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Mario Bermúdez Vives
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Los diputados dieron segundo debate en forma unánime a la reforma para penalizar el sicariato en Costa Rica, en el que sin embargo la oposición reclamó al oficialismo la falta de coherencia en el tema de seguridad.
El proyecto 24.047, presentado por el diputado David Segura, de Nueva República (NR), logró el aval de todo el Plenario, luego de superar una consulta de constitucionalidad que generó reclamos entre quienes apoyaban la iniciativa, y quienes realizaron observaciones.
Incluso poco antes de la votación, tanto Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA), como Alejandra Larios, del Partido Liberación Nacional (PLN), advirtieron que votarían a favor por considerar que la reforma era importante, pero que mantenían dudas sobre posibles situaciones que se deberán aclarar.
En una dirección similar, la independiente Gloria Navas recalcó que votaría el proyecto, pero que la consulta facultativa -que se rechazó por forma, sin considerar el fondo- no había eliminado la posibilidad de contradicciones con la materia constitucional. Manifestó que dado que era posible que al tener que aplicar la ley, los jueces deberían decantar por la ley vigente, ya que establece penas menores. También que el límite de penas en el país para 50 años hacía difícil que representara una diferencia, ya que quienes fueran juzgados por esta materia, probablemente acumularían otras acusaciones, lo que al final dejaría la sentencia en el límite.
El proyecto de Segura recalca que los crímenes vinculados con el crimen organizado y el sicariato han crecido aceleradamente en el país, al pasar de representar un 32% de los homicidios en el 2014, en tanto que para el 2024 representó más del 64%.
La reforma tipifica el sicariato como la acción de matar por un precio, el pago de una recompensa, la promesa de una remuneración u otra forma de beneficio, y establece una pena de 20 a 35 años. También lo extiende a quien reclute, prepare, adoctrine, forme, instruya, promueva o capacite a otros para estas actividades.
Ante esto, el diputado y candidato presidencial de NR Fabricio Alvarado, aprovechó para agradecer a todos los diputados por el apoyo de esta iniciativa, que según sus palabras, manda el mensaje de que en el país se aplicará “mano dura” contra la delincuencia.
Sin embargo, varios diputados también recalcaron la contradicción entre el apuro de votar proyectos de esta materia, y la decisión del Gobierno de no girar los recursos aprobados por la Asamblea Legislativa por 8 mil millones a organismos de seguridad, al punto de que el Ministerio de Hacienda prohibió su giro.
En esta dirección se manifestaron Jonathan Acuña, del FA, y Paulina Ramírez, del PLN, integrantes de la comisión de Hacendarios. Ramírez resaltó que el Gobierno utiliza una excusa de que se requerirán recursos para el pago de intereses de la deuda externa que no es correcto.
“Solo para el 2024, dejaron sin ejecutar 400 mil millones del Servicio de la Deuda, más 300 mil millones mas del servicio de deuda en la liquidación. Están sobreestimando el pago de la deuda todos los años, que son 8 mil millones para que los organismos de seguridad puedan enfrentar la crisis de seguridad que azota al país”, dijo Ramírez.
Por su parte, Alfaro y Larios también recalcaron que el Gobierno insistió en esta reforma, pero deja de lado otras iniciativas que permitirían un avance integral en esta materia, en particular en temas de lavado de recursos.
El Plenario no sesionó mucho después de esta aprobación; estaban por votar en primer debate una autorización para que el INCOP donara una propiedad, cuando el sismo que se sintió en el país a las 5:06 p.m. provocó que se levantara la sesión, para proceder a evacuar el recinto por motivos de seguridad.
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