraloría recomendó explícitamente explorar negociaciones y alternativas para reducir el costo financiero.
En sesión también apareció la referencia a experiencias pasadas con empresas constructoras cuando un diputado recordó pagos por indemnizaciones a OAS, empresa brasileña, y reclamó que el Congreso y la Contraloría aprendan de esos antecedentes antes de proceder.
La Contraloría subrayó además riesgos operativos recurrentes en obras viales, como deficiencias en la preinversión, problemas en contrataciones y capacidad institucional limitada para supervisar. Como medidas de mitigación propuso incorporar mecanismos tecnológicos de seguimiento y garantizar mecanismos de control alternativos cuando la Ley de Contratación Pública no sea aplicable.
La Comisión mantuvo la prioridad del proyecto pero exigió al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Hacienda que presenten por escrito: el plan de financiamiento de las expropiaciones, un cronograma predial detallado y las gestiones realizadas para negociar la tasa con los acreedores.
Además convocó nuevas audiencias con el BCIE y Ministerio de Hacienda para buscar una adenda que reduzca el costo financiero antes de avanzar con la aprobación legislativa.
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