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Mario Bermúdez Vives
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La ley Jaguar, que se convirtió en el proyecto estrella del gobierno de Rodrigo Chaves y fue sepultado por vicios de inconstitucionalidad tras siete diferentes proyectos de ley, podría estar en el menú de la futura fracción oficialista.
Esto se desprende de un mensaje del diputado electo por Heredia por el Partido Pueblo Soberano (PPSO), Juan Manuel Quesada, con motivo del anuncio de la integración de las comisiones legislativas.
Quesada agradeció su inclusión en las comisiones de Gobierno y Administración, Relaciones Internacionales y Ambiente, y aprovechó para anunciar que procurarán dar apoyo al Gobierno de la próxima presidenta Laura Fernández, con “legislación importante”, entre las que citó el fallido proyecto estrella del chavismo:
“Como la ley Jaguar, por medio de la cual se impediría a la Contraloría meterse indebidamente en funciones propias de la administración”, dijo, en un recuento en el que incluyó la regulación del espectro eléctrico y el fortalecimiento del Ministerio de Ambiente.
Sería el octavo intento de impulsar una regulación de este tipo, que incluso estaba previsto para ser el estandarte de un referendo que nunca se concretó, al chocar de frente con principios constitucionales.
La iniciativa Jaguar alegaba que la Contraloría se había excedido en sus competencias y pretendía coadministrar, funciones propias de la administración, pero los magistrados de la Sala Constitucional indicaron en dos fallos que las propuestas de la ley consistían en desmantelar controles y debilitan la fiscalización de la contratación pública.
El primer proyecto de ley en esa dirección se presentó en diciembre del 2023, el expediente 24.099, para reformar la contratación pública. Fue dictaminado en forma negativa en la comisión de jurídicos, en noviembre del 2024.
Asimismo, en ese mes de diciembre del 2023 se presentó el proyecto 24.100, una interpretación de los artículos 67 y 77 de la ley general de contratación pública, que fue dictaminado en forma negativa en la comisión de jurídicos, en setiembre del 2024.
Posteriormente, en abril del 2024 se presentó el tema de la reforma a la ley de Japdeva, con el proyecto 24.259, presentado por la diputada María Marta Carballo del PUSC, pero incluido posteriormente en la ley Jaguar. Permaneció en la corriente legislativa.
Estos expedientes fueron el antecedente del proyecto 24.364, la Ley Jaguar, presentada por el presidente Rodrigo Chaves a la Asamblea el 5 de junio del 2024, conjuntamente con el proyecto 24.365, con el que se pretendía la convocatoria de un referendo para que la ciudadanía decidiera sobre este expediente.
Sin embargo, una consulta a la Sala IV derivó en un fallo el 29 de julio del 2024, en el que se anularon 3 de los 9 artículos originales, por problemas de constitucionalidad. A su vez, el referendo naufragó en noviembre del 2024, cuando el TSE rechazó la recolección de firmas, por cuanto lo que quedó tras la sentencia constitucional no cambiaba la legislación existente.
Ello motivó el proyecto 24.467, la ley Jaguar 2.0, presentada por el presidente Chaves el 30 de julio del 2024, con 5 artículos que se alegaba estaban blindados, luego del descalabro constitucional. No fue así: el 1 de octubre del 2024, la esencia del proyecto, dos de los cinco artículos, fueron declarados inconstitucionales por una nueva sentencia de la Sala IV.
Esto también desinfló al Gobierno, que también desistió de seguir impulsando versiones del proyecto, como el expediente 24.646, presentado por el PUSC en forma paralela al proyecto Jaguar 2.0 de Zapote.
Esto a pesar de que la entonces ministra de Presidencia, y actualmente presidenta electa Laura Fernández, declaró a los diputados de la comisión de Gobierno y Administración que “van a haber todos los jaguares que sean necesarios”, cuando los visitó para solicitarles que recortaran el proyecto 24.467 para presentar una versión 3.0 de la ley jaguar. Pese a ello, el tema languideció en la comisión, y el Poder Ejecutivo cesó de impulsarlo.
Hasta ahora, que el diputado electo Juan Manuel Quesada vuelve a hacer referencia, con un entorno legislativo diferente: 31 diputados, en lugar del oficialismo y una parte del PUSC que lo impulsó en la actual Asamblea. No obstante, el gran reto seguiría siendo el obstáculo que lo hizo encallar en sus siete intentos anteriores: los principios constitucionales del control, que no pueden ser debilitados, según sentencias reiteradas de la Sala IV.
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